Investidura de Illa
Sánchez toma el mando en Cataluña y encarga a Bolaños seducir a ERC
Traza dos vías paralelas: Moncloa negocia una financiación a medida e Illa se limita al futuro Gobierno regional
Las cuentas de los ricos, por Julián Quirós
Editorial ABC | Otra transacción de privilegios
El presidente del Gobierno ha delegado en su ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, las negociaciones con ERC para la investidura de Salvador Illa.Pedro Sánchez se mantiene en la prudencia de no hablar ni con las ... distintas facciones de los republicanos ni con Junts, pero tomó el fin de semana la iniciativa que el PSC había perdido y en una entrevista en 'La Vanguardia' se deshizo en elogios a Pere Aragonès y a Marta Rovira y mandó el mensaje de estar dispuesto a explorar el nuevo modelo de financiación para la Generalitat de Cataluña que pide ERC a cambio de sus veinte votos en el Parlament.
El equipo negociador de ERC, formado por Rovira, Oriol López, Josep Maria Jové, Marta Vilalta y Juli Fernández se reunirá paralelamente con el ministro Bolaños, para tratar el tema central de la nueva financiación, entendiendo que es el Ejecutivo quien está en condiciones de autorizarla, y con el equipo del PSC para tratar los asuntos más simbólicos e identitarios a los que sí podría dar respuesta un gobierno presidido por Illa, si es que finalmente lo hay.
En el entorno presidencial de Moncloa hay más optimismo que en el de los socialistas catalanes, decepcionado y desanimado por sigiloso pacto entre Rovira y Carles Puigdemont –tan sigiloso que no se enteró ni el propio Oriol Junqueras– que puso a Josep Rull como presidente del Parlament. El PSC afronta la negociación con vértigo, consciente de la crisis interna por la que atraviesan los republicanos y de lo imprevisible de sus decisiones, y aunque está convencido de que a ERC, sin candidato ni presidente, no le conviene ir a unas nuevas elecciones, teme que «el tiempo» que ha dicho Rovira que su partido necesita pase por la repetición electoral.
Los socialistas, tanto en Madrid como en Barcelona, no quieren volver a las urnas pero creen que saldrían con un resultado mejor, «aunque de todos modos la fotografía no cambiaría demasiado». En cualquier caso esperan «un verano largo y tortuoso y con negociaciones de pronóstico incierto».
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El entorno de Sánchez confía más en un final exitoso aunque no exento de sobresaltos en el camino. La prudencia formal del secretario general del PSOE, y su cuidado en no quemarse prometiendo a unos u a otros, contrasta con su modo más impúdico de afrontar el reto, y tal como salió el domingo a agasajar en público a los republicanos está dispuesto a ser «más que generoso» con las pretensiones económicas que plantean para dar a Illa la presidencia de la Generalitat.
En cuanto a ERC, todos los pasos que de momento ha dado han sido contrarios a la investidura del candidato socialista. La presidencia del Parlament entregada sin contrapartidas a Junts, la cancelación de la consulta a las bases sobre la entrada de ERC en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el socialista Jaume Collboni, entre otras manifestaciones de distintos sectores del partido, dan a entender que tanto Rovira como las bases están más cerca del rechazo a Illa que confiarle la Generalitat, aunque una financiación especial para Cataluña ha sido desde hace décadas una de las principales reivindicaciones primero del nacionalismo y luego del independentismo.
Cupo y solidaridad limitada
A esta reivindicación de financiación para la Generalitat se ha sumado sin tapujos el PSC. Y con este el PSOE. Al menos desde 2013, como queda reflejado en la Declaración de Granada de forma muy genérica. Los socialistas reclaman una reforma que mejore los ingresos del Govern. Plantean que un ente mixto recaude todos los impuestos de la comunidad y se entregue una parte al Gobierno para cubrir los gastos de la Administración General del Estado en Cataluña. Un cupo que no define con esta palabra por su connotación negativa en toda España.
El PSC, además, propone que se destine una parte a cubrir una solidaridad. Pero nadie, ni en Pallars ni en Ferraz, se ha atrevido a fijar una cifra o un porcentaje que determine este limite a la redistribución de la riqueza, que al fin y al cabo pagan y generan los ciudadanos y las empresas y no las autonomías propiamente dichas.
La propuesta singular de financiación que Aragonès puso negro sobre blanco, y que solo el adelanto electoral impidió que presentara en La Moncloa, es prácticamente la misma que llevó Illa en su programa electoral del 14 de mayo. Cambian los nombres, pero los mecanismos son idénticos. También en limitar la solidaridad que, en cualquier caso, limitaría el traspaso de fondos generados o facturados en Cataluña para otras regiones en la cantidad y el tiempo.
Para calcular la propuesta de financiación, Illa ha defendido la ordinalidad fiscal y que esta se blinde en futuras negociaciones de financiación. En términos económicos sería un sistema de nivelación de las autonomías a la media de recepción de fondos y que evite que una región que aporta quede por debajo de una que recibe, en términos per cápita ajustados (población, dispersión, superficie, envejecimiento, juventud, insularidad...).
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El 'sudoku' de la financiación autonómica (aprobado por última vez en 2009, es decir, lleva caducado mucho más que el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo) es un juego de equilibrios para tratar de compensar las reivindicaciones de los distintos territorios. El sistema tiene cuatro fondos: el de Garantía, el de Suficiencia Global, el de Cooperación y el de Competitividad, con los que se intenta compensar y dar salida a las necesidades de gasto asumidas por los gobiernos autonómicos (siempre dejando al margen al País Vasco y Navarra, que no forman parte del sistema de régimen común, al ser forales y fijado en la Constitución de 1978).
No es el momento
Para Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y uno de los mayores expertos en el sistema de financiación autonómica, habrá que esperar a ver qué entiende el Gobierno por «financiación singular» para Cataluña para saber si, primero, tiene encaje legal, y segundo, es viable. «Desde luego, si se trata de equipararlo al modelo foral, habría que cambiar la Constitución», apunta a este diario.
De la Fuente recuerda que el modelo vasco y navarro es único en Europa y afecta a «una parte pequeña» cuantitativamente, pero si este modelo se extendiera a otras comunidades «no sería una buena noticia». Entre otras cosas, porque España se convertiría en un «sistema confederal» en el que nadie contribuiría «a la redistribución y al gasto de los servicios centrales».
Sí ve recorrido a la idea de aplicar un baremo de ordinalidad, aunque reconoce que no se aplica en ningún país europeo. Solo en Canadá. En Alemania, por ejemplo, el mecanismo es tendente a ello pero al final «hay cambios de orden» derivados de la unificación alemana y las ciudades-Estado.
Con todo, cree que no es el momento para una reforma porque se haría bajo criterios políticos (investidura de Illa) y no económicos y de necesidad.
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