La reforma de la ley de Seguridad Ciudadana salva un nuevo escollo pero inicia un complicado camino parlamentario

El pleno de la Cámara Baja debatía este jueves los textos alternativos a la reforma presentados por PP y Vox. Los populares querían, básicamente, recuperar el texto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 (con algunos cambios puntuales), mientras que los de Santiago Abascal incluían cuestiones más de fondo como las relacionadas, por ejemplo, con la gestión de la inmigración irregular.

Sin embargo ambos partidos se han quedado solos en su propósito y el resto del arco parlamentario ha dado el visto bueno a que la reforma legislativa pase ahora a debate en la comisión de Interior. Ahí es donde se enfrentará a una nueva prueba, ya que algunos de los socios parlamentarios del Gobierno, como el PNV y Podemos, defienden posturas divergentes que ponen en peligro la mayoría.

Estas diferencias no han salido a la luz, al menos directamente, en el debate de este jueves, aunque los partidos sí han adelantado algunos de los puntos que vaticinan una tramitación no exenta de sobresaltos. «Vamos a trabajar para que la derogación sea total», ha avisado la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha aprovechado de nuevo su lugar en la tribuna de oradores para atacar a algunos jueces como Manuel García-Castellón, Pablo Llarena, Concepción Espejel o Manuel Marchena.

Mientras, los representantes del PP y Vox se han afanado en el debate en advertir de las consecuencias de la reforma y el resto del arco parlamentario ha rechazado sus postulado. «El objetivo es proteger a los violentos y los delincuentes», ha denunciado el diputado de Vox Javier Ortega Smith.

La popular Ana Vázquez ha tildado la norma directamente de «ley Otegi», ya que su impulso fue consensuado con Bildu, y ha denunciado la «indefensión» en la que deja a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que precisamente este miércoles se manifestaron frente al Congreso de los Diputados.