Seis ministros vigilarán el plan de Sánchez para controlar a la prensa

Es decir, un organismo político dependiente del Gobierno que evaluará «al menos cada tres meses» el grado de cumplimiento de ese plan antes de que sus 11 líneas de actuación y 31 medidas pasen por las Cortes, a pesar de que su horizonte temporal abarca desde ahora hasta 2027. En resumen, aunque el plan requiere de tres años para su cumplimiento, el Gobierno empezará a vigilar a los medios desde el mes que viene.

Según ese documento de cinco páginas, la citada comisión controlará «los problemas que puedan producirse en su implementación efectiva, a partir de la información suministrada a la comisión por los distintos actores». Están concernidos hasta seis ministros: además de los dos citados, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la de Hacienda, María Jesús Montero; el de Economía, Carlos Cuerpo; y el de Transformación Digital, Óscar López. De los seis, tres forman parte del núcleo duro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Bolaños, Montero y López).

De esta forma, el Gobierno se reserva la posibilidad de actuar en cuanto considere oportuno sobre el grado de cumplimiento y ejecución de un plan del que todavía se conocen pocas concreciones y lo hará siempre «de acuerdo con los indicadores previstos en los planes o programas que ejecuten o desarrollen». Además de una valoración «final», la comisión podrá llevar a cabo una evaluación «intermedia que controle el grado de implementación y el impacto producido».

El ministro Bolaños explicó el pasado martes que el plan se elabora sobre tres ejes: ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer precisamente la transparencia, pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo y reforzar la transparencia del Poder Legislativo y del sistema electoral. Todo ello a pesar de que, como recordó ayer ABC, más del 60% de los organismos públicos dependientes del Ejecutivo incumplen la Ley de Transparencia porque ofrecen una información insuficiente sobre su funcionamiento y organización.

Pero la comisión, según este borrador, no se quedará ahí. También está autorizada para «elaborar propuestas de modificación del contenido del plan conducentes a su mejora». Las reuniones de la comisión tendrán una periodicidad, al menos, de carácter trimestral. Del mismo modo, el borrador del decreto señala que no supone un aumento del gasto público, ya que funcionará con los medios materiales y personales de los citados ministerios y se «adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y eficiencia». Asimismo, asegura que se ajusta al principio de seguridad jurídica, «pues resulta plenamente coherente con el resto del ordenamiento jurídico y su sistema de fuentes» y garantizará, aseguran, el principio de transparencia.

Adscrita al ministerio de Bolaños, la comisión tendrá las siguientes funciones: «El impulso y coordinación de las medidas que haya de adoptar la Administración General del Estado en el seno del Plan de Acción por la Democracia; el seguimiento periódico de las propuestas y actuaciones de los departamentos ministeriales y de sus organismos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes; así como del grado de cumplimiento de las mismas; la formulación de propuestas de modificación del contenido del plan conducentes a su mejora y al cumplimiento del mismo; la realización de evaluaciones intermedias y de la evaluación final del impacto del plan, basada en los indicadores del grado de cumplimiento previstos en las distintas medidas que se ejecuten o desarrollen». Y aún hay más: la comisión podrá acordar la creación de grupos de trabajo, con la composición y régimen de funcionamiento que se acuerde por la misma.

El Gobierno admite que en la tramitación de la norma se ha prescindido del trámite de consulta pública, decisión que justifica porque «se trata de una norma organizativa que carece de un impacto significativo en la actividad económica y no impone obligaciones relevantes a los destinatarios». Igualmente, ha prescindido «de los trámites de audiencia e información pública» porque, dice el Ejecutivo, se trata de una norma organizativa. Tampoco concede papel alguno a las autonomías. «Se considera», dice el decreto, «que no existe otra alternativa más eficiente».