«Si la madre pide la custodia exclusiva de los hijos, el padre tiene muy difícil lograr la compartida»

Es en el caso de los divorcios de mutuo acuerdo donde los padres anotan la peor cifra. Del total de custodias que se dieron con afinidad entre las partes, sólo el 2,78% fueron para él. Un número que, tal y como se observa en el siguiente gráfico, muestra una tendencia descendente desde 2013. En cuanto a las separaciones que se producen acudiendo a la vía contenciosa, de las 8.808 custodias que se concedieron en 2022, 547 (un 6,21%) fueron para el padre.

Por todos estos datos, «nuestra asociación, y otras más que hay, tienen que seguir existiendo. Hay aún mucho aún por lo que seguir luchando. No existe hoy una igualdad real tras una ruptura: los derechos de los padres siguen estando en segundo lugar». Así de claro se muestra Vicente Rodrigo, abogado y vicepresidente de la Asociación Española de Padres Divorciados (ASEPADI), al analizar la situación del hombre en casos de divorcio y separación. Y es que, con el aumento de las custodias compartidas, parece que todo está solucionado. «Pero no es así», asegura. «Hay un porcentaje nada despreciable donde priman los intereses de una de las partes (madres) y que, además, cuentan en los tribunales con una protección especial. No he visto jamás sentencias en las que le atribuya la custodia al padre aunque ambos progenitores trabajen y estén en igualdad de condiciones. O se les da la compartida, siempre que ella esté dispuesta, o la custodia es para la madre. No hay más», sentencia el experto.

En la misma línea se sitúa Yobana Carril, abogada de Celtius Abogados, especializada en este tipo de casos. «Los hombres siguen discriminados. Las madres siguen teniendo más opciones de que se les otorgue la custodia exclusiva y un padre tiene casi imposible conseguirla», apunta. La experta, que aboga siempre porque sea posible por la compartida, subraya que «en los juzgados, nadie te permite cuestionar la exclusiva para la madre cuando la conjunta no es posible. Yo, cuando la he pedido para el padre, los jueces me preguntan que por qué lo hago. Y esa pregunta no se la hacen al abogado de ella cuando es quien la solicita».

Para ambos, madres y padres no parten desde la misma casilla de salida a la hora de determinar quién se queda con los hijos. «El debate de inicio nace perverso -prosigue Rodrigo- porque en un proceso judicial típico, el padre suele pedir la compartida pero la madre quiere la custodia exclusiva. A él, no se le ocurre pedir esta última porque sabe que no se la van a dar. Y, además, tiene que demostrar mucho más. Las madres, sin embargo, como mínimo, tienen garantizada siempre la compartida. Pero si piden la exclusiva, se la van a dar también, aunque él pida la compartida».

Los abogados reconocen que son casos muy puntuales en los que él obtiene la custodia de los hijos, como que la madre suponga un peligro real para los menores (drogadicción, alcoholismo, enfermedad mental o similar). «Yo he llegado a ganar casos de este tipo. Son muy pocos», reconoce Carril. «Hay que demostrar que la madre es perjudicial para el menor y, a pesar de ello, la custodia inicialmente se la dan a ella -continúa-. Tuve un caso, de hecho, así: una madre con la guarda y custodia durante cuatro años aun teniendo enfermedades mentales graves, algo acreditado incluso por los servicios sociales. Cuando le quitaron la custodia, amenazó con quemarse a ella y a su hijo en la puerta del colegio. Incluso la jueza del caso preguntó y repreguntó a los servicios sociales si estaban seguros de que había que retirarle la custodia. Esas dudas no surgen cuando se trata de un padre».

Ambos expertos recuerdan que, en un proceso de divorcio, debe primar siempre el interés del menor. Y esta premisa, opinan, parece pasar desapercibida hasta por el propio sistema en numerosas ocasiones, así como los derechos de los padres. «Incluso una hora antes del juicio, cuando te convocan para llegar a un acuerdo in extremis, el juez y el fiscal llegan a tener la misma opinión cuando no deberían coincidir en criterios y te dan pistas del tipo de acuerdo al que debes llegar porque tienen ya muy claro qué va a decretar el juez en la sentencia -continúa el vicepresidente de ASEPADI-. Se supone que no tienen que prejuzgar pero sí te dicen 'acuerden un régimen de visitas amplio' porque tienen ya claro que no van a dar la compartida'». A ello hay que sumarle el colapso de la justicia y la falta de recursos.

