La «farsa jurídica» de Franco contra periodistas de ABC: «Se dictaban 25 condenas a muerte en media hora»

El levantamiento no triunfó en la capital, pero en sus calles reinó la violencia durante los siguientes meses contra todo aquel sospechoso de haber simpatizado con los golpistas. Nada de eso debería haber afectado a Rodríguez Santamaría, puesto que era solo periodista y sin ninguna conexión con los sublevados. De hecho, cuando fue presidente de la APM entre abril de 1935 y julio de 1936, durante la Segunda República, se dedicó a tender puentes entre los periodistas de izquierdas y derechas, divididos ya en el tenso ambiente de pre-guerra.

Tras la sublevación, sin embargo, el Gobierno republicano informó de la clausura de ABC a través de Unión Radio. La decisión ni siquiera fue comunicada oficialmente a la dirección del diario, que en esos momentos estaba en manos de Luis de Galinsoga. Cuando este no apareció en su despacho el 20 de julio de 1936, Rodríguez Santamaría se asustó y ordenó a los redactores que abandonasen la redacción de la calle Serrano, pues tenía la certeza de que el edificio iba a ser ocupado por miembros del Sindicato de Artes Gráficas enviados por el ministro de la Gobernación.

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En ese momento, la Embajada de China ya le había ofrecido asilo, pero él seguía convencido de que no tenía razones para esconderse, pero se equivocó. El 20 de agosto, un grupo de incontrolados denominado Patrulla de las Milicias de la Prensa lo secuestró en su domicilio, lo trasladó a la checa del Círculo de Bellas Artes y, por último, a los descampados de la Dehesa de la Villa. Una vez allí, sin ningún juicio de por medio, fue asesinado de dos balazos –uno en el pecho y otro en la cabeza–, junto a otro compañero de ABC, José Asenjo.

Unión Radio informó también de la incautación de otros diarios, como 'El Debate', 'Ya' y 'El Siglo Futuro', y de la llegada de nuevos ocupantes a la dirección de dichas cabeceras. A ABC enviaron a Augusto Vivero, «un personaje bastante radical que fue de los primeros en caer en los juicios de la posguerra», subraya Juan Antonio Ríos Carratalá, autor de 'Las armas contra las letras' (Renacimiento), una trilogía cuyo primer volumen se publicó en enero sobre los consejos de guerra contra periodistas y escritores en los primeros años del franquismo.

En su segundo volumen, que verá la luz a finales de año, Carratalá incluirá el caso de otros cuatro periodistas de este diario que, sin ninguna filiación política ni delitos de sangre, fueron igualmente condenados a muerte y a duras penas de prisión en aquellos procesos sumarísimos «sin ninguna garantía jurídica». «Todo era una especie de farsa para dar cierta apariencia legal a lo que, en realidad, era la represión de una nueva fase de la Guerra Civil. En este sentido, la plantilla del ABC republicano que se publicó en Madrid durante el conflicto fue uno de los objetivos preferentes de esa represión ejercida contra los periodistas y escritores en la posguerra», asegura el autor, que adelanta en exclusiva su investigación en este diario.

Hablamos de Serafín Adame Martínez, Mariano Espinosa Pascual, Antonio Fernández Lepina y Sotero Antonio Barbero Núñez, detenidos en Madrid entre el 1 y el 5 de julio de 1939. Tras una estancia en comisaría «de la que no consta documentación en el sumario 33590 del Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD)», apunta Carratalá, los cuatro periodistas fueron trasladados a la madrileña cárcel de San Antón y quedaron a disposición del Juzgado Militar de Prensa.

El encargado de juzgar el caso fue el teniente Mariano Romero, mientras que el alférez Antonio Luis Bena se ocupó de la investigación. «Este último tuvo una destacada y eficiente actuación para aportar pruebas que incriminen a los acusados», asegura Carratalá. De hecho, solo seis días después, «con unas prisas poco habituales en estos juicios sumarísimos», fueron llamados a declarar. Una vez allí, el alférez entregó las pruebas «sin citar nunca su procedencia». «El papel de los alféreces fue muy importante, porquelos consejos podían dictar 20 o 25 condenas a muerte en apenas media hora, como mucho una hora, en base a lo que ellos escribían en su informe. Variaba poco lo que ellos establecían respecto a la condena. Los juicios eran fábricas de condenas en serie», explica el autor a ABC.

