El Supremo tumba el nombramiento de Dolores Delgado al frente de Memoria Democrática

Tiempos complicados para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que tampoco en esta ocasión ha conseguido librarse del escrutinio del Tribunal Supremo (TS) a su política de nombramientos y ha vuelto a sumar otro infortunio a su polémica carrera al frente del Ministerio Público, marcada desde el minuto uno por la excepcional declaración de inidoneidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, la misma que tumbó en noviembre el ascenso de Dolores Delgado y acusó a García Ortiz de desviación de poder, ha anulado este martes la designación de la exministra socialista de Justicia al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática.

Los magistrados han considerado por mayoría —cuatro votos frente a uno— que el máximo representante del Ministerio Público, y quien fue su mano derecha siendo ella fiscal general, debió hacer caso al Consejo Fiscal cuando la mayoría de sus vocales le pidieron analizar la posible incompatibilidad de Dolores Delgado en esa fiscalía especializada, dado que el despacho de su pareja, el exjuez y abogado Baltasar Garzón, despliega parte de sus actividades en este ámbito.

La Sala ha admitido así los recursos de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y de uno de los candidatos a esa plaza, Luis Ibáñez, y ordena retrotraer el procedimiento al momento en el que la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal —los seis de la AF y el de la APIF— pidieron sin éxito a García Ortiz que se debatiera esa posible incompatibilidad que es causa de prohibición en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Según este precepto, los fiscales no podrán ejercer «en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal«.

En este caso los recurrentes recordaban que la pareja de la exministra preside la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que desde hace más de una década «participa activamente en la elaboración de informes ante instituciones nacionales e internacionales sobre materias tales como las supuestas infracciones del Estado español de lo dispuesto en la Convención contra las Desapariciones Forzadas o, ante la ONU, proponiendo investigar y juzgar las desapariciones del franquismo y la no aplicación de la Ley de Amnistía« de 1977. Aludieron también al hecho de que precisamente esos informes fueron el fundamento de la Ley de Memoria Democrática que la misma Delgado impulsó como ministra, hasta el punto de que la propia Fiscalía especializada que recoge esta ley «es fruto de sus recomendaciones».

Lejos de escuchar al Consejo Fiscal, García Ortiz no sólo se apresuró a adelantar el pleno respecto a la fecha prevista en principio —precisamente cuando Sánchez comunicó el adelanto de las elecciones generales del pasado julio—, sino que aun teniendo estas cuestiones sobre la mesa, el fiscal general negó a la mayoría de los vocales el estudio de esa incompatibilidad, lo que provocó que siete de los nueve consejeros electivos decidieran no participar ni en la deliberación ni en la votación de la plaza.

Aun así García Ortiz prosiguió con el nombramiento pese a recibir solo el apoyo de uno de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de las dos vocales natas. A juicio de los recurrentes el nombramiento era nulo de pleno derecho al no haberse formado correctamente la voluntad del Pleno para informar sobre esta propuesta, lo que ha reconocido la Sección Cuarta, formada por los magistrados Pablo Lucas, Pilar Teso, Antonio Fonseca-Herrero, José Luis Requero y Luis María Díez-Picazo.

Este es el segundo toque de atención del TS que recibe García Ortiz después de que el pasado noviembre, días antes de que fuera reelegido por el Gobierno para afrontar un segundo mandato al frente del Ministerio Público, esta misma Sala le acusara de una desviación de poder «visible e innegable», en relación a otro nombramiento que también afectaba a Dolores Delgado: su ascenso a primera categoría como jefa de la Fiscalía Togada del Supremo. La transcripción de su intervención en el Consejo Fiscal sacó a la luz la arbitrariedad que supuso este nombramiento, que fue en realidad una salida a una situación que el propio fiscal general tildaba de «laguna» y que se propuso solucionar él: la injusticia que suponía el hecho de que, tras dejar la Fiscalía General «por motivos de salud», Delgado volviera a convertirse en una fiscal rasa al no ostentar esa primera categoría cuando fue elegida por el Gobierno para dirigir la institución.

El Supremo fue muy duro con la arbitrariedad mostrada por García Ortiz en aquel nombramiento y vio una desviación de poder «visible e innegable»: su finalidad fue «solucionar» lo que él consideraba una laguna legal, que era que Delgado no pudiera ser promovida de forma automática a primera categoría una vez dejado el cargo de fiscal general. «Ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal», apuntaron entonces los magistrados.

Tan tocado quedó García Ortiz a raíz de esta sentencia que días después, cuando el nuevo Gobierno de Sánchez le propuso para un segundo mandato, se convirtió en el primer fiscal general del Estado declarado no idóneo por parte del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, su propio nombramiento está recurrido por AF y APIF, que consideran que «la designación como fiscal general del Estado, cabeza y representación de la institución, de una persona que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, que ha omitido cualquier obligación debida a la institución, a sus fiscales y faltado el respeto al Consejo Fiscal (...), y que está condenada por desviación de poder en términos inusualmente duros, supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación tristemente popular: '¿La Fiscalía de quién depende?'».

De momento, fuentes próximas a la anterior fiscal general esperan conocer los términos en los que se expresa la sentencia que se hará pública en los próximos días para poder valorarla en profundidad. En este momento fuentes fiscales admiten que no hay pronóstico del tiempo que puede tardar en resolverse este nombramiento, para el que será necesario cumplir con ese estudio sobre una posible incompatibilidad que pidió la mayoría del Consejo Fiscal.

En paralelo al recurso contra su propio nombramiento, la sombra de la querella del novio de Ayuso que este martes admitió el TSJ de Madrid se extiende también sobre García Ortiz, pues si las indagaciones sobre la presunta revelación de secretos le alcanzan, esta querella acabaría también en el TS.