El encanto de Bukele puede romperse en su segundo mandato

Las políticas equivocadas, sin embargo, acaban pasando factura y a Bukele se le podría torcer en su segundo mandato el viento que hoy tiene a favor. La contundente acción contra el principal problema de El Salvador, las pandillas juveniles o maras, ha supuesto un indudable alivio ciudadano, pero la impunidad con que está actuando el Gobierno y las fuerzas del orden, dando lugar a situaciones de atropello de derechos, no solo arroja casos de abusos sobre la población, sino que además puede estar incubando una reactivación de la violencia en pocos años.

Desde que el 27 de marzo de 2022 Bukele decretó el estado de excepción en todo el país, luego renovado cada mes por Asamblea Nacional, la violencia ha descendido drásticamente. Si en 2015 se habían registrado 106 homicidios por 100.000 habitantes, la cifra descendió a 7,8 en 2022 y se estima que este año se sitúe entre 3 y 4 homicidios, algo único en la región. La percepción de ese descenso fue inmediata entre los salvadoreños, que han podido moverse con mayor libertad y desarrollar sus actividades sin tener que pagar la habitual extorsión (en la primera mitad de 2023, las denuncias por extorsión habían caído un 54%). Este éxito inicial ha suscitado interés por las medidas de Bukele entre otros presidentes o candidatos presidenciales latinoamericanos, si bien organizaciones internacionales de jurisprudencia y de derechos humanos han alertado sobre una actuación que vulnera el Estado de derecho.

La ofensiva del Ejército y de la Policía Nacional ha llevado a encarcelar a más de 72.000 personas. El Gobierno admitió que 7.000 de ellas habían sido detenidas de modo arbitrario y fueron excarceladas; para las que siguen en prisión se ha autorizado la realización de juicios masivos de hasta 900 reos a la vez, lo que dificulta la aplicación de todas las garantías. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado 6.400 casos de malos tratos durante la detención y 174 muertes en prisión, si bien el número de fallecidos en custodia policial podría ser mayor: el organismo de Medicina Legal dice haber hecho el reconocimiento de cerca de 250 cadáveres y fuentes de la Fiscalía General de la República han filtrado a algunos medios que los muertos podrían incluso doblar esa cifra.

Aunque las maras han quedado muy diezmadas, no han sido aniquiladas. Documentos policiales difundidos por el medio 'InSight Crime' indican que de los casi 95.000 miembros registrados en las maras antes del estado de excepción, seguirían en libertad más de un tercio; además, solo 1.230 de los detenidos habrían sido identificados como cabecillas. También se ha constatado el desplazamiento de pandilleros a países vecinos para evitar la detención.

Esto deja capacidad para una reactivación de la violencia, pues «se corre el riesgo de incubar una generación que busque venganza contra un Estado autoritario que mató y maltrató a 'hermanos' pandilleros», considera Evan Ellis, especialista en cuestiones de seguridad en Centroamérica. Ellis recuerda que el anterior momento de «mano dura», llevado a cabo en 2004 por otro Gobierno salvadoreño, aceleró el reclutamiento de las maras en las cárceles y facilitó la coordinación a nivel nacional de los pandilleros desde prisión. Este investigador pronostica que será en el segundo mandato de Bukele «cuando su efímera receta para el éxito podría comenzar a deshacerse».

Pero además de un posible regreso de mayores niveles de inseguridad, tras la reelección Bukele podría verse afectado por una menor popularidad que incluso diera lugar a protestas. Si la violencia deja de ser el primer problema social, al menos durante unos años, entonces otros asuntos pasan a primer plano. Y la situación financiera de El Salvador no es satisfactoria. A comienzos de 2023 el Gobierno tuvo que hacer un pago de vencimiento de deuda de 800 millones de dólares; el próximo gran vencimiento será en 2027, cuando habrá un pago obligado de algo más de 2.000 millones de dólares; se supone que para reunir esa cifra Bukele deberá aplicar recortes presupuestarios, en medio de un segundo mandato que expira en 2029.