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Elecciones 23J

Sumar endurece su régimen disciplinario después de que Podemos lo relaje para blindarse

El partido de Yolanda Díaz suspenderá de afiliación y cargo a cualquiera que sea enviado al banquillo, mientras Belarra defiende que sí hay «acoso judicial», no debe dimitir a pesar de ser condenado

Manual para proteger al imputado en Podemos

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante la clausura del acto de presentación del Estudio de fundamentación para la Ley de Usos del tiempo y racionalización horaria, en la Dirección Provincial del SEPE, a 16 de junio EP
Gregoria Caro

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Movimiento Sumar, el partido de Yolanda Díaz con el que ha configurado la coalición Sumar, formada por 15 partidos más para presentarse a las elecciones generales del 23J, ha publicado en su página web los estatutos. El documento consta de 24 páginas y aclara su estructura y normas.

Tiene tres órganos principales: una presidencia, la llamada mesa de coordinación, que hará la función de la dirección ejecutiva, y la Asamblea General, formada por los afiliados con cuota. También están definidos sus órganos de vigilancia y democracia interna, como la Comisión de Garantías.

En el 'Capítulo II', relativo al régimen disciplinario, aparece una diferencia importante con los estatutos de Podemos. Sumar endurece sus normas disciplinarias contra los casos internos de corrupción y otros delitos después de que Podemos haya estado relajándolas desde su fundación.

El partido de Yolanda Díaz suspenderá de afiliación a cualquiera que sea enviado por el juez al banquillo por corrupción y otros delitos fijados en su Código Ético. Sin embargo, en la última modificación de los estatutos de Podemos, cuando la actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, llegó a la Secretaría General, se aprobó que si el partido considera que existe «acoso judicial (o 'Lawfare', término en ingles)» hacia su cargo, éste no debe dimitir aunque esté condenado.

Preguntados por ABC por la fórmula mencionada que utiliza Podemos para blindar a sus dirigentes, fuentes de Sumar aseguran que no se contempla en sus estatutos nada similar. Sin embargo, Sumar y Podemos sí que permiten que cargos imputados e investigados puedan seguir en su cargo. Algo que Podemos no permitía en su reglamento cuando se fundó.

Pero el partido de Belarra ha ido descafeinando su código ético para contrarrestar las diferentes imputaciones y condenas que han recaído sobre sus dirigentes más fuertes. El portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, fue condenado en 2020 por contratación irregular a su asistente. Echenique no dimitió. Pero en Sumar su perfil no encaja: le han vetado y no irá en ninguna de sus listas electorales al 23J.

En 2018, Podemos eliminó del documento ético la obligación de dimitir si te imputaban (lo que ahora se llama investigados). Esto blindó a sus políticos clave, que salieron impunes de sus normas internas

Suspensión de afiliación e inhabilitación para el cargo. En el artículo 10 de los estatutos de Sumar se especifica que «en el caso de personas afiliadas incursas en un proceso penal respecto de las cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción se procederá a la suspensión cautelar automática de afiliación». Lo mismo que en casos de violencia de género y de otros delitos reflejados en el Código Ético de Sumar (todavía sin publicar) que se consideren en contra de sus principios.

Además, en el artículo 12 se señala que si la persona con afiliación en suspensión cautelar tiene un cargo orgánico en Movimiento Sumar o en representación del partido, «la sanción conllevará igualmente la inhabilitación para desempeñarlo durante el tiempo que dure aquella».

En 2018, Podemos eliminó del documento ético la obligación de dimitir si te imputaban. Pese a ser una norma fundacional del partido de Pablo Iglesias, que nació como adalid de la «regeneración democrática». La eliminación de esta palabra de su reglamento supuso el blindaje del propio Iglesias.

A finales de 2020, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, solicitó al Tribunal Supremo que investigara a Iglesias por tres delitos relacionados con el «caso Dina»: descubrimiento de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa y/o simulación de delito en relación con la tarjeta del móvil robada a su exasesora, Dina Bousselham. No obstante, luego el Supremo archivó la causa en mayo.

Podemos justificó esa modificación porque muchos de sus dirigentes eran acusados sin pruebas. «Contra Podemos, todo vale», decía Echenique. Pero ellos sí han pedido dimisiones de otros políticos sin sentencia firme ni juicio.

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