Veinte vocales, ante la elección de su presidente: lidiar con la cuota femenina y los vetos cruzados

De ellas hay una que ya aparece en todas las quinielas desde que en 2013 concurrió a este mismo puesto junto con Carlos Lesmes. Se trata de la eterna candidata del ámbito progresista Pilar Teso, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, no asociada, y a quien hace al menos cuatro años el PP no veía con malos ojos para esta plaza. Teso suscribió recientemente un voto particular contra la nulidad del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática, pero también fue ponente de la sentencia que ratificó el castellano como lengua vehicular en Cataluña. En círculos judiciales la describen como una «magistrada con sentido de Estado».

Junto con ella, los vocales propusieron a los también miembros de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) del Supremo Esperanza Córdoba, Ángeles Huet y Pablo Lucas y a los de la Sala Segunda (Penal) Ana Ferrer, Carmen Lamela y Antonio del Moral.

Aunque a la presidencia del Supremo podría optar también un jurista de reconocida competencia con veinticinco años de antigüedad, los vocales se han decantado por proponer a magistrados del Alto Tribunal, todos con prestigio y un extenso currículo pero también algunos con perfiles demasiado significados, como es el caso de Ana Ferrer, que si fue la primera mujer que desembarcó en el Supremo, y podría tener ahora el honor de ser la primera presidenta del Alto Tribunal, tiene en su contra su voto particular a la condena de los ERE o, más recientemente, a la inaplicación de la ley de Amnistía al delito de malversación de los líderes independentistas. De hecho es la única de los seis magistrados del tribunal del 'procés' que considera que la amnistía sí es aplicable al desvío de fondos para la consulta ilegal del 1-O.

Señalada «políticamente» está también la magistrada Carmen Lamela, en la diana del independentismo por mandar a prisión a los líderes del 'procés' tras la admisión de la querella de la Fiscalía en 2017. Antes de que el caso pasara al Tribunal Supremo, fue ella desde su juzgado de la Audiencia Nacional la que asumió esta causa, algo que Junts y ERC no olvidan: siete años después de aquello, desde la tribuna del Congreso, portavoces parlamentarios como Míriam Nogueras arremeten contra ella, con nombre y apellido, en sus recurrentes ataques a la magistratura española. También como instructora en la Audiencia Nacional, llevó las riendas de la investigación por delitos de terrorismo de la agresión a dos guardia civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua.

Aunque de perfiles progresistas y conservadores respectivamente, las candidaturas de Ángeles Huet y Esperanza Córdoba son más neutras que las de las dos anteriores. Huet fue la ponente de la resolución que inadmitió el recurso del PP y de Ciudadanos contra los indultos del 'procés' por falta de legitimación; Córdoba apenas aterrizó en el Tribunal Supremo hace cuatro años pero conoce bien el Consejo, donde hasta febrero de 2020 fue jefa de su Servicio de Inspección.

Respecto a los candidatos varones, el prestigio de Antonio del Moral está fuera de toda duda. Fiscal por oposición desde 1983, ha estado destinado en el Gabinete Técnico de la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo, de cuya Sala Segunda forma parte desde hace doce años y en la que ha formado parte del tribunal del 'procés'. Por su rigor técnico y académico, fue designado por el Gobierno para dirigir el grupo de estudio para la reforma de la Ley de la Enjuiciamiento Criminal.

Por último, Pablo Lucas asumió la presidencia en funciones de la Sala Tercera el 31 de diciembre de 2022. Miembro electivo de la Sala de Gobierno desde noviembre de 2013, en 2009 fue designado por el CGPJ magistrado encargado del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, cargo en el que fue confirmado en 2014 y en 2019. Hace apenas unos meses estuvo en la diana del independentismo y no dudó en denunciar las presiones que recibió del Parlament de Cataluña por negarse a comparecer en la comisión Pegasus.

Entre las últimas sentencias en las que ha ejercido como ponente, destaca la de noviembre de 2023 que anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. Aunque se le considera progresista, ha sido propuesto por los conservadores. Tanto él como Teso participaron en el tribunal que en 2019 avaló por unanimidad la exhumación de Francisco Franco.

Con estas candidaturas sobre la mesa los veinte vocales tendrán que debatir y votar a su candidato el martes a las diez de la mañana. El elegido tiene que tener el apoyo de la mayoría de tres quintos de los miembros del Pleno, es decir, de doce. La prueba del algodón para comprobar si realmente hay posibilidad de consenso en un CGPJ en que de los doce vocales de procedencia judicial siete han sido propuestos por el Partido Popular y cinco por el PSOE; y de los juristas –siempre más significados políticamente–, tres por el PP y cinco por el PSOE. Entre estos últimos se encuentran la mano derecha de Delgado en Memoria Democrática y exportavoz de la UPF Inés Herreros, o la profesora de Derecho Constitucional y hasta ahora letrada de María Luisa Balaguer en el Tribunal Constitucional Argelia Queralt, hermana del senador de Esquerra Joan Queralt.

La presidencia del CGPJ y del Supremo no es una cuestión baladí en un momento en el que el órgano de gobierno de los jueces tiene que seguir manteniendo la defensa de los togados ante los ataques a los miembros de la carrera, a los que sin ambages el Gobierno y sus socios llaman de forma más o menos sutil «prevaricadores». Pero también por los nombramientos que se avecinan, nada menos que un centenar, como consecuencia de la ley que hace ya tres años recortó las atribuciones del CGPJ impidiéndole cubrir las vacantes. Claves resultan las presidencias de las Salas Segunda y Tercera del Supremo. La primera, de la que en unos meses saldrá Manuel Marchena, por cuanto es la que investiga y juzga a los aforados y tiene en sus manos el horizonte judicial de la amnistía o el futuro de causas como la que puede acabar imputando al fiscal general del Estado. La Tercera, porque es la que revisa los nombramientos o acuerdos del Consejo de Ministros y que ya ha anulado el de Valerio y el de varios generales.