La crisis en Ecuador anuncia una presidencia de Daniel Noboa ahogada por la violencia

Sin duda, el joven presidente, de 35 años, mostrará fortaleza en su enfrentamiento con los grupos de crimen organizado (de hecho, la negativa a transigir en las exigencias de destacados capos ha llevado a estos a dar un golpe de fuerza), pero una guerra abierta con los narcos puede fácilmente ahogar su presidencia. Situaciones como las vividas desde el lunes en las calles y en las cárceles de Quito, Guayaquil y otras localidades, con el país en parte paralizado -sin clases presenciales y funcionarios optando por el trabajo telemático-, influyen enormemente en la percepción de los ciudadanos, además de lo que puedan verse afectados por las muertes causadas.

Noboa superará este episodio crítico, pero puede repetirse más veces; del éxito parcial que obtenga dependerán sus opciones de reelección dentro de dos años (las anteriores presidenciales se celebraron en convocatoria anticipada, pues el presidente Lasso dimitió por falta de apoyo político, en un clima ya agravado por la violencia).

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Ecuador se encuentra entre dos de los tres mayores productores de cocaína (Colombia y Perú; el tercero es Bolivia). La droga peruana normalmente ha tenido su salida hacia levante, buscando en última instancia el mercado europeo, pero la colombiana ha fluido especialmente hacia Estados Unidos, sobre todo por el Pacífico. La paz en Colombia de 2016, con la desmovilización de las FARC, significó un reajuste de las rutas internas y la cocaína comenzó a desbordar masivamente la frontera de Ecuador, buscando finalmente el gran puerto de Guayaquil.

El hecho de que la droga atraviese Ecuador de norte a sur deja al país a merced de las disputas de las mafias por el dominio del territorio. Sin ser productor, Ecuador se ha convertido en un importante lugar de paso -como lo ha venido siendo Centroamérica-, y el creciente monopolio de los carteles mexicanos, que controlan ya todos los eslabones del negocio, sitúa al país en el campo de acción sobre todo del Cartel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, que operan allí aliados con grupos locales, como Los Choneros y Los Lobos. Si en 2017 se registraban cinco homicidios dolosos por cien mil habitantes, en 2023 se superaron los cuarenta; cada uno de los últimos tres años casi se ha doblado el número de muertes violentas (2.500 en 2021, 4.860 en 2022 y el récord histórico de 7.600 en 2023).

La ministra de Gobernación, Mónica Palencia, ha acusado a los gobiernos anteriores -ha señalado abiertamente a Rafael Correa, y más discretamente a Lenín Moreno y Guillermo Lasso- de haber preferido llegar a acuerdos bajo la mesa con los grupos delictivos a medida que fueron ganando poder operativo que confrontarlos directamente. Según Palencia, hoy la situación ha explotado tanto porque esos grupos han adquirido demasiada fuerza como porque el presidente Noboa los ha confrontado con todas las consecuencias.

Las acusaciones de la ministra al correísmo difícilmente se sustanciarán en ninguna investigación, pues en este episodio crítico Noboa, cuyo partido está en minoría en la Asamblea Nacional, necesita un cierre de filas de todos los grupos políticos, incluido el correísta Revolución Ciudadana, que es el que cuenta con más representantes. La Asamblea ha dado de momento su visto bueno a las medidas excepcionales adoptadas por el presidente. No está a la vista a medio plazo un colapso político de la presidencia de Noboa, pero la evolución del problema de la violencia puede afectar a su autoridad como gobernante.