Sánchez paga otra factura a Bildu y obliga a Marlaska a rendirse en la Ley de Seguridad Ciudadana

El perfil bajo del Ejecutivo ayer, en lo que en Bildu y Sumar no dudaron en calificar como «un día grande», fue sintomático. Se trata de una nueva cesión ante sus socios que, según creen sus propios aliados, se realiza porque su debilidad le obliga a aparentar que consigue aprobar leyes. Está por ver si esta saldrá adelante, porque Junts per Catalunya ya ha anunciado que presentará enmiendas, también el PNV, y Podemos se desmarcó del texto y lo tildó de «insuficiente», pese a haber respaldado uno menos ambicioso en marzo del año pasado.

Por primera vez el Gobierno acepta por escrito tanto la prohibición del uso de pelotas de goma como material antidisturbios como de las devoluciones en caliente. También que las multas por falta de respeto a la autoridad se impongan por «expresiones relevantes» y que, en cualquier caso, se dejen sin efecto cuando el sancionado «acceda a retractarse/disculparse» por sus expresiones. Además, la desobediencia pasará de ser infracción grave a leve y siempre que se haga «utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico».

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Pablo Muñoz

La única línea roja que ha conseguido salvar el Ministerio del Interior, que la legislatura pasada resistió a las presiones parlamentarias y escuchó las reivindicaciones de los agentes, es que se mantenga la presunción de veracidad de los testimonios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aun así, se acepta ahora la eliminación de las pelotas de goma y de las devoluciones en caliente pese a haberse declarado constitucionales estas últimas y a haber dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la inmigración irregular es «un infierno».

Fue Bildu, y no el Gobierno, quien anunció y explicó el acuerdo, detallado en rueda de prensa, en el Congreso, por los diputados Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu. Ellos se llevaron la foto, mientras la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, visibilizó cierta incomodidad con la puesta en escena de los de Arnaldo Otegi. «Llevamos meses trabajando en esto, ha sido Bildu el que ha decidido, en el día de hoy, hacerlo público. Desconozco el motivo», puntualizó, al tiempo que quiso remarcar que es Interior «el que tiene que dar el visto bueno».

La actitud de Aizpurua e Iñarritu, aunque evitaron hacer sangre con el nuevo cambio de opinión socialista, era exultante. Iñarritu, el diputado de Bildu que participó en la ponencia que debatió la ley la legislatura pasada, explicó que ahora el Gobierno debe presentar un calendario que concrete los plazos para dejar de utilizar las pelotas de goma y que es el Ejecutivo quien ha de determinar cuál es el material por el que se sustituyen, porque los proyectiles de 'foam' también siembran dudas.

La clave, según el diputado, es que no causen «daños irreparables». En el texto pactado se indica: «Se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos». Ese 'progresivamente' deja lugar a la ambigüedad, aunque en Bildu ven el acuerdo lo suficientemente blindado por la alusión a «estándares internacionales» y por el compromiso de cambiarlos «por otros menos lesivos».

La gran pregunta es por qué el Gobierno -y el PSOE concretamente- acepta ahora lo que veía inviable el año pasado y lo que provocó el rechazo de la ley en la Comisión de Interior. «El paso del tiempo a veces ayuda a que se solucionen los problemas», se limitó a decir ayer Aizpurua, quien negó que se debiese a una contrapartida para que su grupo apoye la senda de estabilidad y los presupuestos. Eso será cuestión de otra negociación. Lo que no se puede ignorar es que el Ejecutivo llevaba dentro de su autodenominado 'Plan de Regeneración Democrática' la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Fuentes de Bildu recordaban ayer que ellos en ningún caso habrían dado su brazo a torcer.

Socios como Sumar, además, vinculan la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, dentro de ese 'Plan de Regeneración Democrática' pactado con el PSOE, con otras cuestiones como la despenalización de las injurias a la Corona y de la ofensa a sentimientos religiosos. La «derogación de la 'ley mordaza'» era asimismo parte del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar.

El diputado de Sumar Enrique Santiago, uno de los hombres clave en la negociación con los grupos partidarios de modificar la norma, celebró ayer el acuerdo e incluso apuntó la posibilidad de que se haga una «tramitación exprés». «Es imprescindible ahorrarse tramitaciones y debates eternos en comisión», aseveró. Esto, no obstante, depende de la voluntad de todos los partidos y ya ayer Junts y el PNV, necesarios para que la ley salga adelante, anunciaron la interposición de enmiendas.

El PNV lideró la propuesta que terminó naufragando la legislatura pasada y ve con recelos que se abarate la desobediencia a los agentes, que cree que deben mantener su autoridad. Aitor Esteban, en la sede del partido en Bilbao, avanzó que se reservan el derecho a presentar enmiendas, aunque estamparán su firma en la iniciativa, que se registrará hoy, al igual que PSOE, Sumar, ERC y Bildu. El peneuvista mostró su sorpresa por el hecho de no haber sido informados directamente por el Gobierno, informa Gerard Bono.

Fuentes parlamentarias señalan que fue Bildu quien se puso en contacto con el resto de grupos para intentar hacerles partícipes del acuerdo. La portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, anunció que presentarán enmiendas y desde su partido avisan: «Lo que vale para el PSOE también vale para el resto de partidos políticos. Desde Junts negociamos, no hacemos adhesiones». La sorpresa llegó desde las Cortes de Castilla y León, donde el coportavoz de Podemos Pablo Fernández se desmarcó del texto porque, según él, «no supone la derogación de la 'ley mordaza'», informa Montse Serrador. El año pasado Podemos criticó que el PSOE no ganase tiempo para seguir negociando con ERC y Bildu, pero dio su apoyo en comisión a un texto que ni siquiera incluía las «insuficientes» modificaciones que ahora se entregan a Bildu.

Desde la oposición, el PP y Vox mostraron su rechazo frontal al pacto. «Esta es la línea que le faltaba por cruzar al Gobierno de Sánchez», dijo el portavoz del PP, Borja Sémper, que afirmó que Bildu «desprecia a la Policía y a la Guardia Civil» y «cree que ETA lo hizo bien». «Hoy Sánchez ha decidido que sean los terroristas los que hagan en España las leyes policiales y de seguridad», apuntó en la red social X el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien remató: «Sánchez, traidor».