Deportación de venezolanos a El Salvador: «Nunca me imaginé ver a mi hermano en una cárcel para asesinos»

«Lo reconocí enseguida», cuenta su hermana Yare. «Esa mirada era la de alguien pidiendo ayuda». Yamarte había llegado a EE.UU. en septiembre de 2023, tras cruzar el tapón del Darién y recorrer México a pie, con la voluntad manifiesta de reunir dinero para su esposa y su hija, que permanecen en Maracaibo. Se había establecido en Dallas y, según su familia, ya planeaba regresar voluntariamente a Venezuela. Formaba parte del grupo de más de diez millones de personas que, según la actual Administración estadounidense, han entrado en el país sin papeles durante la Presidencia de Joe Biden.

Lo último que supo su madre fue que, el jueves 13 de marzo, agentes armados de inmigración se presentaron en la vivienda donde residía, lo detuvieron y lo trasladaron a un centro de detención en Texas. Alcanzó a hacer una llamada a Venezuela para decir que desconocía los motivos de su arresto. Su nombre, como el de muchos otros deportados a El Salvador, no aparece en registros judiciales federales, estatales ni locales.

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Desde ese momento, su familia no volvió a saber nada de él. Hasta que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó un vídeo en el que Yamarte aparecía entre los 238 venezolanos deportados ese fin de semana por la Administración Trump bajo acusaciones de pertenecer a bandas criminales, pero sin que se presentaran pruebas públicas. Según Bukele, todos permanecerán encarcelados al menos un año, en virtud de un acuerdo firmado en febrero entre ambos gobiernos, por el que El Salvador recibirá seis millones de dólares.

La Administración Trump insiste en que todos los deportados son miembros del Tren de Aragua y que se encontraban en EE.UU. en su mayoría de forma ilegal. El propio presidente declaró el viernes, antes de abordar su helicóptero rumbo a su club de golf en Bedminster, que su equipo había investigado detenidamente a cada uno de los detenidos y que «no cabe duda de que son delincuentes muy peligrosos que no deberían estar en este país». De momento, no hace públicas las evidencias ni confirma si se habían presentado cargos.

Para facilitar la operación, Trump invocó una ley de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, que otorga al presidente autoridad para detener y expulsar a ciudadanos de países considerados hostiles durante tiempos de guerra o amenaza. Esta norma ha sido aplicada apenas tres veces en la historia: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Un juez federal intentó frenar las deportaciones en parte porque EE.UU. no está en guerra con Venezuela, pero la Administración Trump continuó con los vuelos hacia El Salvador, a sabiendas de que el caso terminará probablemente en el Tribunal Supremo.

La identificación de muchos de los deportados se basó, según la Casa Blanca, en tatuajes, pero en el caso de Yamarte, su familia asegura que no tiene ninguno por convicción religiosa.

Otros, como Jerce Reyes Barrios, fueron señalados por un tatuaje que, según sus abogados, representa el escudo del Real Madrid, así como por un gesto con la mano que fue interpretado como el símbolo de una pandilla. Reyes, futbolista profesional y entrenador infantil, no tiene antecedentes penales y había solicitado asilo legalmente.

Otro detenido, Francisco Javier García Casique, de 24 años, sí tiene tatuajes. Es barbero y, según su familia, siempre le apasionaron. Uno de sus favoritos es una frase del Libro de Isaías: «Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros». Se lo hizo durante su estancia en Perú, donde vivió seis años y aprendió a cortar el pelo viendo tutoriales en YouTube. Su hermano Sebastián lleva el mismo tatuaje.

En diciembre de 2023, García cruzó la frontera y se instaló en Texas, donde comenzó a trabajar en una barbería con temática de superhéroes. En redes sociales compartía fotos de cortes de cabello, frases inspiradoras y ocasionalmente imágenes con la bandera estadounidense. El 16 de marzo, su familia lo identificó entre los hombres esposados y rapados que aparecían en el vídeo de Bukele. «Nunca imaginé ver a mi hermano así, en una cárcel para asesinos, como si fuera un criminal», dijo el hermano. Según su madre, García no tiene antecedentes ni en Venezuela ni en Estados Unidos.

