Indignación en sindicatos y asociaciones profesionales, que estudian movilizaciones tras la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

Las tres cuestiones pactadas con Bildu son especialmente sensibles para las Fuerzas de Seguridad. La rebaja de las sanciones o directamente la eliminación por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia, porque supondrá un debilitamiento de su autoridad en la calle precisamente en un momento en que las agresiones a los policías y guardias civiles están en máximos históricos. La medida, según todas las fuentes policiales consultadas, supondrá un aumento del sentimiento de impunidad que ya tienen muchos individuos, que les lleva a acosar, jejar e insultar a los agentes sin ningún reparo.

La eliminación de las pelotas de goma dentro del material antidisturbios, porque supone dejarles más indefensos ante masas muy agresivas, con lo que se les pone en una situación de mayor peligro. Es llamativo que el Gobierno haya aceptado esta reforma, que había sido una de las líneas rojas planteadas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la anterior legislatura, por lo que los sindicatos y asociaciones sólo entienden este cambio de opinión como un precio más a pagar a los socios independentistas y radicales de Sánchez para poder seguir en el Palacio de la Moncloa.

Hay que recordar, por ejemplo, que en las durísimas algaradas de Barcelona tras la sentencia del 1-O los Mossos d'Esquadra, que tienen prohibida la utilización de las pelotas de goma desde hace tiempo, cedían la primera línea a la Policía Nacional para que utilizasen ese material antidisturbios, conscientes de que era la única forma de poder controlar a los radicales. Hay que recordar que en esos sucesos estuvieron a punto de morir dos policías nacionales sin que hubiese heridos de consideración por parte de los alborotadores independentistas.

La tercera reforma anunciada, la de las expulsiones en frontera, también llama la atención de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil porque se trata de una legislación validada por una sentencia del Tribunal Constitucional y plenamente homologable a otras legislaciones europeas. En este caso, esa reforma se hará a través de la Ley de Extranjería, pero de nuevo llama la atención la cesión de un gobierno que, por ejemplo, tiene en su historial la expulsión de Ceuta de cientos de menores que entraron en masa de forma ilegal sin seguir ni uno solo de los trámites exigidos por la ley, tal como ha señalado ya la justicia.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) recuerda que siempre se ha posicionado contra esta reforma «que parece redactada contra los policías más que para favorecer el buen desempeño de su función». «En lugar de reforzar el principio de autoridad -añade- contribuye a favorecer las conductas contrarias a Derecho despojando a los policías de una de sus principales herramientas».

Jupol ha mostrado esta mañana su «indignación» por este acuerdo y asegura que el acuerdo alcanzado «pone en riesgo la seguridad de los policías y dinamita el principio de autoridad». «Es preocupante -añade- que los herederos de ETA sean los que fijen la actuación de las Fuerzas de Seguridad» y anuncia que ya estudia todas las medidas posibles para frenar la reforma.

La Confederación Española de Policía (CEP), en un comunicado hecho público esta mañana, exige la dimisión de Marlaska tras este acuerdo y califica la retirada de las pelotas de goma «el mayor ataquea la operatividad que han sufrido los profesionales de la seguridad pública en toda la democracia». Además, la rebaja de las sanciones por desobediencia o faltas de respeto y vejaciones son, según este sindicato, decisiones que afectarán gravemente a la actividad policial en la calle».

El Sindicato Profesional de Policia (SPP), mayoritario en la escala de mandos, considera que «este proyecto es un desprecio a la seguridad física y jurídica de los agentes. Hay una intención clara de limitar su capacidad de actuación ante eventos de gran conflictividad social poniendo en duda las actuaciones policiales. Pedimos al ministro del Interior que una ley tan sensible como esta quede al margen de la politización».

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) por su parte, asegura que «el Gobierno no puede seguir utilizando a los guardias civiles como moneda de cambio atándoles de pies y manos en su trabajo. Los agentes necesitan herramientas para poder actuar con seguridad en un momento en que las agresiones no paran de aumentar». Para AUGC «es urgente reforzar el principio de autoridad con la modificación del Código Penal».

Jucil cree que con esta reforma el Gobierno «arriesga la vida de guardias civiles y policías sólo por el juego político de que Bildu apoye los Presupuestos Generales del Estado. Además, asegura que esta nueva normativa debería denominarse «Ley de Odio a la Policía y a la Guardia Civil».