Puigdemont prepara un referéndum con tecnología descentralizada para evitar la intervención del Estado

Las investigaciones en la causa judicial sobre la trama rusa apuntan a que el interés de Puigdemont y los suyos por las criptomonedas, tras una petición inicial de un supuesto emisario de Rusia en 2017, es parte de un plan mucho más ambicioso para registrar a ciudadanos y crear un padrón para una futura «República Digital Catalana». Estas gestiones, aceleradas desde 2022, permitirían a los independentistas sortear una prohibición judicial como la del referendo ilegalizado de hace siete años.

Puigdemont, como eurodiputado, ha defendido la tecnología de «blockchain», asesorado por informáticos independentistas investigados por la justicia española. En marzo de 2021, instó por carta a la Comisión Europea a «sancionar a los estados miembros que prohíben a los gobiernos locales implementar soluciones blockchain». Tras su huida de España, Puigdemont había advertido que su objetivo era consolidar en manos del gobierno catalán «una gestión seria de la identidad y los datos».

Desde el primer intento frustrado en verano de 2017, el equipo informático de Puigdemont y sus sucesores al frente del gobierno catalán ha implementado una estructura de tecnología de bloques, un registro distribuido y seguro que permite la existencia y funcionamiento de criptomonedas de manera descentralizada. Este plan surgió después de que en octubre de 2017 un ciudadano ruso, presentándose como emisario del Kremlin, pidiera legislación favorable a las criptomonedas a Puigdemont.

Un equipo de informáticos que ha asesorado a Puigdemont y otros altos cargos de la Generalitat, como el vicepresidente Jordi Puigneró, sirvieron de enlace con Vitalik Buterin, creador de Ethereum. En diciembre de 2021, Puigdemont anunció que abría una cartera propia en esa plataforma para recibir pagos.

La creación de una estructura digital para un referendo y una desconexión completa del resto de España, eludiendo el control del ministerio de Interior, el Banco Central o el Tribunal de Cuentas, ha sido admitida por Puigdemont y sus colaboradores en comunicaciones intervenidas por la policía judicial, interrogatorios de jueces y algunas intervenciones públicas. Los sumarios de los casos Tsunami, instruido por el juez Manuel García-Castellón, y Voloh, instruido por el juez Joaquín Aguirre, incluyen detalles sobre gestiones para crear estructuras digitales paralelas.

El profesor José Javier Olivas, de la UNED, ha investigado estas gestiones y afirma que, tras una reunión en 2018, Puigdemont y varios informáticos y altos cargos de la Generalitat comenzaron una estrategia para crear una «identidad autosoberana». Esto permite a los usuarios registrarse en un sistema de blockchain y realizar transacciones de forma segura y descentralizada, sin depender de instituciones financieras tradicionales. Además, permite inscribirse en un nuevo censo, votar o pagar tributos, creando instituciones paralelas.

Olivas asegura que «la creación de una identidad autosoberana permite realizar un referendo sin depender de un censo central del gobierno español, facilitando trámites, pagos y la creación de un censo paralelo. Este sistema permite a los usuarios registrarse, votar y pagar impuestos de manera segura y descentralizada, sin la intervención de instituciones financieras tradicionales». También advierte de que este enfoque permite evitar el control estatal en procesos críticos como las votaciones, pero podría llevar a una discriminación activa y a la creación de un sistema opaco, sin transparencia ni auditoría.

El 20 de noviembre de 2017, el entonces consejero de Políticas Digitales catalán, Jordi Puigneró, visitó a Puigdemont en Bruselas y le planteó «una vía digital hacia el estado propio». Puigdemont le encargó una propuesta de proyecto de estado digital para avanzar de forma unilateral hacia la «República Digital de Cataluña». Esta estrategia se podría aplicar si Puigdemont regresa a España para proseguir con el proceso independentista, algo que ha admitido que pretende hacer.

Puigneró, que fue vicepresidente hasta septiembre de 2022, admitió que el uso de tecnologías como el blockchain y las criptomonedas podría facilitar a Cataluña avanzar hacia la autodeterminación, independientemente de su estatus dentro de España. Según Puigneró, aunque Cataluña no pueda declararse una república de forma oficial debido a las restricciones de España, podría empezar a funcionar como un estado independiente en el ámbito digital.

Fuentes de la inteligencia española afirman que, tras la visita de Puigneró, un grupo de informáticos, ingenieros y expertos en tecnología independentistas promovieron el blockchain y las criptomonedas en Cataluña. Muchos de ellos habían sido identificados por las autoridades españolas por su papel en el referendo del 1 de octubre de 2017 y en la creación del sistema de organización de tumulto de Tsunami Democràtic en 2019.

Aunque estas personas han tratado de pasar desapercibidas, las identidades de algunas de ellas quedaron al descubierto cuando en 2022 se descubrió que sus teléfonos habían sido infectados con un software de espionaje similar a Pegasus. Entre los informáticos supuestamente espiados se encontraban Elies Campo, Jordi Baylina, Pau Escrich, Joan Matamala, Xavier Vives y Josep Maria Ganyet. Ninguno ha sido imputado en las causas judiciales.

Baylina es una eminencia mundial en la tecnología de blockchain, vive en Suiza y es cofundador de Polygon, una plataforma compatible con Ethereum. Tras la fuga de Puigdemont, Baylina se reunió con líderes catalanes y les asesoró sobre cómo crear una identidad digital para la nueva república catalana. En septiembre de 2019, Baylina dio una conferencia en Berlín sobre cómo construir un estado descentralizado tras la experiencia del referendo catalán de 2017, discurso que Puigdemont compartió como una declaración de intenciones.

La idea de organizar un referendo con blockchain estaba sobre la mesa desde semanas antes de la votación del 1 de octubre de 2017. En agosto de aquel año, la Generalitat consideró un proyecto de 500.000 euros para implementar un sistema de votación basado en Ethereum. Vicent Nos, desarrollador informático, testificó en 2018 que se reunió con Puigdemont, Oriol Junqueras, Marta Rovira y otros para discutir este proyecto. Finalmente, el voto se realizó en urnas de plástico con un censo en una web que trató de censurar el gobierno central español.

Una próxima votación poseerá más garantías para los independentistas. En junio de 2019, el gobierno catalán aprobó su estrategia de blockchain, cuyo objetivo era «posicionar a Cataluña como un país líder en el uso de tecnologías de registro distribuido». Este método se presentaba como una forma de mejorar la administración y mantener la seguridad de las comunicaciones, avanzando hacia un país «autosoberano».

Según Emiliano Cádiz, autor del libro «Blockchain y smart contracts, la revolución de la confianza», esta tecnología permite realizar votaciones rastreables y seguras, pero carece de garantías para ser considerada fiable. «Aunque permite a los partidarios de un sector escapar de un control central, es necesario un sistema gestionado por un grupo, lo que resta descentralización», dice. Además, puede haber exclusiones de personas en el sistema, lo que limita su fiabilidad.

Tras las peticiones de Rusia por legislación favorable a las criptomonedas, en 2018 y 2019 surgieron varios intentos de crear criptomonedas en Cataluña. Finalmente, Puigdemont y su equipo se decantaron por Ether, la criptomoneda de Ethereum, lanzada en 2015 por el ruso Buterin en Suiza. Buterin, aunque residía en el extranjero, estaba en el radar de las autoridades rusas. En junio de 2017, se reunió con Vladimir Putin en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo para discutir el uso de Ethereum en Rusia, revelando el interés de Rusia en desarrollar blockchain y criptomonedas.