El Gobierno de Sánchez incumple la transparencia que exige a la prensa

Más del 60% de los mismos incumplen sus obligaciones de facilitar información sobre sus cuentas, sueldos o altos cargos. Así lo confirma el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que durante la primera mitad del año ha evaluado a 128 organismos estatales elegidos al azar, de lo cuales hasta 78 no cumplen ni la mitad de sus obligaciones respecto a esta exigencia democrática regulada por ley. Así, la media de todos ellos apenas cumple el 45% de sus obligaciones en materia de transparencia y publicidad activa. Y entre esas entidades hay algunas comandadas por personas estrechamente vinculadas a Sánchez, como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por José Félix Tezanos, y otras salpicadas por el escándalo del caso Koldo, como Adif o Puertos del Estado.

En el caso de esta última, y según los resultados oficiales de esta evaluación, la primera a la que se somete, dicha entidad no hace pública en su portal información obligatoria de carácter presupuestario y económico. El análisis que realiza el CTBG es que no se localizan informes sobre presupuestos, retribuciones anuales de los altos cargos y máximos responsables, modificaciones de contratos, convenios suscritos, encomiendas de gestión y subcontrataciones derivadas de las mismas. La nota final que recibe Puertos del Estado respecto a la información económica relevante que ofrece es un 19,3 sobre 100. Es decir, ni un 2 en la escala de 10.

En cuanto a Adif, no refleja en su portal aspectos de relevancia organizativa como planes y programas, tampoco el grado de cumplimiento o los resultados de los mismos. Aun así, en ese aspecto obtiene un aprobado raspado en el índice de cumplimiento de información obligatoria, con casi un 5,3. La asignatura que hunde la media de Adif es también la económica y presupuestaria. En ese sentido, el CTBG considera que este ente estatal debe publicar en su portal «la información de los presupuestos del organismo, la ejecución de los mismos, informes de auditoría y fiscalización elaborados por el Tribunal de Cuentas, que es el órgano de control externo de la Administración General del Estado». Suspende así con un 4,4 en este apartado, por lo que tampoco llega al aprobado en cuanto al índice de cumplimiento de la información obligatoria.

Entidades públicas

a examen

Datos en número de instituciones y %

Instituciones aprobadas

con una nota de entre 100 y 69

Instituciones con aprobado raspado

con una nota de entre 65 y 50

Instituciones suspensas

con una nota de entre 49 y 3,2

30

(23,5%)

78

(60,9%)

Total de

instituciones

128

20

(15,6%)

Fuente: Elaboración propia /ABC

Entidades públicas a examen

Datos en número de instituciones y porcentaje

30

(23,5%)

78

(60,9%)

Instituciones aprobadas

con una nota de entre 100 y 69

Total de

instituciones

Instituciones con aprobado raspado

con una nota de entre 65 y 50

128

Instituciones suspensas

con una nota de entre 49 y 3,2

20

(15,6%)

Fuente: Elaboración propia /ABC

También suspende en transparencia el CIS de Tezanos. Su portal no ofrece información sobre su estructura organizativa, presupuesto, retribuciones anuales de altos cargos y de máximos responsables, informes de auditoría o fiscalización elaborados por el Tribunal de Cuentas, además de que «la información no está datada ni existen referencias a la última vez que se revisó o actualizó», señala la evaluación, en la que el CIS no alcanza ni un 4. Cabe recordar que hace poco más de un año el propio PSOE llegó a denunciar ante la Junta Electoral a varios medios privados como ABC, 'El Mundo' o 'El Español' por no incluir en las fichas técnicas de sus sondeos detalles tan irrelevantes como la dirección de la sede de sus encuestadoras privadas.

Otra entidad que suspende por motivos similares es Red.es, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, cuya cartera acaba de asumir el hasta ahora jefe de gabinete de Sánchez, Óscar López.

En este contexto, los ministros de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, presentaron ayer el plan del Gobierno sin ser capaces de contestar a la inmensa mayoría de preguntas planteadas por los propios medios de comunicación. Las medidas se basan en tres ejes. El primero de ellos, especificó Bolaños, para «ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental» mediante una estrategia de «gobierno abierto», la creación de una autoridad independiente de protección del denunciante o la reforma de la ley de secretos oficiales, una vieja reivindicación de algunos grupos como el PNV, que la legislatura pasada impulsó sin éxito una proposición de ley sobre el particular.

El segundo eje se centra en los medios y fue presentado por Urtasun. Contempla la creación mediante la CNMC de un registro que determine qué empresas son periodísticas, quiénes son sus propietarios y cuáles son sus ingresos publicitarios. Y también una reforma de la ley de publicidad institucional que introduzca, expresó el titular de Cultura, «criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación». En cambio, sí habrá discriminación positiva para los medios que publiquen íntegramente en las lenguas cooficiales, lo que abarca muchos digitales de Cataluña de marcada línea independentista. Las preguntas se sucedieron en la salda de prensa porque no hubo mucha o ninguna concreción sobre estas medidas, por ejemplo en lo referente a la fiscalización de la medición de audiencias, herramienta con la que el Ejecutivo pretende controlar el reparto de publicidad institucional, además de la obligación de que los gobiernos autonómicos publiquen cada año la distribución de la misma. Se trata, argumentaron los ministros, de que no haya medios dependientes de determinadas administraciones o impulsados por las mismas.

El amplio paquete de medidas genéricas, con una treintena de ellas entre proposiciones de ley u otro tipo de reformas, incluye también actualizar las leyes que protegen el derecho al honor y el de rectificación ante falsedades publicadas en medios, que datan de los años 80 y que por tanto, explicó Bolaños, no atienden al actual «ecosistema mediático». Y meter mano igualmente a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para hacer obligatoria para todos los candidatos en unas elecciones la asistencia a debates en televisión y para obligar a las empresas demoscópicas a publicar los «microdatos» de los sondeos que publiquen en campaña.

El plan contempla también la prometida y postergada reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada por la izquierda como 'ley mordaza', y una reforma del Código Penal para eliminar del mismo los delitos de injurias a las instituciones públicas. Preguntado por si eso abarcaba las injurias a la Corona, Bolaños se fue con ambigüedad por las ramas, pero Urtasun citó varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra algunas condenas impuestas en España y una de ellas, del año 2018, específicamente referida a la Corona. Fuentes de Sumar aseguran que de eso se trata, pese a las reticencias del PSOE.

Y en el ámbito parlamentario, el Gobierno aboga por una reforma del reglamento del Congreso para obligar por ley a la celebración del Debate del Estado de la Nación, que Sánchez hurtó en 2021. Además, se pretende fortalecer el régimen sancionador contra los partidos políticos que no presenten sus cuentas o contra los parlamentarios que no cumplan con la presentación de su declaración de bienes y actividades.

Otra de las medidas que el Ejecutivo impulsará, con el compromiso de implementarlas todas en los tres años completos que quedan de legislatura -siempre que no se adelanten de nuevo las elecciones- es una ley de lobbies. Nada, sin embargo, en lo referente a la regulación de la actividad del cónyuge de quien ostente la presidencia del Gobierno. Cinco meses después del amago de dimisión de Sánchez por el caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez.