Boric cumple dos años en el poder sin lograr sacar adelante ninguna de sus reformas

A la mitad de su mandato, el presidente Gabriel Boric tendrá pocos proyectos que enarbolar como materializados a la fecha en caso de hacer un balance de sus dos años en el poder.

Por el contrario, durante estos 730 días ha visto desperfilarse, sino naufragar, el proyecto refundacional que el Frente Amplio (FA) impulsó y llevó a La Moneda al mandatario más joven de la historia de Chile.

Noticia Relacionada

El presidente Boric califica de «gravísimo» el asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda en Chile

Ludmila Vinogradoff

En este período, el país vio fracasar rotundamente el proceso constitucional impulsado por las izquierdas tras el estallido social de 2019 y que encontró eco en Chile Vamos como la vía para proteger la institucionalidad.

No sólo se rechazó la propuesta identitaria y maximalista de la Convención Constitucional en septiembre de 2022, a pocos meses de asumido el nuevo gobierno, sino que también se descartó la iniciativa elaborada por el Consejo Constitucional en 2023 marcado con la impronta del opositor Partido Republicano.

El resultado de este proceso dejó a la ciudadanía desencantada y forzó a Boric a declarar que durante lo que resta de su mandato no habrá ni una nueva iniciativa destinada a dejar atrás la Constitución del general Pinochet.

Un camino similar han recorrido, también, los dos proyectos emblemáticos del FA, las reformas tributaria y previsional. La primera fue rechazada en su idea de legislar en marzo de 2023 porque faltaron dos votos del oficialismo necesarios para alcanzar el quorum requerido. Por consiguiente, no se pudo abordar el tema durante todo un año y en el transcurso se vieron detenidos todos los programas cuyo financiamiento fue ligado a un alza de impuestos y tributos a las personas de alto patrimonio como la promesa de condonación universal del CAE (crédito con aval del Estado) que los universitarios han adquirido con la banca y que sobrepasa los 11.000 millones de dólares, es decir, un 3,7% del PIB.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha vuelto a presentar una reforma, esta vez más acotada y rebautizada como «pacto fiscal». La oposición y el empresariado se han adelantado rechazando nuevamente la iniciativa por considerar que no impulsa el crecimiento económico (nulo en 2023) tan necesario cuando el desempleo sigue en un alza persistente y alcanzó en un 8,4% el último trimestre.

La segunda reforma, la previsional, consiguió pasar el primer trámite en la Cámara de Diputados, pero técnicamente se transformó en una carcasa sin contenido en su tránsito al Senado. Pese a los esfuerzos de la ministra del Trabajo, la comunista Jeanette Jara, los diputados aprobaron la idea de legislar y rechazaron todas las normas que buscaban reformular el sistema de capitalización individual con el objetivo de profundizar el componente solidario implementado por Michelle Bachelet. No solo se desecharon las normas que ponían fin a las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP), sino que se desestimó la cotización adicional del 6% a cargo del empleador cuya distribución sería 3% para el trabajador y 3% para un fondo de reparto. Y esta fórmula ya había implicado una renuncia para el Gobierno porque la idea inicial era destinar todo ese porcentaje al reparto.

Semanas antes de la segunda vuelta presidencial, en 2021, el pacto Apruebo Dignidad (FA más Partido Comunista) recibió el apoyo del Socialismo Democrático. En esa oportunidad se estableció que la participación de este conglomerado, heredero de la Concertación por ellos vapuleada, sería menor en el futuro gobierno bajo el esquema que el exministro Giorgio Jackson denominó «anillos concéntricos».

Aunque el socialismo asumió tres importantes carteras, Hacienda (en busca de dar tranquilidad al mercado), Relaciones Exteriores y Vivienda, el resto del gabinete fue copado por el FA y el PC. Sin embargo, al poco de echar andar la inexperiencia, los serios problemas de gerencia del aparato estatal y las crisis políticas obligaron al presidente Boric a desarmar su modelo. En cada uno de sus tres cambios de gabinete el mandatario ha sostenido que ellos son necesarios para «mejorar la gestión ante las urgencias» ciudadanas.

Socialistas de trayectoria llegaron a suplir las falencias después del fracasado primer plebiscito constitucional, quedándose con el Ministerio del Interior o jefatura del Gabinete, el ministerio Secretaría General de la Presidencia que lleva las relaciones con el Congreso y Obras Públicas, cartera fundamental para reactivar el empleo.

Como resultado de lo anterior y una serie de importantes crisis, durante estos dos años la popularidad de Gabriel Boric ha registrado un inevitable deterioro. Su mayor aprobación fue del 50% durante las dos primeras semanas en el cargo, pero esta cayó hasta los 25 puntos en enero de 2023 cuando indultó a 12 condenados por violencia durante el estallido social, según la encuesta Cadem.

El indulto presidencial implicó el quiebre de las relaciones con la oposición, cuestión que se agravó después de conocerse que se entregaron pensiones de gracia vitalicias a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido que tenían antecedentes penales o habían falseado sus datos. Hasta el momento Boric ha revocado 27 de ellas.

Estas acciones pusieron en tela de juicio la real preocupación del Gobierno por disminuir la sensación de inseguridad de los ciudadanos basada en un alza de la delincuencia, desborde de la migración ilegal y aparición del fenómeno de crimen organizado. El asesinato de tres carabineros en el lapso de cuatro semanas reimpulsó una serie de leyes sobre seguridad que no habían sido atendidas, pero el reciente secuestro y asesinato del exmilitar venezolano, asilado político, Ronald Ojeda, reactivó todas las alertas.

Y las pérdidas del presidente también se han dado en un plano más personal. En agosto de 2023 debió dejar partir a su amigo de tiempos universitarios y principal consejero, Giorgio Jackson, quien se vio envuelto en el escándalo conocido como caso «convenios o fundaciones» y que tiene en la actualidad varios procesos judiciales en marcha y cerca de una decena de formalizados y detenidos.

La denuncia de que dirigentes del FA defraudaron al Estado al postular a fondos fiscales sin la correspondiente contraprestación de servicios golpeó no sólo a Revolución Democrática, el partido como más involucrados, sino que echó por tierra la hoy desafortunada frase pronunciada por Jackson a comienzos del Gobierno: «Nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió».