El PSOE intenta colar una reforma a favor de los okupas en una ley antifranquista

Los delitos de allanamiento de morada y usurpación fueron añadidos recientemente al artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que recoge el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados ilícitos, gracias a una enmienda que introdujo el PNV en la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y que fue aprobada gracias al voto erróneo de ERC y Bildu. Los nacionalistas vascos lograron así poner un cerco a la ocupación ilegal de viviendas, porque los detenidos por estos dos supuestos deberán ser juzgados en un máximo de quince días desde su puesta a disposición judicial.

La enmienda del PNV fue aprobada en su momento con el apoyo de PP, ERC, Junts, Bildu, UPN y Coalición Canaria. Vox se abstuvo en aquella votación porque quería ir «más allá», pero fuentes del partido derechista trasladaron a ABC que se iban a oponer a cualquier contrarreforma que plantease la izquierda en ese sentido, lo que, en principio, cierra la puerta a que haya una mayoría que revierta la actual situación. Desde ERC y, especialmente, desde Bildu, que pidió perdón a su electorado, no dudaron en mostrar su conmoción y en prometer hacer todo lo posible por corregir su «error lamentable».

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Y ese momento ha llegado ahora, en la reforma del derecho de asociación, y con la connivencia del PSOE. Los socialistas defienden una proposición de ley para ilegalizar a las asociaciones que hagan apología del franquismo. Una iniciativa que pretende cortar el paso a la Fundación Francisco Franco en aplicación de la Ley de Memoria Democrática para evitar que esta reforme sus estatutos y se convierta en una asociación para esquivar su ilegalización: una de las promesas de Pedro Sánchez en su batalla contra el dictador Francisco Franco, fallecido en su cama en 1975.

Ahora, el año en el que el Gobierno celebra los fastos por el quincuagésimo aniversario de su muerte, el PSOE quiere aprobar definitivamente su ley 'ad hoc' contra la Fundación Franco. Pero eso no le impide intentar introducir en ella un cambio legal que no guarda ninguna relación con la norma y que busca satisfacer a los aliados a su izquierda. En la ponencia que debate la iniciativa, los socialistas han utilizado como base una enmienda de Podemos para transaccionar esta modificación, que rema a favor de la ocupación ilegal y en contra de lo que determinó el Pleno del Congreso en noviembre, hace apenas unos meses.

Firman la enmienda transaccional, a la que ha tenido acceso ABC, el PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos. Según fuentes parlamentarias, los socialistas ya hicieron un primer amago de introducirla en la fase de ponencia, pero al negarse a ello el PP, Vox y PNV, con mayoría en la Comisión Constitucional, donde se debate la ley, desistieron, aunque anunciaron que la mantenían viva. A denuncia de Vox, el letrado Carlos Gutiérrez, adscrito a la comisión, advirtió de la falta de conexión entre la modificación y la norma. Este martes, a las once y media de la mañana, la Comisión Constitucional de la Cámara Baja se reúne con el objetivo de emitir el dictamen de la iniciativa y elevarla ya a Pleno, para su aprobación y envío al Senado. Lo esperable es que los partidos del Gobierno y sus aliados preserven la propuesta transaccionada, pero que el PP, Vox, Junts y PNV le cierren la puerta.

Llama poderosamente la atención, de nuevo, que el cambio transaccionado se realiza sobre la base de una enmienda, de Podemos, cuya redacción en nada se parece al nuevo texto. Normalmente, los partidos transaccionan enmiendas que guardan conexión para alcanzar un entendimiento entre ellos y agregar sus distintas propuestas. Ahora, el resultado es la supresión de las letras i y jota del apartado 1 del artículo 795 de la Lecrim. Es decir, eliminar los delitos de allanamiento de morada del artículo 202 del Código Penal y los de usurpación del artículo 245 del Código Penal, respectivamente, de los incluidos en los procedimientos de enjuiciamiento rápido.

La enmienda original de Podemos, la número 8 de las registradas a la reforma del derecho de asociación, básicamente pretendía añadir la palabra «fascismo» a una proposición de ley que solo hablaba de «franquismo». Así, la formación de Ione Belarra proponía esta redacción: «Con independencia de los fines y actividades sociales recogidos en los estatutos, y de su inscripción registral, será causa de disolución de las asociaciones, mediante resolución judicial, la realización de actividades que constituyan apología del franquismo o del fascismo, bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio o humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo o el fascismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

En otras palabras, el PSOE y sus aliados intentan corregir la enmienda 'antiokupa' que introdujo el PNV en la ley de eficiencia de la Justicia con una enmienda transaccionada en la norma socialista que pretende eliminar las vías de existencia a la Fundación Francisco Franco. El cambio registrado por Podemos inicialmente sí guardaba una clara conexión con la iniciativa que se debate ahora, pero el acordado por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y el propio Podemos, por contra, nada tiene que ver en absoluto.

«La enmienda del PNV en la ley de eficiencia de la Justicia va sobre ocupación, no sobre desahucios. No va de echar a la gente de su casa; va de sacar cuanto antes de tu casa a quien te la okupa. Delitos de allanamiento de morada y de usurpación. Podemos y Bildu apoyan la ocupación; el PNV, no», decían fuentes del Grupo Vasco en diciembre, después de que Bildu y sobre todo Podemos arremetiesen duramente contra ellos, cuando se aprobó la ley con el cambio introducido por la derecha nacionalista vasca.

Más allá del fondo, la maniobra supone un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno intenta meter de tapadillo una medida en una ley con la que no guarda relación alguna, a pesar de la doctrina contraria del Tribunal Constitucional. PSOE y Sumar, que ahora quieren colar esta enmienda, usaron la semana pasada su mayoría en la Mesa para excluir cuatro aprobadas por el Senado en la norma de desperdicio alimentario; decisión sin precedente.