Como todas las familias que han denunciado estas deportaciones sumarias, los allegados de García Casique niegan rotundamente cualquier vínculo con el crimen organizado. Aseguran que fue detenido sin cargos, sin derecho a defensa, y enviado a un país con el que no tiene conexión alguna. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Trump insiste en que hay razones suficientes para considerarlo una amenaza, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas concretas. Tampoco considera necesario hacerlo.

Esta semana, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó su incredulidad ante quienes defienden que personas como García o Yamarte permanezcan en el país: «Es absurdo que se pida mantener aquí a delincuentes tan violentos, responsables de sembrar el terror en nuestras comunidades».

Lo cierto es que, pese al sufrimiento de las familias, una parte significativa de la opinión pública estadounidense respalda las medidas. Una encuesta de 'The Washington Post' e Ipsos realizada en febrero reveló que el 89 % de los encuestados apoya la deportación de inmigrantes indocumentados acusados de delitos violentos, y el 62 % también lo aprueba en casos de delitos no violentos, como el hurto.

Expulsiones exprés

Francisco J. García Casique

Era peluquero en Austin (Texas) y, según su familia, no tenía antecedentes.

Mervín José Yamarte

Recorrió México, cruzó el Tapón del Darién y trabajaba en un restaurante en Texas.

Gustavo A. Aguilera

Con su esposa embarazada, entró en EE.UU. de forma legal e instalaba tuberías.

Carlos Daniel Terán

Detenido en enero por pertenecer al Tren de Aragua, su padre lo niega.

Sin embargo, algunos de estos acusados de ser delincuentes peligrosos aseguran haber entrado por vías legales. Es el caso de Gustavo Adolfo Aguilera Agüero, venezolano de 27 años originario de Táchira, quien llegó a Dallas con su esposa embarazada utilizando una aplicación del gobierno de EE.UU. habilitada para solicitar citas en la frontera. Trabajaba instalando tuberías; ella cuidaba niños. A comienzos de febrero fue detenido frente a su casa, cuando sacaba la basura. Según su familia, los agentes buscaban a otra persona, pero el Departamento de Inmigración dice que eso no es correcto y que él militaba secretamente en el Tren de Aragua.

Aguilera fue llevado al centro de detención de Bluebonnet, donde permaneció varias semanas. El viernes 15 de marzo llamó a su madre: le dijo que sería deportado a Venezuela en un vuelo de la aerolínea estatal Conviasa, activada para estos menesteres por un acuerdo con el dictador Nicolás Maduro.

Al día siguiente, no hubo vuelo a Caracas. En cambio, su familia, esperando, vio por televisión las imágenes de deportaciones a El Salvador. Pasaron días sin saber nada, hasta que la cadena CBS publicó un listado: su nombre figuraba entre los enviados al Cecot. Su familia niega cualquier vínculo con el Tren de Aragua. Según su madre, los tatuajes que lleva son personales: el nombre de su hijo Santiago coronado por una estrella, una dedicatoria a su madre, y la frase «Real hasta la muerte», popularizada por un reguetonero, Anuel AA. Las autoridades en Texas han interpretado estos tatuajes como signos de afiliación criminal. Pero su madre insiste: su hijo no tiene antecedentes penales ni en Venezuela ni en Estados Unidos.

Otros sí han tenido sus problemas con la Justicia, y no solo en EE.UU., según la Casa Blanca. El 26 de enero, agentes de Extranjería en Austin (Texas) arrestaron a Carlos Daniel Teran-Aguilar, un venezolano de 18 años, identificado como miembro del Tren de Aragua y, dicen en EE.UU., buscado en Chile por delitos de narcotráfico y tráfico de armas.

Su padre cree que debe haber una confusión, pues afirma que su hijo es apenas un adolescente. «Es un niño... es imposible que sea responsable de eso», dice Juan Terán. En un principio pensó que podría encontrarse con él en Venezuela si le repatriaban allí, pero ahora trata de ver la forma de sacarle de una cárcel de El Salvador, sin tener recursos o acceso a abogados en ese país.