Los socios de Sánchez le marcan la agenda de 2025: inmigración, seguridad, vivienda e impuestos

Al siempre exigente Junts, que espera que por fin la amnistía termine beneficiando a su líder, el prófugo Carles Puigdemont, se une la voracidad de Podemos, que perfila posiciones de máximos para intentar imponerse en su duelo con Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz.

La legislatura comenzó con Sánchez accediendo a la exigencia máxima de Junts, aprobar una ley de amnistía de dudoso encaje constitucional en favor de los encausados por el 'procés', a pesar de que había prometido en campaña que no lo iba a hacer, pero en 2024, más allá de las dificultades de su aplicación –el Tribunal Supremo rechaza amnistiar la malversación, por lo que Puigdemont sigue perseguido por ese delito–, se constató un obstáculo añadido: la incompatibilidad ideológica de varios aliados de Sánchez.

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Por eso, ahora cruzan peticiones que avanzan en direcciones opuestas y permiten presagiar que en 2025 se mantendrá el incierto rumbo parlamentario, que discurrirá a la vez que las múltiples causas judiciales que enfrenta el Gobierno y de las que la oposición pretende hacer botín.

El mayor reto del Ejecutivo, en el ámbito parlamentario, es conseguir que los siete diputados de Junts no se unan a PP y Vox para conformar una mayoría de bloqueo que dé al traste con cualquier proyecto de PSOE y Sumar. Puigdemont terminó el año retando a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, que de perderla lo obligaría a dimitir, y todavía está en el aire si la Mesa del Congreso permitirá la tramitación de la iniciativa no vinculante que insta a ello al presidente.

Al margen de eso, Junts quiere que el Gobierno cumpla su promesa de delegar en la Generalitat de Cataluña, ahora gobernada por el PSC, la gestión de la inmigración. Los socialistas interpretan que solo se le pueden ceder ciertas cuestiones, pero no de forma integral porque la Constitución blinda la inmigración como una competencia estatal. Los neoconvergentes, no obstante, quieren hacerse con el control de las fronteras y del flujo migratorio en Cataluña. Sus posiciones en la materia chocan con las de ERC.

Fuentes republicanas consultadas por ABC, por su parte, fijan como objetivo prioritario para este 2025 hacer modificaciones en la legislación relativa a vivienda, para regular y restringir los alquileres temporales –principalmente los turísticos– y los de habitaciones. Los del indultado Oriol Junqueras, de hecho, sacaron recientemente adelante la toma en consideración de una proposición de ley que inicialmente impulsó Sumar en solitario y que entonces se encontró con el portazo de Junts.

La coalición de la vicepresidenta Díaz cobijó bajo ese paraguas a ERC y Bildu y superó después ese primer escalón, pero una cosa es que se acepte a debate una norma y otra bien distinta, que se apruebe. Y cualquier posición intervencionista en el mercado de la vivienda, a buen seguro, despertará recelos en Junts y PNV, como sucedió con el gravamen energético.

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley con esa medida en su última reunión del año –se lo había prometido a ERC, Bildu, Podemos y BNG–, pero la derecha nacionalista, indispensable para este Gobierno, ya ha avanzado que no lo convalidará en la Cámara Baja cuando se debata a finales de mes.

Fuentes de Podemos insisten a este periódico en que debe existir un impuesto a las empresas energéticas y recuerdan, además, que sus bases aprobaron dos exigencias sin las que su formación no debería apoyar –quizá sí abstenerse– los presupuestos: una rebaja significativa del precio de los alquileres de vivienda y romper las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.