El juez sienta en el banquillo al exministro Fernández Díaz y su número dos por la operación Kitchen

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha firmado el auto que sienta en el banquillo al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el que con ambos fue director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, por la operación Kitchen.

La resolución llega casi cinco años después de que se iniciasen las pesquisas en esta pieza separada, la número 7, de la macrocausa que se sigue contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Se trata de un supuesto operativo policial presuntamente gestado y orquestado desde el Ministerio del Interior que tenía como fin sustraer documentación comprometedora para el Partido Popular al entonces tesorero, Luis Bárcenas, en pleno estallido del caso Gürtel.

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En concreto, se habría desarrollado entre 2013 y 2015, al margen de cualquier juzgado, incluyendo actividades de seguimiento, espionaje y allanamiento de morada y contando con un confidente de excepción, el chófer de Bárcenas y su familia, Sergio Ríos. Él, de acuerdo con las conclusiones de la investigación, estuvo cobrando de la trama en fondos reservados y, al cabo del proyecto, ingresó en la Policía el último de su promoción. El auto abre la puerta a instar «la declaración de nulidad» de su nombramiento como funcionario en caso de condena.

Junto a Fernández Díaz, Martínez y Ríos, van al banquillo los comisarios Villarejo, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo y Enrique García Castaño. También los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano. El juez fija para todos fianzas en previsión de la responsabilidad civil: son 120.000 euros en el caso de los dos cargos políticos y entre 20.000 y 100.000 euros para los demás.

De este modo, el instructor descarta exonerar a Olivera, Díaz Sevillano y Fuentes Gago, como había pedido Anticorrupción, dado que hay otras acusaciones que sí solicitan condenas para ellos. También rechaza introducir en el juicio al Partido Popular como responsable a título lucrativo, una medida que solicitaba el PSOE aduciendo que Fernández Díaz tenía carné del PP.

«La introducción de una eventual exigencia de responsabilidad civil frente a alguien que no ha sido llamado en tal condición hasta este momento procesal podria llevar consigo previsibles nuevas exigencias de indagación y aportación de datos, en suma, de retroacción del procedimiento, en un momento procesal en que ello resulta imposible», contesta el juez, en relación a que el periodo de instrucción está cerrado.

Cabe recordar que Kitchen no llegó a escalar hasta Génova 13 porque quien fue la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, resultó exonerada tras comparecer como imputada en la causa. El juez, como después la Sala de lo Penal, llegaron a la conclusión de que no había indicios bastantes de su participación en los hechos. Su marido, Ignacio López del Hierro, también estuvo investigado un tiempo y del mismo modo, se sobreseyó.

Quien sí se sentará en el banquillo es el Estado, en forma de responsable civil subsidiario de los actos que cometieran los encausados, todos funcionarios o en ejercicio de un cargo público, en línea con el planteamiento de acusación que elevó la Fiscalía.

Destaca asimismo en la lista que va a juicio el nombre de Enrique García Castaño, que fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional y que se encuentra en un estado de salud muy precario tras un problema grave. Fue exonerado por auto del juez García Castellón en el caso Kitchen habida cuenta de su situación, pero el auto de apertura de juicio oral le menciona en tanto que las acusaciones no le han sacado de sus escritos.

El auto, que recoge las conclusiones provisionales de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones que ejercen el PSOE, Podemos y la familia de Luis Bárcenas, envía la operación Kitchen a juicio por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia. En el caso del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita.

También incluyen tres ilícitos de inducción al secuestro en relación con el asalto de un hombre disfrazado de sacerdote que sufrieron la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias; su hijo Guillermo y la mujer que trabaja en la casa familiar. Llama la atención porque este tipo de delitos tienen condenas superiores a los 9 años de cárcel, así que imponen transformar la causa en procedimiento sumario. Por eso, las fuentes jurídicas consultadas por ABC apuntan que el auto no tardará en ser objeto de peticiones de aclaración y recursos de reforma, si no directamente de apelación.

Las peticiones de pena de cada parte, así, varían. En el caso de Anticorrupción, pide condenar a Fernández Díaz y a Martínez por delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. Solicita penas de 15 años de cárcel para ellos y de entre 12 y 19 años para los demás. En el caso de la Abogacía del Estado, aprecia en el exministro ilícitos de descubrimiento y revelación de secretos, encubrimiento y obstrucción a la justicia, que no malversación, delito que del que sí acusa al que fue secretario de Estado.