Manual para proteger al imputado en Podemos

La dirección nacional, antes en manos de Pablo Iglesias, ahora, a menos de una semana de depender de Ione Belarra, ha ido relajando su código ético para contraponerse a las imputaciones judiciales y condenas que recaen sobre sus dirigentes más fuertes . Como si de un manual para sortear responsabilidades se tratase, he aquí un breve viaje por las excusas y modificaciones en sus reglamentos.

Según se señala en el primer documento de 2014, no recae ninguna responsabilidad sobre Isa Serra, condenada por el TSJ de Madrid por una agresión a la Policía en un desahucio en Lavapiés, ni sobre el secretario de organización, Alberto Rodríguez, igualmente imputado por una patada a otro agente en una manifestación en Canarias. Estos delitos no están penados en el reglamento morado, que se centra sobre todo en tipos penales genéricos y abiertos a la interpretación. Una imprecisión con la que el partido morado ha jugado desde el inicio.

El punto g) de aquel texto decía: «El compromiso de renuncia al cargo público, interno o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el Reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos». Desde entonces, este punto se movió y ha sido sometido a cambios.

En 2018, Podemos eliminó del documento ético la obligación de dimitir si te imputaban (los que ahora se llaman investigados). Esto blindó a sus políticos y varios dirigentes clave salieron impunes de la normativa interna por la modificación. El más relevante es el caso del exvicepresidente del Gobierno y exlíder del partido, Pablo Iglesias. A finales del año pasado, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, solicitó al Tribunal Supremo que le investigara por tres delitos relacionados con el «caso Dina»: descubrimiento de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa y/o simulación de delito en relación con la tarjeta del móvil robada a su exasesora, Dina Bousselham. No obstante, luego el Supremo archivó la causa en mayo.

Otro caso es el del alcalde morado más fuerte, José María González, 'Kichi', en Cádiz, investigado por prevaricación y malversación de caudales públicos en 2018. Al final, esa denuncia también fue archivada. Una búsqueda rápida en internet ofrece otros ejemplos parecidos dentro de la formación. Desde 2018, hasta el próximo fin de semana cuando volverá a modificarse, el reglamento solo te exige dimitir si eres «procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que publicará la Comisión de Derechos y Garantías».

Desde Podemos explicaron en su momento que la modificación se realizó porque muchos de sus dirigentes eran acusados sin pruebas. «Contra Podemos, todo vale», decía Echenique. Hoy dicen que obligarles a dimitir sin condena es injusto. Con lo que admiten dos cosas: una, que se excedieron en su código ético por querer «dar ejemplo». Y dos, se constata su doble vara medir porque sí han pedido dimisiones de otros políticos o personajes públicos sin sentencia firme ni juicio.

Echenique fue condenado en octubre del año pasado a pagar una multa de 11.040 euros impuesta por el TSJ de Aragón por tener a un asistente sin contrato. El código ético vigente le obliga a dimitir por un delito «contra los derechos de los trabajadores». El TSJA señaló que el trabajador estuvo más de 23 meses sin contrato y sin dar su alta en la Seguridad Social. Echenique esgrimió entonces que la ley de Dependencia Estatal y Regional aragonesa permite que los asistentes puedan trabajar como autónomos. Aunque nunca pudo justificar que tenía ese tipo de contrato al no aportar facturas. Echenique debió dimitir por pagar en negro a su asistente, según el documento ético de su partido, por un delito «contra los derechos de los trabajadores». Sin embargo, desde el partido interpretan que ese punto hace referencia a cargos públicos o candidatos que tengan una empresa con trabajadores «en estado precario», pero «no» a estas sanciones. Equilibrismos.

La futura líder de Podemos, Ione Belarra, se presenta a la IV Asamblea del día 12 con nuevos estatutos que justifican «el acoso judicial» como excepción para proteger a los cargos. Así se refleja en la página 7 de su propuesta ética: «Este precepto deberá aplicarse en cumplimiento de la legislación vigente mientras esta se intenta modificar desde los correspondientes legislativos y con las matizaciones necesarias cuando exista un contexto de acoso judicial con intenciones políticas (lawfare) y alejado del derecho».

El propio partido resuelve si existe una «persecución judicial». Actitud que ya aplicaron estos días con Alberto Rodríguez. «Estamos ante una estrategia más de criminalización de las personas que se manifiestan para defender derechos», denuncian. «Buscan meter miedo a la gente que se moviliza» y es «un claro montaje».