Los jueces recuerdan que ni Sánchez ni su mujer «están al margen de la ley»

«Nadie puede pensar que Pedro Sánchez y su mujer están al margen de la ley y ajenos a la investigación judicial», señala María Jesús del Barco, portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que alerta de que se está intentando «coartar y limitar derechos a la prensa y a los jueces» pretendiendo haciendo creer que cualquier investigación es un ataque a lo que él representa. «Los jueces tenemos que investigar hechos que son indicios de delito; lo que no se puede pretender es tener inmunidad callando a todo el que haga una crítica», señala Del Barco, indignada con la campaña de descrédito al juez que instruye el presunto tráfico de influencias y con la difusión de fotos de su familia, extendiendo sobre él la sombra del 'lawfare'.

La realidad, dice Del Barco, es que esta investigación le ha tocado por reparto, pero podría estar en manos de otro magistrado, porque en cualquier otro lugar de España se podrían haber denunciado unos hechos de los que se llevaba hablando dos meses y «cuya falsedad o veracidad sólo puede constatarse a través de una investigación judicial» con la interposición de la denuncia correspondiente.

Aunque se ha criticado la admisión de esta denuncia de Manos Limpias –por estar sustentada «en recortes de prensa»–, distintos jueces de instrucción por los que a diario pasan decenas de denuncias coinciden, en declaraciones a ABC, en que en su trabajo diario «no es extraño ni extravagante» que se abran diligencias a raíz de una denuncia, que no deja de ser «la noticia criminis que se limita a poner en conocimiento de la justicia unos hechos con apariencia delictiva». «Si después de practicar diligencias no hay tales indicios se archiva y punto», comenta una juez de Barcelona, que confiesa no entender este «drama».

Lo que ve «inaudito» esta juez, y en esto coincide con un compañero de Plaza de Castilla, es que la Fiscalía presente un recurso contra la apertura de diligencias. «Jamás me han recurrido una admisión», sentencia la veterana instructora de la Ciudad Condal. «Nunca me ha pasado», remarca el juez de Madrid.

Preguntada por este extremo la juez decana de Plaza de Castilla, que es la propia María Jesús del Barco, esta certifica que «nunca ha visto un recurso por incoar diligencias». «Yo no he tenido ninguno en mi vida profesional».

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, su portavoz nacional, Sergio de la Oliva, sostiene que «no es nada buena la presión ambiental contra el juez ni las alusiones en redes sociales a miembros de su familia». «El ataque a un juez es el ataque al Poder Judicial en su conjunto», apunta, y recuerda que las decisiones con las que no está de acuerdo se pueden combatir mediante un sistema de recursos.

«Parece que se insinúa que los jueces no pueden investigar a determinadas personas», apunta. De la Oliva insta a que se respete el procedimiento judicial y el trabajo del juez instructor, también por parte de sus propios compañeros de la carrera.

A este respecto, el portavoz de Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, cree que la denuncia no debió admitirse, pero que «una vez admitida, hay que investigar». Reconoce el juez que al estar la causa secreta desconoce si hay indicios, pero que «desde luego los hechos que se narran en la denuncia no tienen relevancia penal». Para él, es comprensible que el presidente del Gobierno no quiera que se «utilice a su mujer como objetivo político» y no sabe si hay 'lawfare', pero lo que sí constata es que «la justicia se utiliza con fines partidistas. La cosa es que nos dejemos utilizar», remarca.

Preocupado por el desprestigio al juez, y por extensión, a toda la carrera, con insinuaciones que de forma más o menos explícita hablan de 'lawfare', el portavoz de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, coincide con sus colegas de la APM y Francisco de Vitoria en lo «peligroso» que es «trasladar a la opinión pública que la justicia está haciendo algo que no debe al investigar a la mujer del presidente». «Cuando la justicia no resuelve como uno espera se vende como un Poder Judicial no democrático, cuando su principal fuerza es ser independiente», señala Portillo. Y es que, a su juicio, «el problema es que los procedimientos judiciales se examinan desde una perspectiva política, cuando eso es ajeno a nosotros, que examinamos los procedimientos desde una perspectiva jurídica».

En lo que coinciden las cuatro asociaciones es que este clima de confrontación no facilita que avancen las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace cinco años y medio, aunque todos desvinculan la decisión del presidente del Gobierno de esta circunstancia, más en un momento en el que en tres meses se han concentrado tres convocatorias electorales y nadie esperaba que PP y PSOE fueran a acercar posturas precisamente en periodo electoral.

Ninguno de los portavoces ve al Gobierno cambiando las mayorías para hacerse con el control de CGPJ, una reforma que Podemos ya puso encima de la mesa hace tres años en forma de proposición de ley y que, siendo ministro Juan Carlos Campo, se retiró ante el toque de atención de Europa. El portavoz de Jueces para la Democracia recuerda en este sentido que «por poder, se pueden hacer muchas cosas, pero no se deben hacer».

«Si el CGPJ fuese elegido sin esos tres quintos, los elegidos estarían con una clara tendencia política del Gobierno que se extendería no sólo a los nombramientos sino también a cuestiones como la inspección o el régimen disciplinario, lo que iría claramente contra la independencia judicial», sostiene Francisco de Vitoria.

Desde el órgano de gobierno de los jueces, donde algunos de los vocales conservaban la esperanza de la renovación tras los comicios reconocen que la inestabilidad y confrontación que implica el movimiento de Sánchez «va a dificultar seriamente las cosas»