El PSOE reclama que Interior cuantifique el gasto real de la operación Kitchen
Recurre el auto de apertura de juicio oral porque ve un sinsentido que el Estado sea responsable y el PP, no
El juez sienta en el banquillo a la cúpula de Interior con Mariano Rajoy por la operación Kitchen
El PSOE ha recurrido el auto que manda a juicio al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y una decena de policías por la operación Kitchen en el que reclama que el PP se siente en el banquillo en calidad de beneficiario a título lucrativo, en lugar de la Administración General del Estado, que consta como responsable civil subsidiario por los actos que cometieron todos estos funcionarios públicos.
El escrito, al que tuvo acceso ABC, solicita además que como prueba anticipada al juicio se oficie al Ministerio del Interior para que cuantifique los recursos efectivamente gastados en aquel supuesto operativo que habría buscado con seguimientos no autorizados y hasta un allanamiento de morada sustraer documentación comprometedora a Luis Bárcenas, entonces tesorero del Partido Popular, en pleno estallido del caso Gürtel.
«El perjudicado es el Estado, ya que la ilícita actividad se dirige claramente a obstruir la acción de la justicia. Y efectivamente perjudica a los ciudadanos porque además el dinero público utilizado para llevar a cabo los hechos enjuiciados, ya fuera de fondos reservados o presupuestario, se detrae de los fines de interés público a los que debió estar dedicado», argumenta el PSOE en calidad de acusación popular.
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Según expone, esos fondos «debieron estar dedicados a la seguridad de todos los ciudadanos y no a evitar que, en palabras del Ministerio Fiscal, que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado» al juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba la Gürtel.
El coste real de Kitchen
«Supone un doble perjuicio: el Partido Popular dificultó la acción de la justicia con la finalidad de evitar que se persiguiese a los presuntos delincuentes y encima detrajo fondos y recursos públicos que debían estar destinados a garantizar la seguridad ciudadana», subraya el recurso.
En la causa consta ya acreditado un gasto de algo más de 57.000 euros de los fondos reservados para el presunto espionaje a Bárcenas a través de pagos a quien era su chófer, Sergio Ríos, a quien además, la trama facilitó una pistola. Sin embargo, el PSOE considera que la cantidad malversada y así, el perjuicio para el erario público, es mucho mayor habida cuenta de que según la Fiscalía, fueron movilizados hasta 70 efectivos policiales para el despliegue.
Solicita por ello que como prueba anticipada de cara al juicio, se oficie a la Unidad de Asuntos Interior para recabar información en el Ministerio del Interior sobre el coste real de los medios públicos desplegados en la operación Kitchen, más allá de los fondos reservados que se movieron en efectivo.
En paralelo, la defensa de Martínez, que ya recurrió el auto la semana pasada, ha presentado otro escrito en el que solicita directamente su nulidad, entre otras razones, porque incorpora delitos para los que habría sido necesario transformar la causa en un procedimiento de sumario.
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