El CGPJ, víctima ya de escraches, alerta del «ataque en toda regla» para «colonizar» el Poder Judicial

La radicalización de las posiciones de los socios de Gobierno de Sánchez y de asociaciones afines muestran ya sin disimulos el salto cualitativo que implica la llamada a «tomar» el CGPJ y que se ha traducido esta tarde en una manifestación a las puertas del órgano de gobierno, a pesar de que, como recordaba Guilarte en aquellas misivas, «los vocales no son culpables» de una situación –la falta de renovación–que compete a los políticos. Pero es algo que ya no parece importar.

En el órgano de gobierno de los jueces lo tienen claro, y no solo el grupo de los vocales de perfil conservador a los que se ha acusado de rebeldes por su oposición al Gobierno en temas como la amnistía o el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, sino vocales de perfiles más asociados al sector «progresista».

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«El asalto a la justicia está claro», se sincera un consejero de este último grupo en declaraciones a ABC. «Hay un asalto en toda regla para hacer desaparecer la división de poderes», coincide un vocal del sector conservador. A juicio de este último, si algo se demostró ayer con el discurso del «punto y aparte» de Sánchez, y con las declaraciones de Yolanda Díaz y otros socios de gobierno, es que «estos cinco días no se han utilizado para ninguna reflexión personal, sino para «preparar el asalto», un asalto que no afecta sólo al CGPJ como órgano, sino al propio Poder Judicial, que se pretende «colonizar» apelando a un supuesto «clamor social» que no es otro que el que encabezan en la calle asociaciones afines como la que esta tarde se desarrolla en la fachada de Marqués de Ensenada. «Las piezas se han diseñado una detrás de otra. Y en esa limpieza que están dispuestos a hacer, el fango, la podredumbre somos nosotros, los jueces de la fachosfera».

En la línea de lo que sostiene su compañero, otro vocal apunta, en conversación con ABC, que entre las vacantes pendientes por la imposibilidad de hacer nombramientos y las bajas que se van a producir en los próximos años, el nuevo CGPJ «tendrá que renovar al 70 por ciento de la plantilla del Tribunal Supremo». «Esto es lo que está en juego», sentencia este consejero, que recuerda especialmente el papel de la Sala Segunda y Tercera del Supremo en relación con las causas penales de aforados y la revisión de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, respectivamente.

Si en algo ha permanecido unido el actual Consejo es en su visión de un Poder Judicial independiente y en la condena a cualquier insinuación de 'lawfare'. Se vio con aquella declaración en la que el pasado noviembre, con motivo del acuerdo suscrito entre PSOE y Junts, la Permanente mostró su «apoyo real, y no meramente nominal, a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que pueden llevar a cabo en el marco de legalidad (...)». Y una de ellas ha sido la que ha llevado a cabo el juez que ha abierto diligencias para investigar si ha habido tráfico de influencias en la actuación de la mujer de Sánchez y la que ha provocado algo que, a juicio de los vocales, va más allá de la indignación del presidente del Gobierno. Él ya ha sentenciado: «Begoña Gómez es inocente».

Sin esperar a que esta ofensiva contra ellos vaya más allá, vocales del sector conservador empiezan a pedir del presidente del Consejo, Vicente Guilarte, una reacción más contundente que la de «limitarse» a tildar de «desproporcionada» la reacción de Sánchez por la apertura de diligencias a su mujer, como hizo ayer. Aunque se valora la defensa del presidente al juez en cuestión, y a todo el Poder Judicial en su conjunto –«sólo faltaría lo contrario», dicen–, algunos vocales creen que el CGPJ tiene que dar ya una respuesta institucional a este ataque sin precedentes.