El Gobierno deja en vilo 22 millones de nóminas y 12 millones de pensiones

A este colectivo se suman los 20 millones largos de trabajadores –empleados de plantilla y autónomos–; así como otros 1,8 millones de desempleados que cobran el paro cada mes. A todos ellos, sus pagadores les debían aplicar desde el 1 de enero el incremento de cotizaciones sociales vinculado al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) o a la cuota de solidaridad, a quienes más ganan. Para desenmarañar todas las dudas, la alternativa legal más rápida pasaría por un nuevo decreto del Gobierno que entraría en vigor inmediatamente y que PP y Junts ya han dicho que apoyarían después en el Congreso.

Una de las cuestiones que más desapercibida ha pasado, pero que está provocando un quebradero de cabeza en departamentos de recursos humanos y gestorías, es el cambio en todas las cotizaciones sociales. A estas alturas del mes, la mayor parte de los negocios ya han preparado el pago de las nóminas, que se suele realizar a finales de enero o principios de febrero. A ese sueldo se le habrá aplicado una cotización extraordinaria(MEI) que se corresponde con el 0,8% del salario bruto del trabajador: un 0,13% lo asume el empleado y el otro 0,67%, el empresario. Por poner un ejemplo, si se cobran 1.200 euros al mes, esa nómina incluirá un recorte de 9,5 euros.

Pero, al igual que ocurre con las pensiones, en el caso de la nómina de febrero las empresas no saben a qué criterio atenerse: si aplicar de nuevo el MEI, una vez que el decreto que lo regula ya no está en vigor; o volver a los porcentajes del año pasado, con el consiguiente cambio en el siguiente sueldo a cobrar. Además, esta medida también impacta en el abono de la prestación por desempleo, a la que se encuentran acogidos 1,8 millones de parados según los últimos datos del Ministerio de Trabajo.

Ocurre un tanto de lo mismo con quienes ganan más dinero. A los sueldos superiores a 4.495 euros al mes, la Seguridad Social les aplicaba desde enero la 'cuota de solidaridad', un recargo del 1% sobre el salario que supere el límite establecido por ley. En febrero, sus nóminas quedan a expensas de lo que decida el Ejecutivo. También dentro de un mes habrá que ver si el destope de cotizaciones de los sueldos más elevados se aplica o se les vuelve a la situación de diciembre.

Para aclarar el limbo en el que se han quedado quienes cobran el salario mínimo interprofesional (SMI), el Ministerio de Trabajo ha publicado un texto legal en el que prohíbe a las empresas contratar a un empleado con un sueldo inferior al SMI, hasta que el Ejecutivo apruebe el de 2025.

Casi diez millones de pensionistas conocerán en los próximos días lo que van a cobrar con la revalorización prevista de sus prestaciones, pero desconocen aún cuál será la cuantía que tengan en el siguiente pago, a finales de febrero. La actualización de las pensiones con arreglo a la inflación media de los últimos 12 meses, que es como lo marca el Pacto de Toledo, supone un incremento medio de 40 euros al mes para la pensión de jubilación, que pasará de los 1.441 actuales a los 1.481 euros.

Ese alza se verá reflejada en las cuentas bancarias de los pensionistas a partir de este viernes, que es el día en el que las primeras entidades financieras comienzan a abonar estas prestaciones a cuenta de la Seguridad Social. Pero el próximo mes podrían ver esa cuantía a la baja. Solo en el momento en que se apruebe de forma definitiva la norma que rige las pensiones públicas, se les ajustará a los pensionistas el importe (de más o de menos) con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Pero hasta entonces el desconcierto será generalizado.

De hecho, para rizar el rizo del desconcierto generado entre la población, buena parte de los jubilados están recibiendo durante estos días la habitual carta postal de la Seguridad Social en la que se les informa sobre la revalorización, el esfuerzo que realiza el Estado y el importe final a cobrar. Una comunicación que puede quedar en papel mojado momentáneamente si el Gobierno no adopta una medida rápida para actualizar las prestaciones antes de que finalice febrero.

Con permiso de las pensiones, muy polémica ha sido la suspensión de las ayudas al transporte público, medida que también tenía que quedar prorrogada en el pleno del miércoles, al menos hasta el 31 de junio, fecha en que iba a entrar en vigor el nuevo esquema de bonificaciones. A la espera de que el Gobierno resuelva el entuerto, por el momento desaparecen los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y de las líneas de autobús estatal, así como los descuentos del 50% para las tarjetas multiviaje de los trenes Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45) y las ayudas directas (de un 30%) a las comunidades autónomas y entidades locales para asegurar descuentos de al menos el 50% en los transportes que son de su competencia.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se aplica un descuento del 60%. Gracias a esta medida, hasta ahora los usuarios venían pagando 21,80 euros por un abono mensual para la zona A (centro), billete que sin el descuento debería costar 54,60 euros. Para un Abono de la Zona E2, por su parte, el precio bonificado son 52,70 euros y no los 131,80 que costaría sin la subvención.

En la mayoría de los casos la rebaja del 50% está garantizada hasta finales de mes, aunque cada comunidad ha decidido una opción. Junto a Madrid, Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón y Andalucía mantienen las ayudas, al menos durante unos días. El resto han aplicado modificaciones para una medida que le ha costado al erario público 3.500 millones desde finales de 2022.