Trump detiene y trata de expulsar a académicos críticos con Israel en EE.UU.

Ahora, esas opiniones —no hay indicio alguno de que esas declaraciones se hayan traducido en apoyo material a Hamás— lo han llevado a prisión, sin acciones de la fiscalía ni sospechas de delitos concretos, más allá de sus puntos de vista. Como está en Estados Unidos con un visado de estudiante, podría ser deportado a India, su país de origen, en las próximas horas si una demanda interpuesta el martes no lo remedia.

Suri fue detenido el lunes por la noche en Rosslyn, Virginia (afueras de Washington), cuando salía de su casa. Agentes enmascarados que se identificaron como miembros del Departamento de Seguridad Nacional lo interceptaron en la calle y le informaron que su visado había sido revocado por orden del secretario de Estado, Marco Rubio.

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Sin previo aviso ni posibilidad de contacto con su abogado, fue trasladado inmediatamente a un centro de detención en Virginia, desde donde fue llevado a Luisiana, y de allí iba a ser transferido finalmente a Texas.

Según documentos judiciales presentados por su defensa, a los que ha tenido acceso ABC, Suri no ha sido acusado de ningún delito concreto. Está detenido por no tener visado, ya que se le ha retirado por decisión del Ejecutivo.

Su arresto se produjo bajo una cláusula migratoria poco utilizada que permite la expulsión de extranjeros si el secretario de Estado considera que su permanencia en el país representa un riesgo para la política exterior de Estados Unidos. Es una cláusula que no se ha aplicado en décadas, ni siquiera contra críticos de la llamada Guerra contra el Terrorismo de George W. Bush tras los atentados del 11-S en 2001.

Su abogado, Hassan Ahmad, denuncia que no ha podido comunicarse con su cliente y compara su detención con la de Mahmoud Khalil, un estudiante de la Universidad de Columbia arrestado bajo circunstancias similares por su defensa del grupo terrorista Hamás y sus críticas a la respuesta militar de Israel a los ataques de 2023.

El caso de Suri ha provocado un hondo nerviosismo en el ámbito académico. Numerosos profesores y estudiantes de Georgetown denuncian su detención como un ataque a la libertad de expresión, pero el clima de temor a la reacción de la Casa Blanca ha provocado que no haya grandes protestas.

Una circular interna de Georgetown a la que ha tenido acceso este diario afirma que la universidad no tiene constancia de que haya cometido actividades ilegales ni representado una amenaza, y que su actividad ha sido estrictamente académica. Durante su tiempo en Georgetown, ejerció su derecho constitucional a la libre expresión sobre la guerra en Medio Oriente, lo que la universidad ha defendido bajo su política de libertad de expresión.

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«Al igual que muchos en nuestra comunidad, Badar ha estado ejerciendo sus derechos constitucionalmente protegidos para expresar sus opiniones sobre la guerra en Oriente Próximo. Georgetown ha defendido constantemente estas libertades dentro del marco de nuestra política de expresión y discurso libre», dice la circular.

Un académico de esa misma institución afirma que «inquieta el efecto disuasorio que eventos como este pueden tener sobre la libertad de expresión en nuestro campus, que, por supuesto, es un pilar fundamental de nuestra misión».

Mientras la administración Trump defiende estas acciones como parte de una ofensiva contra lo que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha descrito como «simpatizantes del terrorismo», los abogados de Suri argumentan que su detención responde exclusivamente a sus opiniones y al hecho de que su mujer, que es ciudadana estadounidense, sea de origen palestino.

Mapheze Ahmad Yousef Saleh es estudiante de posgrado en el Centro de Estudios Árabes Contemporáneos de la misma Universidad de Georgetown y esposa de Suri. Es hija de Ahmed Yousef, un alto funcionario de Hamás y exasesor del líder del grupo, Ismail Haniyeh. Su familia —ella, específicamente, no— ha sido vinculada a actividades de Hamás, y su padre fundó la Asociación Sindical para Estudios e Investigación (UASR, por sus siglas en inglés), una organización con presuntas conexiones con el grupo, que operó en Estados Unidos entre 1989 y 2004.

El Departamento de Seguridad Nacional no la ha detenido a ella porque ya tiene pasaporte, sólo ha revocado el permiso de trabajo de su marido, abriendo la puerta a la posible repatriación, que él ha recurrido en un juzgado de Virginia.

Suri, ciudadano indio, se encontraba en Estados Unidos estudiando y enseñando para continuar su investigación sobre pacificación en Irak y Afganistán en el Centro de Entendimiento entre Musulmanes y Cristianos de Georgetown. Sus críticas a Israel las publicó una página web de defensa de Israel llamada «Campus Watch», del instituto Middle East Forum.

Desde su detención, el caso ha generado una ola de preocupación en el ámbito universitario, especialmente en Washington, donde su arresto ha sido interpretado como una amenaza al derecho de expresión en los campus.

El pasado 9 de marzo, un investigador francés del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), el principal organismo público de investigación en Francia, fue retenido en la frontera estadounidense y deportado por haber expresado una opinión personal crítica sobre la política de la administración Trump en materia de investigación científica.

Según el diario Le Monde, el académico, que viajaba a Houston para asistir a una conferencia, fue sometido a un control aleatorio en el que las autoridades revisaron su ordenador y teléfono, encontrando mensajes en los que criticaba el trato de la administración Trump hacia la comunidad científica.

Las autoridades estadounidenses consideraron que los mensajes contenían «expresiones de odio hacia Trump», motivo por el cual le confiscaron sus dispositivos y lo expulsaron al día siguiente. Aunque una fuente diplomática indicó que el FBI anunció una investigación, finalmente los cargos fueron abandonados tras la repatriación.

El gobierno francés ha expresado su preocupación por el caso y ha reiterado su compromiso con la libertad de expresión y la cooperación científica internacional.

La expulsión ocurrió apenas un día después del arresto en Nueva York de Khalil, un activista palestino y estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia. Fue arrestado el 8 de marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en su residencia universitaria en Manhattan.

Khalil, residente permanente legal en Estados Unidos, tuvo una participación destacada en protestas pro-palestinas en el campus de Columbia, y según la Casa Blanca distribuyó octavillas en defensa del grupo terrorista Hamás.

Las autoridades estadounidenses justifican su detención alegando que Khalil lideró actividades alineadas con una organización designada como terrorista, aunque no ha detallado incidentes violentos ni apoyo material al terrorismo.

No se han presentado aún cargos criminales específicos en su contra. Su abogado, Amy Greer, ha argumentado que la detención de Khalil, que dura más de 10 días, es una represalia por su activismo político y una violación de sus derechos de libre expresión. El propio Khalil ha expresado desde prisión que se considera «prisionero político».

Tras su arresto, Khalil fue trasladado a un centro de detención en Luisiana, lo que dificultó el acceso de su esposa embarazada, que es ciudadana estadounidense, y de su equipo legal. El caso ha generado protestas y críticas por parte de grupos de derechos civiles y defensores de la libertad de expresión, quienes ven su detención como un intento de suprimir la disidencia política.

El 19 de marzo de 2025, un juez federal ordenó que el caso de Khalil se trasladara a Nueva Jersey, donde fue detenido inicialmente, y bloqueó temporalmente su deportación a Siria. La administración Trump ha intensificado las acciones contra activistas estudiantiles que participan en protestas pro-palestinas, generando preocupación entre la comunidad académica y de derechos humanos sobre posibles violaciones a la libertad de expresión.