Gabriel Boric se juega el Gobierno en su último año de mandato

Los esfuerzos deberán ser arduos por cuanto, si bien Boric dejará el Palacio de La Moneda en marzo de 2026, a mediados de este año el país se verá inmerso en la campaña presidencial y parlamentaria que distraerá las tareas legislativas.

Los preliminares ya dejan ver que el camino a recorrer está sembrado de piedras. Tras el fracaso del proceso constituyentes que obligó al Gobierno de extrema izquierda a moderar su programa refundacional, a Boric no le queda más que negociar con la oposición los dos proyectos emblemáticos que quiere firmar: la anhelada y postergada reforma previsional y una reforma tributaria que no alcanza la profundidad que se habían propuesto al asumir el poder en 2022.

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El mes de enero será crucial para la reforma previsional, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y donde se le deberá reescribir totalmente, después de que la Cámara solo aprobará la idea de legislar y dejara un cascarón vacío al rechazar todo su articulado.

Los puntos que traban un acuerdo son el destino del 6% adicional de cotización a cargo del empleador y la modificación de la industria de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El Gobierno insiste en llevar un 3% de esa cotización adicional a un fondo de reparto para mejorar las pensiones de las mujeres y de los actuales pensionados, mientras que la derecha apunta a que todo vaya a la cuenta individual de cada trabajador o prestar al Estado parte de esa cotización.

Respecto de la industria, el oficialismo quiere separarla para restar participación a las AFP, es decir, dejar a estas con la función de administrar e invertir los fondos y que un ente público se encargue de pagar las pensiones. Aunque la oposición está de acuerdo con imprimir mayor competencia entre las AFP para, entre otros, reducir las comisiones que pagan los trabajadores, rechaza cualquier idea de crear un ente público.

Si bien, Renovación Nacional y la UDI habían iniciado conversaciones con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), una sorpresiva irrupción de la presidenciable de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en el debate detuvo el diálogo. La exministra del Trabajo de Sebastián Piñera, tras leer el segundo informe de la comisión técnica transversal creada para apoyar el proceso, sostuvo que algunos de «sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas».

A esto se suma que el Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, se niega totalmente a avanzar en una reforma previsional que no contemple que toda la cotización vaya a la cuenta individual y se apunta por no aprobarla en el mandato de Boric.

La negociación no se ve fácil pues la ministra Jara, apoyada por su partido y el Frente Amplio, ha afirmado que no retrocederán en la idea de separar la industria, pero esto no tiene posibilidades de aprobarse en el Senado. El problema se instalará, entonces, en la Cámara de Diputados que, en tercer trámite constitucional, debe ratificar lo hecho por los senadores.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, es quien deberá hacer uso de su poder de persuasión para lograr que la oposición y el empresariado acepten algunos de los controvertidos artículos de la reforma tributaria impulsada.

El Ejecutivo plantea una rebaja del impuesto de primera categoría que pagan las empresas de un 27 a un 25%, aunque la patronal Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ha solicitado que se iguale al de la OCDE que llega al 23%. Para avanzar en este punto, el Gobierno postula subir los impuestos a las personas ubicadas en el tramo de mayores ingresos, lo que implicaría incorporar a un sector de la clase media que recibe más de seis millones al mes. El «impuesto a los ricos» se da por enterrado.

El secretario de Estado ha sido enfático en señalar que lo anterior es necesario para hacer una compensación por cuanto las finanzas públicas están muy ajustadas y no se puede disminuir la carga tributaria. La oposición se ha cuadrado con los empresarios porque aseguran que, para impulsar la economía cuyo PIB crecería en 2024 cerca de un 2,5%, se debe apoyar a las empresas especialmente a los emprendedores que generan trabajo. Marcel ya lo descartó con un «no hay espacio para una rebaja».

«Lo que podemos tratar de hacer es que la composición de los impuestos sea más favorable al crecimiento. Entonces lo que ha estado trabajando el Gobierno es en una reforma pro crecimiento, no en una propuesta de aumento de impuestos», precisó en la cena anual de la industria.

Para la derecha, Chile tiene altas tasas de impuestos, pero su problema radica en la recaudación y por ello ya apoyó una ley que mejoró las capacidades del Servicio de Impuestos Internos.

Aunque los dos proyectos anteriores pueden marcar el Gobierno de Boric es un hecho que otro podría ser crucial para el futuro de la democracia en Chile y tendría efectos a largo plazo saludables. La necesaria reforma al sistema político del país, algo en lo que lo que coincidió la oposición y el oficialismo en el segundo proceso constituyente fallido, según todos los expertos, debe terminar con la fragmentación de los partidos (hay 19 en el Congreso) y empujar la consolidación de grandes colectividades que aseguren gobernabilidad en los próximos años.

Ya hay tres proyectos sobre la mesa, pero serán de difícil tramitación porque los parlamentarios de partidos de baja representación se oponen a ser eliminados con 'la regla de existencia': un 5% de la votación en los comicios de diputados o seis parlamentarios electos.

En paralelo a la agenda legislativa, Boric afrontar el 2025 con dos graves problemas: la persistente inseguridad y presencia del crimen organizado y una inmigración ilegal que ya está generando problemas de convivencia local. Estos dos temas han ocupado su Administración desde 2022 y son las demandas más reclamadas por los chilenos.