Vox alienta un choque institucional para forzar al TC a aclarar si el Senado puede parar la amnistía

«Queremos provocar un conflicto institucional», reconocen sin tapujos fuentes de Vox, que aluden a la excepcionalidad del momento para que el Senado se niegue a tramitar una proposición de ley, la de amnistía, previamente aprobada en el Congreso —la norma, actualmente, ha sido calificada por la Mesa de la Cámara Baja, pero aún no ha sido tomada en consideración por el Pleno—. El partido derechista justifica su posición en que esta medida de gracia sería «manifiestamente inconstitucional» y, por tanto, nunca debería haberse aceptado su debate parlamentario.

Tanto el PP como Vox, de hecho, han enviado un escrito de reconsideración a la Mesa, aunque no tiene ningún viso de prosperar por la mayoría que tienen en el órgano rector del Congreso el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar. La formación derechista recuerda que en 2021 los letrados de la Cámara Baja advirtieron que la amnistía —impulsada entonces por los partidos independentistas y no por el PSOE— entraba «en contradicción palmaria» con la Constitución, por lo que PSOE, PP y Vox tumbaron su mera calificación.

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Ahora, con un nuevo letrado mayor al frente del Congreso, Fernando Galindo, nombrado a propuesta de la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, los servicios jurídicos no han visto impedimento en la tramitación de una ley indispensable para que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya diesen sus votos a Pedro Sánchez en su investidura. Esto ha motivado ya que Vox se querelle contra Galindo —que procede del Gobierno— por prevaricación y contra Sánchez por cohecho, colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos en el ejercicio de su función.

«Es fundamental que el Senado se convierta en el dique de contención contra este Gobierno. Ahí el PP tiene una mayoría absoluta y el PP se tiene que decidir», afirmó este lunes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política del partido. El problema es que no existen precedentes en los que la Cámara Alta se niegue a tramitar una norma que procede de la Cámara Baja. «Es que nunca antes el Congreso había aprobado una ley inconstitucional», se defienden en Vox.

Aun así, no está claro que sea posible que el PP se oponga a tramitar la ley de amnistía en el Senado y que, con ello, provoque su parálisis, como pretende Vox. Hay juristas que interpretan que si la Cámara Alta no introduce modificaciones vía enmiendas, al tramitarse de urgencia por el Congreso, la ley debería publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a los veinte días de su llegada al Senado. Algo que, dicen los populares, sería contraproducente en su estrategia de dilatar al máximo la entrada en vigor de la norma.

Los populares, de hecho, remiten al artículo 104 del Reglamento del Senado, que especifica que los proyectos de ley y proposiciones de ley procedentes del Congreso «se publicarán y distribuirán inmediatamente» entre los senadores, y la Mesa se limitará a declarar la competencia de la comisión que abordará el debate de la norma. No obstante, Vox señala otro artículo del mismo texto, el 36.c, que fija entre las competencias del órgano rector de la Cámara Alta «calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como decidir sobre su admisibilidad y tramitación».

Vox quiere que el PP se niegue a tramitar la norma y que plantee un conflicto con el Congreso y lo eleve al Tribunal Constitucional (TC). Por ello, Vox ha solicitado ya que se pida un informe sobre la ley de amnistía al letrado mayor del Senado, al margen del emitido ya por su homólogo en el Congreso. «Si los servicios jurídicos del Senado dicen que es inconstitucional, la ley no se puede tramitar», insisten en Vox. El artículo 2.1.d de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que este órgano conocerá en los casos y en la forma «de los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado», lo que incluye al Congreso y al Senado.

El partido de Abascal cree que, en ese escenario, el TC debería pronunciarse sobre si el Senado puede rechazar la tramitación de una norma que considera inconstitucional por más que la ley proceda del Congreso y no haya nacido en la Cámara Alta. Vox, mientras tanto, se prepara para otros horizontes y este lunes solicitó a la Mesa de la Cámara Baja que pida informe sobre la ley de amnistía al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al presentar el PSOE una proposición de ley, y no un proyecto de ley concebido por el Gobierno, esquiva las opiniones preceptivas de los órganos consultivos del Estado. Que Vox reclame a la Mesa que recabe el criterio del CGPJ le sirve, además, para fundamentar mejor un hipotético recurso de amparo de sus diputados.

Fuentes de Vox adelantan que también pedirán a la Mesa del Senado que reclame ese informe del CGPJ, aunque en este caso no parece que vaya a haber problema, porque el PP —que aprobó una reforma en el Senado para esquivar la urgencia que imponía el Congreso en la tramitación— ya tiene planeado solicitar toda la documentación que el PSOE eludió al plantear la amnistía como una proposición de ley en vez de un proyecto de ley. Si bien de momento el partido solo se ha querellado contra Sánchez y Galindo, se reserva futuras acciones legales en el mismo sentido contra los miembros de la Mesa del Congreso que han permitido la tramitación de la norma y contra sus homólogos del Senado si también acceden a discutir la ley.

«Si un concejal de España, bajo la condición de aprobar un plan urbanístico ilegal, es investido alcalde, se va al trullo», dice un dirigente de Vox, para explicar la querella contra Sánchez por cohecho. «El PSOE nos quiere llevar al debate de si es constitucional o no, pero ellos mismos saben que no lo es», añade, recordando la hemeroteca del presidente del Gobierno, de ministros socialistas y de diputados que, antes de las elecciones generales del 23 de julio, defendían que la amnistía era «inconstitucional» e «ilegal».

Abascal y muchos de sus portavoces están protagonizando duros discursos, en los que acusan a Sánchez y a los separatistas de dar «un golpe de Estado». Unas palabras que, asumen las fuentes consultadas, pueden no ser compartidas porque no se está produciendo ninguna asonada militar, pero que quieren reflejar la gravedad del momento, dicen, donde, en base al aluvión de comunicados que denuncian el ataque a la separación de poderes que suponen la amnistía y el 'lawfare' —persecución judicial a adversarios políticos por motivaciones ideológicas—, al menos hay «un golpe al Estado». «El Poder Judicial no se puede quedar en las declaraciones. ¿No se va a defender?», se pregunta un miembro de Vox.

En el caso de que la ley de amnistía sea aprobada sin que la paren el Senado, el Tribunal Constitucional o la Comisión Europea, Vox presagia un problema «tremebundo», donde se utilizarán las comisiones de investigación pactadas entre el PSOE y los independentistas, las del 'lawfare' ya asumido por los socialistas, para presionar y señalar a los jueces que tengan que decidir sobre cómo ejecutar la ley de amnistía. «Lo de las comisiones es muy gordo, es una barbaridad; el fin de la democracia. ¿Cuándo se va a caer del guindo el PP?», se preguntan en Vox.

En ese escenario, dicen en el partido conservador, hay margen incluso de que algún juez directamente sostenga que no es aplicable en virtud al Tratado de la Unión Europea, que reconoce la separación de poderes —Vox defiende que una ley del Legislativo para decidir que unos hechos concretos no sean juzgados lamina el Judicial—, pero también cabe que el juez plantee una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si la ley de amnistía es contraria o no al marco jurídico comunitario. En el partido derechista confían en que no se llegue tan lejos, pero sentencian: «Necesitamos al PP a nuestro lado».