Los tractores que acechan a Pedro Sánchez

El asunto ha alcanzado tal envergadura que en la primera sesión de control parlamentaria del año, celebrada el pasado miércoles en el Congreso, desplazó contra todo pronóstico a la ley de amnistía, encallada tras el rechazo de Junts per Catalunya en la votación del pasado 30 de enero. Sánchez se enfrentó a tres preguntas, las de Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y la diputada Teresa Jordà (ERC). El líder de la oposición le preguntó por el campo, aunque también por el olvido legal para Carles Puigdemont, mientras que el presidente de Vox y la parlamentaria independentista, desde posturas ideológicamente antagónicas, centraron su intervención en el primer asunto.

Sánchez tiró de argumentario para contestarles, apelando a actuaciones anteriores a esta crisis, como la ley de cadena alimentaria, o a las ayudas a la agricultura. Las mismas medidas que 24 horas antes había sacado a colación la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, después del Consejo de Ministros y con los tractores desplazados ya por todo el país. Y replicó las críticas de los partidos de la derecha que apuntaron, en línea con los manifestantes, a un supuesto «dogmatismo ambiental» del Gobierno, lo que señala a una de sus más queridas colaboradoras, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ostenta esa cartera desde que Sánchez llegó a La Moncloa a mediados de 2018.

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Lo cierto es que las orejas del lobo de un levantamiento agrícola ya las vio Sánchez hace justo cuatro años, a principios de 2020. Acababa de lograr su investidura, merced al acuerdo de coalición con Podemos, cuando siguiendo la estela de los chalecos amarillos franceses que llegaron a incendiar París, muchos agricultores, destacadamente olivareros andaluces, comenzaron a cortar autovías, como ocurre ahora. Pero llegó la pandemia y ese incipiente movimiento, como todo lo demás que no fuera la Covid, quedó congelado. Entonces, como ahora y al igual que Ribera desde 2018, al frente del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está Luis Planas, un veterano socialista con buena interlocución con el sector y al que muchos en el entorno gubernamental atribuyen que las cosas no hayan llegado a mayores. Al menos hasta ahora.

Pero, además de la transición ecológica y de todo lo que engloba la Agenda 2030 -cuyo pin suele lucir en la solapa Sánchez, que le ha dado incluso rango de Secretaría de Estado-, hay otros dos empeños políticos del líder socialista (sin duda no exclusivos del presidente español) que chocan frontalmente contra lo que proclaman los tractoristas en las calles, tanto las de nuestro país como las europeas. Y no son otros que el acuerdo con Mercosur, que lleva décadas negociándose y al que Sánchez trató de dar impulso el año pasado como presidente de turno del Consejo de la Unión Europea (UE), y la política de ayudas o incluso de ampliación del club comunitario a Ucrania.

Lo primero es rechazado por unos agricultores que consideran injusto introducir en el mercado europeo productos con estándares de calidad bastante menos rigurosos, según han denunciado reiteradamente, también en estas semanas de protestas. Y lo segundo, dada la vasta extensión agrícola del no en vano denominado 'granero de Europa', podría hacer saltar por los aires la Política Agraria Común (PAC), al menos tal y como la conocemos.

El Ejecutivo trata de reconducir el conflicto al marco estrictamente económico o de ayudas. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, señaló el viernes en Málaga que se han dado «1.380 millones desde 2022 en ayudas directas, 2.800 millones en ayudas para la modernización del regadío o 4.800 millones ligados a la Política Agraria Común». La número dos de Sánchez trató de combatir las críticas a la derecha en el ámbito medioambiental, ya que «no puede ser que dejemos a un lado los criterios medioambientales o que renunciemos a la digitalización simple y llanamente porque son transiciones complejas», argumentó Montero.

La ministra de Seguridad Social Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, se reúne hoy con el sector, al que propondrá garantizarle una migración «circular y ordenada» como solución a la falta de mano de obra. Sánchez, en definitiva, afronta una crisis de envergadura que atañe a varias de sus convicciones políticas, en un momento de gran incertidumbre política sobre el futuro de su mandato.