El 1 de noviembre de 1939, basándose en estas supuestas pruebas de Baena, el fiscal solicitó 30 años de reclusión mayor para Espinosa Pascual y 20 para los otros tres procesados. Dos días después, sin ninguna prueba más, solo por las deliberaciones del tribunal, la condena del primero pasó a muerte y la de sus compañeros, a 30 años. «La figura del abogado defensor prácticamente no existía –aclara Carratalá–, ya que aparecía un rato antes de que se dictara sentencia. Además, era también militar, pero de menor rango que el fiscal y el presidente del consejo, por lo que lo único que podía hacer media hora antes era pedir clemencia. Tampoco podía recurrir y, lo que es peor, se podía acusar sin demostrar nada. He visto muchos sumarios en los que las acusaciones carecían de pruebas, así que te puedes imaginar las garantías que había».

Adame Martínez, por ejemplo, tenía 38 años cuando fue detenido. En su ficha constaba como «persona de ideas marcadamente izquierdistas que, al advenir el Movimiento Nacional, pertenecía al partido de Izquierda Radical Socialista, pasando después de desaparecer dicho partido al comunista». De esta última filiación, efectivamente, no aportaba pruebas. El alférez señalaba también que, además de ser crítico teatral, era colaborador de dramaturgos tan poco sospechosos de republicanos como Enrique Jardiel Poncela y Adolfo Torrado.

Como no parecía suficiente, Baena insistió en que «su labor no se adscribía a tal modalidad, pues publicaba notas, artículos, gacetillas, etc., sin firma, de carácter marxista». Una vez más, no explicó cómo llegó a esa conclusión. «Era una acusación universal. Todo lo que no fuera del Glorioso Movimiento Nacional era marxista. A los que eran simplemente liberales o indiferentes a cualquier cuestión política se los condenaba por ello. A muchos periodistas que no tenían nada que ver con el marxismo, ni de lejos, se los metió en el saco para juzgarlos. Ese fue el caso de los cuatro de ABC», comenta el historiador.

Fernández Lepina también había triunfado en los escenarios teatrales con vodeviles y revistas en los que la presencia del marxismo era impensable. Aún así, Baena le responsabilizó de haber sido «uno de los elementos más activos del ABC republicano». Según Carratalá, la denuncia era también anónima y procedía de alguien con «probada solvencia moral», algo común en las fichas de los cuatro.

La investigación del alférez daba por hecho que Barbero Núñez, de 49 años, era también «un individuo de ideas notoriamente izquierdistas que ya con anterioridad al Movimiento Nacional prestaba sus servicios en ABC como confeccionador y crítico cinematográfico». Los dos últimos datos fueron reconocidos por el acusado, pero su ficha cargaba las tintas al asegurar que, «cuando los rojos incautaron el periódico, no solo fue respetado en su puesto por sus ideas marxistas, sino que fue ascendido a director de la revista 'Blanco y Negro'».

La ficha de Espinosa Pascual, de 54 años, era más breve, pero la acusación se repetía en lo fundamental. No obstante, hay un dato que fue determinante para su condena a muerte: llegó a director de ABC. Reconoció que era liberal y que estuvo afiliado a Izquierda Republicana hasta 1938, pero que se dio de baja por las desavenencias con el partido en relación a la gestión del diario. No le sirvió de nada.

Franco confirmó su deriva en su primer mensaje de Nochevieja en 1939: «Un imperativo de justicia impone no dejar sin sanción los horrendos asesinatos y sin corrección a quienes, sin ser ejecutores, armaron los brazos e instigaron al crimen». «La frase que tanto se dijo de que aquellos que no tuvieran delitos de sangre no tenían que temer nada, jamás se publicó. Yo tengo la sospecha de que circuló gracias a las mismas víctimas, que necesitaban esperanza. He leído infinidad de sumarios de periodistas condenados a prisión y muerte, y ninguno tenía delitos de sangre. Por supuesto, aquí están los de ABC. ¡Eran autores de sainetes y cosas así! Imaginarse a esta gente con delitos de sangre es mucho imaginar», puntualiza el autor.

La condena a muerte de Espinosa Pascual fue ratificada el 22 de noviembre de 1939, quedando su suerte pendiente de la voluntad de Franco. Un año después, el dictador le conmutó la pena capital por otra hasta 1969. Adame Martínez y Barbero Núñez vieron sus penas reducidas a seis años. Lepina, por su parte, fue puesto en «libertad atenuada» por su débil estado de salud y pudo seguir cumpliendo su condena en su domicilio hasta su muerte, con 52 años, en 1943.