Cinco años del estallido social de Chile: silencio en el aniversario de unas protestas que cada vez generan más rechazo

En medio de la campaña municipal, este aniversario se ha convertido en algo incómodo para el Gobierno y en una oportunidad para Chile Vamos, la coalición de partidos de centroderecha, para recordar al presidente Gabriel Boric y a sus aliados su apoyo a las protestas. Boric, por ejemplo, defendió la «desobediencia civil». Tras semanas de enfrentamientos con la Policía a lo largo del país, los choques causaron 33 víctimas y más de 3.500 heridos, y la destrucción de patrimonio cultural, incluidas iglesias y museos. También el saqueo de comercios y la quema de más de setenta estaciones de metro.

La portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, se limitó a comentar que «se puede condenar la violencia que ocurrió en esa fecha, al mismo tiempo que rescatar las demandas producto del malestar subyacente».

Noticia Relacionada

Chile afronta unas elecciones municipales en medio de un ambiente convulso por los casos de corrupción

María J. Errázuriz

La Corte Suprema destituyó a uno de sus miembros por corrupción y el Congreso rechaza la acusación constitucional contra la ministra del Interior

Gracias al paso del tiempo, la ciudadanía ha podido reflexionar sobre su apoyo inicial al estallido del 18 de octubre de 2019. Diversos sondeos, como los de la Cadem, Black & White y el Centro del Estudios Públicos (CEP), registran una progresiva desafección con el movimiento social. Si el 55% de los chilenos apoyaba las movilizaciones cuando se produjeron, hoy solo lo hace el 23%; el rechazo al proceso ha aumentado del 11% al 34% de los encuestados. Hoy, el 50% de los chilenos cree que el estallido fue malo para el país y un 35% se declara frustrado. Lo mismo ocurre con los agentes de Policía, que en 2019 llegaron a su más baja aprobación con un 17%, y hoy encabezan el ranking con más del 55% de confianza.

El estallido también empobreció al país; las pérdidas por daños al comercio a marzo de 2020 llegaron a 4.600 millones de dólares; de hecho, en el último trimestre de 2019 hubo una contracción de 2,1% del PIB y, entre otros, la inestabilidad que generó el largo proceso constitucional fracasado ha implicado, en estos cuatro años, una fuga de capitales por más de US$ 30.000 millones.

Los hechos también se conocen ahora mejor. Según cifras que el Ministerio Público ha entregado al diario 'El Mercurio', solo 7 de los 33 fallecidos son atribuibles a agentes del Estado; no hubo detenidos desaparecidos ni un centro de tortura policial en la estación Baquedano del Metro; y, de los 29.660 detenidos hasta marzo de 2020, solo trece «presos de la revuelta» siguen en la cárcel, mientras que ya hay 70 condenas contra uniformados. Incluso la presidenta del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, reconoció en junio que en el estallido «no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos» como denunciaron desde 2019.

Los partidos de Chile Vamos exigieron este lunes al presidente Boric que revocara los doce indultos otorgados en 2022 a condenados por violencia en el estallido social y las más de 400 pensiones de gracia que recibieron quienes fueron declarados víctimas por el INDH. También fueron más allá: solicitaron al Gobierno que «revise la continuidad de sus funcionarios que explícitamente apoyaron la violencia».

Las derechas hacen un duro juicio a lo que denominan «el octubrismo» porque, a su juicio, buscó coartar libertades y derribar la democracia. Por su parte, las izquierdas aseguran que las demandas sociales, como una salud digna, siguen vigentes y en cualquier momento pueden detonar una nueva revuelta. No obstante, un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recogió que el 57% de la ciudadanía quiere cambios profundos, pero graduales y fruto de acuerdos. El director del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, lo ratificó, señalando que el estallido social «envejeció mal».

Boric ha mantenido silencio frente a esta fecha, aunque en diversas ocasiones ha arremetido contra «sectores conservadores» que quieren dejar atrás la apertura a los cambios que expresaron esos días. El expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, explicó al periódico 'La Tercera' que aunque Chile se encuentra hoy peor que en 2019 -sobre todo por el bajo crecimiento económico y el alto desempleo-, la sociedad ya no desea ni refundaciones ni inmovilismo. «Chile no quiere volver al 18 de octubre, pero tampoco quiere volver al 17 de octubre», aseguró, a la vez que reconoció que, sin reformas a la elite política, el país se arriesga a futuros remezones.

El director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, explica a ABC que, con el paso de los años, el estallido social no generará miradas irreconciliables, pues no responde a una división entre izquierda y derecha, sino a demandas sociales transversales. «La posibilidad de que tengamos expresiones de este tipo va a seguir mientras las causas que lo ocasionaron no sean abordadas. No hemos concentrado demasiado en las consecuencias del estallido, pero hemos olvidado las causas que lo originaron», señala.

El analista político Gonzalo Cordero tampoco cree que el aniversario «marque un hito de división en el país hacia adelante, porque, con el paso del tiempo, se asienta una mirada transversal de rechazo a la violencia que se ejerció». Además, afirma a ABC que también hay concordancia en que las demandas sociales expresadas en el estallido son reales, pero hay profundas diferencias respecto a qué las originan, si la permanencia del modelo económico o el estancamiento fruto de políticas progresistas introducidas en los últimos años.