El plante de los fiscales del 'procés' vuelve a poner contra las cuerdas a García Ortiz

Y es precisamente ese profundo conocimiento de la causa y de la doctrina del Tribunal Supremo lo que les llevará a oponerse ante una eventual imposición del fiscal general para que respalden la aplicación de la ley de Amnistía a los líderes del 'procés'. Entienden, y así lo reflejaron en un informe de más de cien folios -del que informó ABC-, que la modalidad de malversación que excluye la norma es precisamente en la que incurrió el gobierno de la Generalitat que encabezaban Puigdemont y Junqueras: hubo enriquecimiento ilícito porque los fondos se destinaron a fines distintos a los que estaban previstos. Y eso no es susceptible de ser borrado, dicen.

El posible choque de los fiscales del 'procés' con el fiscal general, que la semana pasada se reunió también con los representantes del Ministerio Público a cargo de procedimientos susceptibles de ser amnistiados (del TSJC, Audiencia Nacional y Tribunal de Cuentas), se traduciría en el planteamiento del artículo 27 del Estatuto Fiscal. Se trata de la herramienta de la que disponen los miembros de la carrera para plantarse ante la orden de un superior. Se vio recientemente con María de la O Silva, la fiscal que tenía que informar en el TSJ de Madrid sobre la admisión de la querella del novio de Ayuso, y que se enfrentó a la número dos de García Ortiz cuando ésta le impuso pedir la inadmisión (ella era partidaria de practicar unas diligencias mínimas antes de dar ese paso). El asunto acabó en la Junta de Fiscales de Sala, que se partió en dos imponiéndose al final por la mínima el criterio de la teniente fiscal que, al igual que sucedió en el caso Tsunami, fue rechazado por el juez al no ser su informe vinculante y haber varias acusaciones personadas.

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El artículo 27 prevé que si la orden que los fiscales no quieren acatar fuera dada por el fiscal general, éste «resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala». Este órgano, la cúpula fiscal, está formado por 37 miembros que gozan de la primera categoría en la carrera. De ellos, 16 son de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación de la que fue portavoz García Ortiz y en la que también «militó» Dolores Delgado; 9 de la Asociación de Fiscales (AF) -pese a ser la mayoritaria- y 12 no asociados.

En este caso la irrupción de la Junta de Fiscales de Sala va a tener una trascendencia mayor que la que tuvo en la querella de la pareja de Ayuso, advierten fuentes jurídicas, pues si en aquella ocasión la interpretación que se hizo (de si había indicios de revelación de secretos) «dependía al fin y al cabo de hechos», aquí entra en juego la propia doctrina del Tribunal Supremo sobre el delito de malversación: es perfectamente compatible la desviación de fondos de su destino con la apropiación de fondos no restituidos con ánimo de lucro.

A ello se suma, además, el prestigio de los cuatro fiscales que plantan cara a Ortiz, que están en los veinte primeros puestos del escalafón en una carrera que cuenta con más de 2.500 profesionales. El criterio de la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal, el exfiscal-jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, el jefe de los fiscales de lo Penal del Supremo Fidel Cadena y el exjefe de la Secretaría Técnica y delegado de Vigilancia Penitenciaria Jaime Moreno, frente al de un fiscal general que antes de que Delgado lo encumbrara a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General era delegado de Medioambiente, Urbanismo e Incendios forestales en la Fiscalía de área de Santiago de Compostela.

Aunque todavía tienen que pasar unos días hasta que, una vez publicada en el BOE, el fiscal general se posicione sobre la aplicación de la ley -en el caso de la ley del «solo sí es sí» lo hizo a través de una circular en la que unificó criterios de interpretación-, el plante de los fiscales llega en el momento más delicado de García Ortiz como fiscal general. Hace apenas unos días, y con solo unas horas de diferencia, la Audiencia Provincial de Madrid rechazaba el recurso del fiscal del caso de Begoña Gómez -al considerar que sus prisas por archivar de plano la investigación se podría incurrir en lagunas de impunidad- mientras un juez del Supremo tumbaba, por «extemporánea, endeble y falta de consistencia» la recusación planteada por el propio García Ortiz contra cuatro magistrados de la Sala Tercera que tienen que revisar su propio nombramiento como fiscal general. Y es que hasta su reelección para el cargo por parte del Gobierno está cuestionada ante el TS, que al margen de la falta de idoneidad que vio en él el CGPJ, le acusó de desviación de poder en el ascenso de Dolores Delgado a jefa de la Fiscalía Togada del Supremo.

Pero ni siquiera es ese el principal frente que tiene abierto García Ortiz. La verdadera amenaza está en la causa de la filtración de información que afectaba al derecho de defensa de González Amador y que apunta directamente a él. El posible envío de la causa al Supremo y su eventual procesamiento por revelación de secretos por la Sala Segunda supondría la estocada a un mandato marcado por la polémica. Fuentes jurídicas comentan que «el Gobierno ya tiene hasta el nombre de su sustituto».