El PP propone una ley 'antitezanos' para «devolver el prestigio» al CIS

El Partido Popular quiere acabar con esta situación y ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con la que el centro sociológico recupere «los principios de objetividad y neutralidad en su actuación, igualdad de acceso a sus datos y respeto al secreto estadístico y a los derechos de los ciudadanos». No es la primera vez que los populares lanzan una ley 'antitezanos', la primera fue tumbada en el Congreso en su primer trámite en abril de 2023, y Alberto Núñez Feijóo también lo incluyó en su programa electoral para las elecciones generales del año pasado junto a otros organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La ley registrada por el PP de nuevo en el Congreso reconoce el «gran prestigio internacional» del que ha gozado el CIS durante años y lo achaca a que la institución hubiese quedado al margen de la contienda política. «Sin embargo, en estos últimos años el prestigio adquirido a lo largo de décadas se ha visto erosionado precisamente por el abandono de su independencia y la percepción de la sociedad sobre sus trabajos lo sitúan como un organismo meramente gubernamental», denuncia. Todo ello ha derivado en «una enorme desafección» sobre sus predicciones que el PP quiere corregir con una profunda reforma normativa que «devuelva la confianza entre la sociedad española, el prestigio a la institución y que refuerce los mecanismos que garanticen su independencia y neutralidad».

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Todo ello es especialmente importante en los periodos electorales, remarcan desde la calle Génova, cuando el ciudadano debe decidir el sentido de su participación política «con absoluta libertad» y «sin interferencias de ningún poder público». Este es precisamente uno de los aspectos más criticados por la oposición, que acusan a Tezanos de intentar orientar el voto con sus sondeos. Él mismo reconoció hace dos meses en el Congreso que los barómetros del CIS tienen desviaciones a favor de los partidos de izquierdas, pero lo atribuyó a una tendencia de la sociedad española y no a su conocida 'cocina' con los datos obtenidos en las encuestas. Este es precisamente uno de los factores con los que quiere acabar el PP, que reclama que los estudios sobre intención de voto no incluyan estimación de sufragios ni proyección de escaños.

En cualquier caso, la mayor reforma que incluye la proposición de ley registrada por el PP afecta precisamente a la Presidencia del organismo. En aras de blindar la neutralidad del centro sociológico, reclama que al frente se sitúe a una persona elegida entre «catedráticos y profesionales de reconocido prestigio, preferentemente en el ámbito de la sociología o las ciencias políticas». Pero es más, pide que el presidente o presidenta no haya ocupado ningún cargo electo ni haya sido miembro del Gobierno durante los cinco años anteriores. Y que tampoco haya tenido puesto en ningún partido político, fundación dependiente de ellos o en una organización sindical o empresarial. «Valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio», remarca el PP.

Esto excluiría de facto a Tezanos, que formaba parte de la Ejecutiva Federal del PSOE como secretario de Estudios y Programas hasta que Pedro Sánchez le eligió para dirigir el CIS. «Tezanos pone el CIS al servicio de sus propios intereses y a los de Sánchez sin importarle acabar con la reputación de la institución», denunció el pasado mes la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, en la comisión de investigación impulsada en la Cámara Alta para, precisamente, investigar la deriva del organismo durante los últimos años de mandato socialista. El PP puso en marcha esta iniciativa el pasado mes de julio con el objetivo de «estudiar las desviaciones y el sesgo de las encuestas» que elabora el centro y por ella han pasado ya dos expresidentes del CIS y expertos y presidentes de otros centros sociológicos, como el de GAD3, Narciso Michavila; aunque aún faltan los 'platos fuertes' de las solicitudes de comparecencia registradas por los populares, como el propio Tezanos o el ministro Félix Bolaños.

La ley del PP propone que, cumpliendo las anteriores condiciones, el presidente sea nombrado por el Consejo de Ministros tras haber sido examinado y obtenido la idoneidad del Congreso de los Diputados. Pero además reclama la constitución de un Consejo Asesor formado por hasta once miembros que deberán cumplir las mismas condiciones que el presidente, esto es, no haber ocupado cargo político alguno en los últimos cinco años. Este órgano necesitaría de la mayoría absoluta del Congreso para salir adelante y tendría numerosas funciones para supervisar la independencia del centro, como ser informado de su actividad científica, proponer proyectos de investigación o supervisar el cuestionario tipo de los estudios de carácter político o electoral.