El PNV complica la Ley de Seguridad Ciudadana y la enmienda para deshacer dos cesiones a Bildu

Más de un año después de aquel fracaso, a principios de octubre de este 2024, Bildu anunció por sorpresa un acuerdo con el Ejecutivo por el que este renunciaba a sus otrora líneas rojas y asumía las cuatro reivindicaciones de los aberzales. A saber: la prohibición del uso de las pelotas de goma y de las llamadas devoluciones en caliente, la rebaja de las sanciones por desobediencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la limitación de las sanciones por falta de respeto a la autoridad, hasta el punto de que estas pueden ser suspendidas con una mera petición de disculpas.

Los nacionalistas vascos, ya cuando Bildu hizo ese anuncio en solitario, que sorprendió por su pomposidad incluso al Gobierno, dejaron entrever su malestar y advirtieron que iban a presentar enmiendas. Así lo dijo también el diputado Mikel Legarda en la toma en consideración de la proposición de ley, por el rechazo del PNV a que se deje en entredicho el principio de autoridad de los agentes.

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Ana Sánchez

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El partido de Andoni Ortuzar, encabezado en el Congreso por Aitor Esteban, ha registrado un total de veintiocho enmiendas a la norma para recuperar el grueso del texto que ya habían pactado la mayoría de los socios del Gobierno en 2023 y que tumbaron ERC y Bildu por no incorporarse los cuatro puntos que ahora sí asume el Ejecutivo, a pesar de que el Ministerio del Interior prometió a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no lo iba a hacer.

Entre las modificaciones registradas por los peneuvistas, destacan dos que piden, respectivamente, corregir dos de las cesiones concedidas a Bildu. Una situación, dada la fragilidad de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno, que puede incluso peligrar la viabilidad de la reforma si, como sucedió la pasada legislatura, ninguno de los grupos que apoyan a Pedro Sánchez está dispuesto a ceder en sus postulados. El PNV defiende que se mantengan como graves las sanciones por desobediencia y pretende que se elimine la posibilidad, pactada por los socialistas con los aberzales, de que queden sin multa las faltas de respeto para quienes se disculpen posteriormente. Una medida, advierten, con la que «se podrían realizar actos sancionables de forma recurrente e impune».

A este escenario incierto se unen Junts y Podemos, los aliados más díscolos del Ejecutivo, que presagian una mayor complejidad todavía. Los independentistas catalanes, al igual que el PNV, ya adelantaron que iban a presentar enmiendas tras anunciarse el pacto con Bildu, mientras que Podemos, que el año pasado sí votó a favor del texto que no aceptaban ERC y Bildu cuando formaba parte del Gobierno, ahora lo ve insuficiente.

La formación de Ione Belarra cree que deben garantizarse de forma más clara tanto la prohibición del uso de pelotas de goma como material antidisturbios como las devoluciones en caliente de inmigrantes que accedan al territorio nacional de forma irregular. El texto pactado con Bildu plantea la sustitución progresiva de esos proyectiles por otros materiales menos lesivos, pero no especifica un calendario concreto, y deja el fin de los rechazos en frontera, que por cierto fueron avalados por el Tribunal Constitucional, en una futura modificación, en seis meses, de la ley de extranjería.