«Seguimos teniendo el concepto de que los niños tienen que estar con las madres. '¡Cómo le vas a quitar la custodia exclusiva a la progenitora', me dijo una jueza en una ocasión», recuerda la letrada de Celtius Abogados, que asegura ser cuestionada en el sector por atreverse a pedir la custodia para los padres a los que representa. «No se permite evaluar quién es el más adecuado. Y hay ocasiones en las que ellos lo son. Si hay posibilidad de compartida pero ella pide la exclusiva, ella gana siempre», insiste. Carril asegura haber tenido casos «en los que si él no trabaja, pero tiene más tiempo para estar con los hijos, se la dan a ella porque él no tiene recursos. También se la dan a la madre cuando no trabaja, y el padre sí, porque ella tiene más disponibilidad. Esta es la realidad. Aún así, a mis clientes les digo siempre que la pidan. Hay que dejar constancia de que los padres pueden y quieren cuidar de sus hijos. Su interés es igual de legítimo».

El hecho de que un juez determine la custodia exclusiva para la madre supone un duro golpe para esos padres que quieren implicarse por igual en la crianza de sus hijos. Pero además, conlleva una penalización económica para el progenitor que «suele tener que pagar la mitad del piso que tenían en común más la pensión de alimentos para los menores y la mitad de los gastos que necesiten cubrir para los hijos. Y él, además, tiene que pagar un alquiler y sus gastos. En el mejor de los casos, algunos tienen una red familiar pero los que no, tienen que buscarse una habitación y qué van a hacer ¿llevarse al menor a su piso compartido los fines de semana que le toca?», añade Rodrigo. «¿Quién ayuda a estos padres?», se pregunta. «No hay una red de apoyo, como sí existe con otros colectivos, que ayude a los progenitores que acaban en una situación económica muy delicada». El abogado, de hecho, recuerda uno de los casos que llevó: «Un padre divorciado desde hace tiempo con un hijo adolescente. El informe psicosocial especifica que la madre ejerce una influencia negativa en los dos hijos, pues tienen también una niña pequeña. Pero el chico, al ser mayor de edad, decide romper toda relación con su padre por la influencia de la madre. Aún así, el hijo sólo se comunica con su padre para pedirle dinero porque los progenitores tienen que seguir pagando la manutención hasta que el menor sea económicamente independiente. El padre se entera de que su hijo está trabajando así que pide autorización al juez para dejar de mantenerle. Un año después, hay sentencia y ese padre ya pudo dejar de pagar cada mes a su hijo».

Más se complican las cosas aún cuando, en pleno procedimiento por la custodia, «se abre causa penal por la incorrecta aplicación de la ley de violencia de género», añade el responsable de ASEPADI. «Todos los profesionales sabemos que se usan procedimientos penales para conseguir lo que no se logra por la vía civil. Y, en estas ocasiones, la presunción de inocencia no se respeta. Yo he tenido casos en los que en un día por la mañana, estamos negociando la custodia entre las dos partes, porque él pide la compartida y ella la exclusiva, y, por la tarde, el padre es acusado de un delito y acaba en comisaría. Demostrar que una denuncia es falsa es muy difícil y una cosa es eso y otra, que se archive por falta de pruebas, que es lo que sucede en la mayoría de las ocasiones».

«A las mujeres se las cree de 'per se'. Y los perjudicados no son sólo los padres», añade Carril. «Los niños son los primeros afectados en este tipo de casos, pues se ven sometidos a declaraciones innecesarias». Por ello, opina que «no podemos tener una justicia con perspectiva de género. Para que sea justa, no tiene que tener ninguna perspectiva».

La Fiscalía General del Estado, en su última memoria de 2023, recoge el dato de las denuncias falsas por violencia de género que se realizan. En 2022 (último dato disponible), de las 182.073 denuncias presentadas, 28 están en seguimiento por falsedad. Tal y como se observa en la tabla superior, entre 2009 y 2022 se presentaron más de dos millones de denuncias por violencia de género, de ellas 164 fueron condenatorias por falsedad, es decir, un 0,008% del total.