El PP y los socios dejan en evidencia al Gobierno: «Si quisiera, podría subir ya las pensiones»

Enfrente, liderando a ese bloque crítico, irrumpió el Partido Popular, que se anticipó el mismo miércoles al movimiento del Gobierno registrando una proposición de ley que solo incluía la subida de las pensiones y otra con las ayudas para los afectados por la dana. Gesto que se repitió este jueves con otra más para las bonificaciones al transporte, a la que se unirá, según pudo saber ABC, una última iniciativa que recogerá la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación del ejercicio 2025 para que las autonomías no pierdan diez millones de euros. «Si el Gobierno quisiera, podría subir ya las pensiones», señalan fuentes del PP, que ponen esta vía como ejemplo, aunque entienden que lo más rápido sería la aprobación en Consejo de Ministros de nuevos decretos individuales que no contengan ninguna de las medidas que llevaron a PP, Vox y Junts a votar en contra.

«Si traen el decreto limpio, lo aprobamos hoy mismo», aseguraba una persona de la dirección nacional del PP, donde siguen sin salir del asombro por lo ocurrido. Sobre todo, por ese intento de culpar a la oposición de su propia incapacidad para armar una mayoría en el Congreso. «Lo único que quiere el Gobierno es enturbiar el ambiente y engañar a los pensionistas. Lamentablemente, los está utilizando como escudos humanos y para nosotros son sagrados. Esto es algo inadmisible y mezquino. Es inmoral. No se les puede utilizar como rehenes. Nosotros decimos sí a la subida de las pensiones y no a regalar privilegios a los aliados parlamentarios; decimos sí a la bajada del transporte y no a la subida del IVA de los alimentos; decimos sí a Valencia y no a la ocupación. Si Sánchez quiere, tiene nuestras medidas registradas ya en la cámara y las podemos aprobar ya», explicó este jueves Alberto Núñez Feijóo durante una visita a Fitur en la que visitó diferentes puestos y compartió charla con algunos barones autonómicos.

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Uno de ellos confesaba a ABC que la situación es límite y que la legislatura no tiene recorrido. «Tienen demasiado miedo a los catalanes», explicaba en referencia al cuidado manifiesto del Gobierno en apuntar solo al PP y a Vox y no tanto a Junts, el socio de investidura más díscolo. El que mantiene a Pedro Sánchez contra las cuerdas y que, por cierto, le insta también a llevar al Congreso sendos decretos con la revalorización de las pensiones y la bonificación del transporte público. Su portavoz en la Cámara Baja, ya en el fragor del debate parlamentario, Míriam Nogueras, le espetó al presidente que su partido apoya las dos cosas.

Este jueves, lo repitió el prófugo Carles Puigdemont en sus redes sociales y su secretario general, Jordi Turull, en una entrevista en 3Cat recogida por Ep. De hecho, Turull afirmó que si el Gobierno no aprueba estas medidas «en las próximas horas», apuntando a un Consejo de Ministros extraordinario que se resiste a convocar, Junts presentará sus propias propuestas en el Congreso para sacudirse de encima el «chantaje emocional» al que, según este grupo, les somete el Ejecutivo. En enero del año pasado, en otro decreto ómnibus en el que Junts se abstuvo, la vicepresidenta María Jesús Montero le prometió a los neoconvergentes que no volvería a suceder algo así, según explicó Turull, que desveló que el lunes, dos días antes de la sonora derrota de la Moncloa, le trasladaron al PSOE que si presentaba esas dos cuestiones por separado, tendrían su respaldo.

Pero la contemporización de la Moncloa, que parece esperar a que la ciudadanía note las consecuencias de la derogación de sus medidas antes de rescatarlas, tampoco convence a sus aliados de izquierdas. Ni siquiera a su socio de coalición, Sumar, que si bien evita la crítica directa al PSOE, deja claro que la prioridad debe ser volver a poner en pie el escudo social del que tanto presumen. «Lo que se debe hacer es garantizar que las medidas se retomen lo antes posible. Para ello, es indispensable que se negocie con insistencia y tratemos de aprobarlas cuanto antes. Los intereses de la gente deben estar por delante de todo», subrayan fuentes del partido consultadas por este diario.

ERC, Bildu y Podemos, aunque con matices, también se muestran partidarios de que se apruebe un decreto «urgente» (o varios) que recupere las medidas sociales decaídas. Los republicanos y los aberzales culpan al PP y a Junts de lo sucedido, en eso coinciden, pero piden al Gobierno que apruebe todos los decretos que sean necesarios para que se salven el mayor número de ayudas posible «sin las excusas», dicen, que pone la derecha.

«Que el PSOE apruebe decretos por separado. Si hace falta que estemos toda una tarde votándolo todo, que todo el mundo quede retratado», comentan a este diario desde ERC. «Nos comprometemos a trabajar sin descanso para que todas las medidas del decreto social se aprueben lo antes posible», agregan fuentes de Bildu. Los aberzales lanzaron un comunicado de prensa en el que tacharon de «irresponsabilidad» la posición de PP, Vox y Junts en el decreto ómnibus y sumaron también al PNV por contribuir también, junto a los tres anteriores, a tumbar el gravamen energético. «No se daña al Gobierno, se daña a la gente», dicen, y piden que el Ejecutivo lleve a votación no solo la revalorización de las pensiones y la bonificación del transporte público, asuntos cuya convalidación estaría garantizada si el Gobierno los somete a votación sin añadidos, sino también la prohibición de desahucios a familias vulnerables y el aumento del salario mínimo interprofesional, entre otras cosas.

Podemos urge directamente a aprobar un «decreto urgente» y «a la mayor brevedad» para evitar «el gravísimo daño social» que supondría que decaigan dos temas específicos: la bonificación del transporte público y la prórroga de la suspensión de los desahucios en precario. «No se entendería que un Gobierno que se dice progresista dejara caer el escudo social que protege a los más vulnerables», dicen desde el partido de Ione Belarra.

El Gobierno puede aprobar uno o varios decretos distintos para recuperar las medidas sociales, que volverían a estar en vigor de forma inmediata, aunque deberían recibir el visto bueno del Congreso en el plazo de un mes, pero está por ver si opta por dejar pasar el tiempo para que los ciudadanos noten los efectos de la derogación de su paquete ómnibus. La Moncloa ya ha encontrado un culpable: el PP.