Sílvia Paneque, la portavoz de Illa en el Govern, condenada por una deuda con la Junta de Extremadura
La jueza considera probado que la consejera incumplió el contrato suscrito con una empresa pública
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![Sílvia Paneque, consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y actual portavoz del Govern de Salvador Illa en la Generalitat](https://s1.abcstatics.com/abc/www/multimedia/espana/2024/11/08/DAMBin(28)-RqJmb74Pu4n8WQItjCg2HMO-1200x840@diario_abc.jpg)
Sílvia Paneque, consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y actual portavoz del Govern de Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña, fue condenada en octubre 2019 por incumplir un contrato suscrito con una empresa pública dependiente de la Junta de Extremadura ... y fue condenada a pagar 10.715 euros. Una deuda que se saldó a última hora de este jueves, tras conocer que se iba a publicar esta información, a pesar de haber sido notificada la sentencia y la ejecución de la misma hace casi un mes.
Según la demanda interpuesta por la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (Sofiex) -en la actualidad conocida como Avante Extremadura, empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta-, Paneque y su expareja, Raúl Ángel Habela, incumplieron un contrato de compra venta de accionariado social de la empresa que ambos compartían -denominada Vinico y dedicada a la fabricación y otros derivados del corcho- con la citada Avante.
Según los demandantes, en marzo de 2010 -cuando Paneque todavía no era concejal en Gerona- las partes acordaron la entrada de la empresa pública en el accionariado social de Vinico mediante una ampliación de capital. Inversión que los dos denunciados se comprometían a devolver en los mismos términos en un plazo máximo de siete años. La alianza funcionó a la perfección durante aproximadamente dos años, momento en el que Paneque y su ahora exmarido dejaron de abonar la tasa de rentabilidad acordada en el contrato y que debían liquidar de manera anual en el mes de enero.
El primer aviso de la Junta, siempre a través de Avante, fue en verano de 2013, ya siendo líder del PSC de Gerona. El último se produjo mediante un burofax en 2014, antes de proceder finalmente a la demanda civil en febrero de 2016, con la que se daba por finalizada la relación y se reclamaba el pago de estas tasas impagadas además del valor de las acciones suscritas y que obligatoriamente debían devolver en 2017 o por el incumplimiento de alguna de las cláusulas, en este caso la del impago de la rentabilidad.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida sentenció a la actual portavoz del Govern catalán y a su expareja por incumplimiento de contrato en octubre de 2019, época en la que era la candidata socialista en el Ayuntamiento de Gerona, sentencia firme que les fue comunicada en 2020 y cuya ejecución quedó latente tras el acuerdo alcanzado por las partes con la Junta en un proceso paralelo por una póliza de crédito que los condenados también adeudaban a Avante.
Se trata, según la demanda consultada por ABC, de un préstamo de 30.000 euros que la empresa pública había concedido a Vinico y que los encausados también habían dejado de pagar, todo a consecuencia de la mala situación que atravesaba la empresa. En el pacto para llevar a cabo los pagos de ese préstamo, la Junta -entonces en manos del socialista Guillermo Fernández Vara- dejó la ejecución de la sentencia sin activar, aliviando la situación financiera de la que ahora es su compañera de partido y consejera y portavoz del ejecutivo de Illa en la Generalitat.
Con el cambio de gobierno en Extremadura, protagonizado por María Guardiola (PP), y la renovación de cargos en las empresas públicas, la nueva cúpula de Avante revisó los expedientes de morosidad y decidió reactivar la ejecución de la sentencia que había quedado latente desde 2020.
Presentó entonces una demanda ejecutiva para que el juzgado requiriera a los condenados el pago de la deuda, que con intereses asciende ya a 15.455,71 euros más las costas del proceso. Escrito que Avante registró con fecha de 26 de septiembre del año en curso y en el que pedía al Juzgado que, si hiciera falta, se «decrete el embargo del sueldo y/o cualesquiera de las retribuciones que percibe la demandada Sílvia Paneque», notificando para ello al Partido de los Socialistas de Cataluña y a la Generalitat.
Esta demanda derivó en un auto que obligaba a los condenados a formalizar en un mes -a contar desde el 10 de octubre- la compraventa de las participaciones sociales, tal y como se desprendía de la sentencia previa. En el auto, la magistrada Ana Belén Fernández advertía a Paneque y Habela de que «en caso de no cumplir con lo ordenado, se le podrán imponer multas pecuniarias o hacer apremios personales».
Asumió «verbalmente»
Tras conocer el auto de ejecución de la sentencia por ABC, la portavoz de la Generalitat aseguró que dio órdenes a su abogado para exigir a su exmarido el pago de la liquidación de la deuda con la Junta dentro del plazo legal, informa Daniel Tercero. Pago que efectuó Habela a última hora de este jueves, tras conocer que se iba a hacer pública esta información. Habela señaló a ABC que se arruinó con Vinico -de la que Paneque todavía tiene el 33% como socia- y que, en 2014, asumió «verbalmente» él «todas las deudas». Deudas que negociaba desde hace una semana con Avante.
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