El Senado exigirá el cese del fiscal general del Estado «por su intolerable conducta»
El PP lleva al pleno una moción la próxima semana en la que pedirá al Gobierno que nombre a alguien «que garantice la idoneidad, imparcialidad e independencia»
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«Ni un segundo más». Ese es el tiempo que debe permanecer Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, en opinión de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. Su partido promoverá en el pleno de la próxima semana una moción ... consecuencia de interpelación en la que insta al Gobierno a cesarlo y a nombrar un sustituto «que garantice la idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia requerida para el ejercicio del cargo».
La mayoría absoluta del PP en el Senado garantiza que la moción sea aprobada, por lo que la próxima semana habrá un mandato oficial de la Cámara Alta al Ejecutivo para el nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado. Las mociones no tienen valor legal, por lo que no son vinculantes, pero sí reflejan la voluntad, en este caso, de una de las dos cámaras de las Cortes Generales.
En un contexto en el que Pedro Sánchez se parapeta tras una supuesta «regeneración democrática» para tratar de recobrar fuerza tras su amago de dimisión, García advierte, precisamente, que «una verdadera regeneración democrática debe pasar por mayor separación e independencia entre los poderes del Estado». «Si Sánchez quiere ser creíble, lo primero que tiene que hacer es cesar al fiscal general», insiste la portavoz popular.
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En el texto de la moción, a la que ha tenido acceso ABC, el PP fundamenta su petición «por el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones, y por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo». En concreto, los populares entienden que el cese de García Ortiz está más que justificado por el cuarto apartado del artículo 31.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Cabe recordar que García Ortiz –sucesor de Dolores Delgado en el puesto, que fue nombrada para un cargo que exige independencia cuando era ministra de Justicia y diputada del PSOE– es el único fiscal general del Estado en casi cinco décadas de democracia que no ha recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). García Ortiz, al acceder a la cabeza de la Fiscalía General del Estado, nombró a su antigua jefa fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. El movimiento le supuso su primer varapalo y el Alto Tribunal deshizo la designación de Delgado al apreciar «desviación de poder». Los propios fiscales pidieron que se anulase la elección de García Ortiz como fiscal general, pero sin ningún éxito.
«Muchas han sido las ocasiones en las que se ha puesto al servicio del Gobierno y no de los españoles, como cuando impidió al Consejo Fiscal elaborar un informe para el Senado sobre la amnistía», recuerda la portavoz del PP, a unos días del debate de la moción.
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