Colombia revive la pesadilla guerrillera

De un lado, el frente nororiental del ELN, con más de 2.000 hombres y el control de las rutas del narcotráfico que pasan a Venezuela, comandado por Robinson Navarro Flórez, alias Alfredo; y, por el otro, el frente 33 de las disidencias de las Farc, que lidera alias Andrey Avendaño (Carlos Eduardo García), con unos 400 hombres y gran capacidad de reclutamiento y extorsión.

En medio, la población civil, los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 –que el ELN busca puerta por puerta para asesinarlos– y una crisis de seguridad que el Gobierno no logra solucionar, a pesar del anunciado refuerzo de 5.000 hombres.

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ABC

Hay más de 20 heridos y 5.000 personas desplazadas en la conflictiva región del Catatumbo

La región del Catatumbo comprende 14 municipios donde viven más de 280 mil personas. Es rico en minerales, petróleo, producción agrícola, pero está marcado a sangre y fuego por su gran producción de hoja de coca, que hoy supera las 40 mil hectáreas. También ha sido tierra fértil para las promesas de mayor presencia del Estado y de recursos por parte de los gobiernos, como el actual, que hace un año prometió 780 millones de euros de inversión.

Pero ni esto ni las promesas de sustitución gradual de cultivos ilícitos o de seguridad para proteger a la población han avanzado. Al contrario.

Pero ¿cómo se llegó a esto? El desmadre en el Catatumbo encapsula la crisis del modelo de paz y de gestión del gobierno del Pacto Histórico, el costo de abandonar la implementación del Acuerdo de Paz, cosa que viene del gobierno de Duque, y los crasos errores en materia de seguridad, incluida la reducción de pie de fuerza y recursos, y el debilitamiento de la inteligencia. Este miércoles, el Consejo de Seguridad de la ONU ha citado al Canciller colombiano a rendir cuentas.

Para entender el nuevo escenario de guerra y paz en Colombia, analistas dan su visión frente a lo sucedido y lo que cabe esperar.

Con esta nueva suspensión de la mesa con el ELN, la política de Paz Total queda herida de muerte, si no finalizada. «El punto clave de esta crisis está en la mirada del Gobierno. Desde la campaña, ha sido incoherente pues pensaba que sería una negociación de pocos meses y que la cercanía ideológica le abriría el camino. Además, rompió un principio básico de los procesos de diálogo en Colombia: trazar unas líneas rojas claras para la negociación, donde los negociadores oficiales representaban al Estado, pero hoy juegan un rol político a título individual. Con el ELN se ha manejado una cercanía que no representa a la institucionalidad», afirma Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Para Jorge Restrepo, director de CERAC, «es una negociación que carece de estructura, con una estrategia débil al asumir que era para todos los grupos armados a un mismo tiempo, pero sin la robustez en el equipo de negociación, de acompañamiento político, de verificación y monitoreo; inclusive de preparación para la ruptura: las entidades del Estado han debido estar preparadas para una situación como esta».

Y Gerson Arias, investigador asociado de la FIP, añade que esta crisis «demuestra también la incapacidad del Gobierno y su oficina de paz para ajustar el enfoque y método en el proceso con el ELN a medida que se le salía de las manos. Un proceso de paz no se logra con solo retórica, voluntarismo y sin método».

El lunes, presidente Petro, derrotado en la mesa de negociación, le prometió guerra a los «elenos», pero para nadie es claro el cómo. Los analistas concuerdan en que «el conflicto pasó de ser uno donde el Estado era el principal enemigo de los grupos ilegales, a uno donde la mayor afectación se da por el enfrentamiento entre los mismos grupos, donde el Estado es uno más, muchas veces inactivo», dice Preciado. En resumidas, el conflicto cambió, pero no las estrategias.

Y añade Preciado: «Hay que decir la verdad a las comunidades: los anunciados esfuerzos del Gobierno para generar alivios humanitarios en el territorio no se van a cumplir, pues ya es difícil revertir la dinámica del conflicto. En los dos primeros años, la Paz Total y la dinámica del conflicto tuvieron alguna relación, pero ante el fracaso de todas las mesas, esas dinámicas son cada vez más independientes. Hoy prácticamente no hay territorio en el país que pueda decir que tiene una mejor situación que antes del inicio del gobierno».

En el caso de Catatumbo, señala Restrepo, «no había habido confrontación entre el llamado frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN, una tregua no pactada en esta región priorizada para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Sin embargo, la inversión y atención no siguió en el Gobierno Petro». Además, «el Gobierno evidencia su incapacidad de usar mejor la inteligencia de la fuerza pública, la información de la Defensoría y de las propias comunidades. Ha debido anticipar lo que pasa en Catatumbo, una probabilidad con señales directas desde noviembre pasado», señala Arias.

A todas estas, ¿qué rol tiene la comunidad internacional y los garantes, más allá de las declaraciones de rechazo?

«Lo que hemos visto con la Paz Total –dice Preciado~ es que muchos actores de la comunidad internacional han presionado para que se mantenga la negociación. Esto obedece a intereses de la agenda multilateral e individuales, donde a algunos actores el proceso en Colombia les da algo de oxígeno frente a otros conflictos en el mundo. La comunidad internacional no ha ayudado a establecer esas líneas rojas y que se cumplan».

Y en Venezuela, un jugador que había sido relevante, «el régimen de Maduro no tiene la capacidad ni el interés de obligar al ELN a que siga en una mesa de diálogo. Esto, que parece ser una coincidencia temporal, contribuye pues ya no ve ningún rédito en tener cerca al Gobierno de Petro, que tampoco tiene cómo convencerlo de que esa contribución es valiosa», afirma Jorge Restrepo. Otros van más allá y afirman que Maduro está alimentando el fuego en la frontera.

Para Restrepo, «hay una gran incapacidad del Estado colombiano para desarrollar operaciones en escenarios donde hay disputas entre grupos armados. Según declaraciones de los generales, la fuerza pública va a desactivar los enfrentamientos y proteger a las comunidades, pero ¿cómo?». Las fuerzas del Estado parecieran un grupo armado más, como sucede en otras regiones –Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca y el Bajo Cauca Antioqueño– a las que se unen ahora Catatumbo y Guaviare.

Preciado va más allá: «Lo que sí preocupa, a mediano y largo plazo, es cómo va a ser el empalme de la Paz Total, qué va a recibir el nuevo gobierno en 2026», aunque antes los expertos auguran un proceso electoral marcado por la violencia regional y un riesgo mayor de acciones terroristas en le país.