El choque PNV-Podemos con la ley de Seguridad abre otro frente a Sánchez

El resultado es que, de un lado, el partido que preside Andoni Ortuzar, conservador, considera que los cambios que se pretenden van demasiado lejos y, de otro, Podemos, a la izquierda del PSOE, considera que esos mismos cambios se quedan cortos.

Así las cosas, los peneuvistas y morados dejarán claro hoy en el Congreso que presentarán enmiendas para modificar ese acuerdo, y que hoy por hoy no puede contarse con su sí. El problema de fondo es que la filosofía de sus planteamientos es difícilmente compatible y que, entre ambos, reclaman cambios en todos los puntos que habían dejado pactados PSOE y Bildu.

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Esto es: la prohibición expresa del uso de pelotas de goma, las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla; la rebaja de los tipos sancionadores a desobediencia, resistencia, negativa a identificarse ante una autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones; y la rebaja de las faltas de respeto a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Gobierno necesita llegar a un acuerdo con todos los partidos del bloque de investidura porque la Ley de Seguridad Ciudadana tiene rango orgánico y no puede modificarse con mayoría simple (más votos a favor que en contra) sino que necesita mayoría absoluta (176 votos a favor). «Nosotros hemos mantenido la misma posición desde que se anunció que la reforma volvía a la Cámara, que es que nosotros hemos sido los precursores de esta iniciativa», señalan fuentes del PNV, en las que se aprecia cierta molestia porque los socialistas se echaran en brazos del partido de Arnaldo Otegi para sacar adelante esta ley. «Hubo desacuerdo en la legislatura pasada en cuatro puntos, el PSOE ha acordado con Bildu desatascarlos, pero nosotros tenemos reticencias en dos de los cuatro puntos», añaden.

Y es que el Partido Vasco no ve con buenos ojos la rebaja del castigo a la desobediencia, la manifiesta resistencia a la autoridad o la no proporción de identidad porque considera que es necesario proteger «el principio de autoridad». Los socialistas aceptaron rebajar las faltas de respeto y desobediencia de graves a leves, e incluir que si un ciudadano comete una falta de este tipo y se retracta, pide perdón, desaparece la sanción y puede hacerlo además de manera reiterativa. En cambio, el final de las pelotas de goma y de las devoluciones en caliente con la redacción acordada por PSOE y Bildu no les parece mal.

Podemos se sitúa en el punto contrario en estos dos últimos puntos. «El acuerdo que se ha alcanzado es insuficiente», señalan. Sobre las pelotas de goma, los morados se quejan de que el acuerdo «habla de eliminación pero con un enunciado muy genérico, sin un calendario concreto». «Lo que queremos es que se acaben ya, ahora, y eso se tiene que concretar porque de lo contrario ya sabemos luego qué puede pasar», dicen con desconfianza. Respecto a las devoluciones en caliente, no están de acuerdo con que se derive «a presentar otra proposición para abordar su final». En cambio, a Podemos le parece bien la rebaja del principio de autoridad de los agentes que tanto molesta al PNV, como también están de acuerdo en que las faltas puedan levantarse con la simple petición de perdón.

La dificultad de alcanzar un texto al gusto de todos la expresan claramente el PNV. «Queremos que haya un equilibrio entre derechos y seguridad. Creemos que la actual 'ley mordaza' no tiene ese equilibrio entre derechos y seguridad, o libertad y seguridad. En cualquier cosa que se escape de ese equilibrio no estaremos y presentaremos enmiendas que habrá que votar o transaccionar», advierten.

Podemos, por su parte, va a por todas. «La aritmética es la que es», recuerdan haciendo valer sus escaños. «Será una negociación más, a ver hasta dónde conseguimos llegar y, en función de eso, tendremos que ir valorando escenarios. El texto que hay ahora mismo sobre la mesa necesita esas mejoras», subrayan fuentes de esa formación en referencia a los cambios en devoluciones en caliente y pelotas de goma.

Tampoco Junts ha asegurado su apoyo a la reforma, siendo también necesario en la ecuación, aunque fuentes socialistas creen que en esta vez serán menos problemáticos porque ven posible negociar con ellos cuestiones relacionadas con Cataluña y no con el texto.

Las complicadas negociaciones comenzarán una vez que el bloque de investidura tumbe hoy las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Vox para intentar echar abajo la reforma. El Gobierno y sus socios votarán juntos hoy para que la tramitación pueda continuar en la Comisión de Interior, a la espera de ver qué enmiendas presenta cada uno y hasta dónde llega cada parte. La primera reunión podría convocarse para la semana que viene ya que la reforma se está tramitando con carácter urgente.

Pese a ello, la prioridad del Gobierno se encuentra ahora en sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado, y las demás grandes negociaciones se encuentran supeditadas a este objetivo que requiere, a su vez, que se celebre el congreso de ERC y quede configurada la nueva dirección de este partido. «Ahora mismo son dos almas distintas con planteamientos distintos», subrayaba ayer un miembro del Gobierno sobre la situación interna de los republicanos. Es por ello que todas las fuentes consultadas descartan que las negociaciones «vayan a comenzar hoy mismo» y el texto pueda aprobarse antes de las vacaciones de Navidad, como temía el Partido Popular.

El grupo que preside Alberto Núñez Feijóo también presentará enmiendas y podría intentar pactar alguna con los partidos conservadores aliados del Gobierno, como el PNV. Los populares presentarán enmiendas para respetar la ley tal y como está vigente en este momento, pero admitiendo algunos cambios que afectan al régimen sancionador. En concreto, impulsarán incluir como infracciones muy graves los homenajes a los autores de delitos de terrorismo así como a los ayuntamientos que autoricen dichos actos; la okupación de inmuebles; y el porte o uso de armas blancas. Además, defenderán tipificar como infracciones leves la ocupación de la vía pública y la venta ambulante, el llamado «top manta».

De fondo, su discurso se centrará en poner de manifiesto lo que consideran la gran hipocresía del Ejecutivo respecto a esta ley. Esto es, que cuando Mariano Rajoy la aprobó reclamó su derogación pero una vez en el Gobierno la ha utilizado más que el PP y ha recaudado mucho más en multas.