El Parlamento vasco avala con los votos del PSE que los etarras participen en actos institucionales

«No es un debate sobre la legalidad, es meramente ético», ha afirmado Martínez desde la tribuna del Parlamento de Vitoria. Su propuesta venía motivada por la presencia este mismo año de dos etarras, Ainhoa Ozaeta y Gorka Vidal, en actos promovidos por instituciones públicas de la región. La primera, miembro de la cúpula de la organización terrorista, impartió tres meses después de cumplir una pena de 16 años de prisión una ponencia sobre el «bienestar de los vascos» en unas jornadas de la Universidad Pública del País Vasco (UPV).

En cuanto a Vidal, fue condenado a 22 años de cárcel implicado en el transporte de 536 kilos de explosivo y participó invitado por el sindicato LAB en unas exposiciones de las Juntas de Guipúzcoa y Álava como «experto fiscal». Una «afrenta y una ignominia» para las víctimas del terrorismo, según explica Vox en la redacción de la PNL llevada hoy al pleno ordinario celebrado en Vitoria.

«Normalización del terror», en palabras de Amaia Martínez, posible gracias a tres elementos: el blanqueamiento ejercido por el PNV sobre el impacto de ETA en el País Vasco, el tratamiento de los medios de comunicación a sus herederos (en referencia a EH Bildu) como un partido más del sistema y la acción de Sánchez al convertirles en socios imprescindibles de su mayoría parlamentaria. «Que un etarra pueda usar espacios de debate no es casual. Todo lo anterior es imprescindible», ha denunciado.

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Así bien, la iniciativa conminaba al Parlamento vasco a posicionarse en dos puntos. Mostrar su rechazo a que personas condenadas por su pertenencia a ETA participen como invitados en foros relacionados con las instituciones públicas vascas. Y el compromiso de los diputados regionales a no participar en ninguno organizado por la Cámara en el caso de contar éste con la presencia de una de estos individuos.

El PP, por medio de Laura Garrido Knorr que ha calificado de «insultante que quienes han amedrentado a la sociedad vasca quieran enseñar algo», se ha mostrado de acuerdo en el fondo de la PNL. Sin embargo, ha pedido la votación por puntos, dando el 'sí' al rechazo a la invitación de los etarras a los debates y absteniéndose en el segundo, explicando su posición en base a la imposibilidad de comprometerse a «lo que haga cada uno».

Un clavo al que se ha agarrado el PSE para justificar su 'no' al conjunto de la iniciativa. «Toda esa repugnancia por falta de arrepentimiento no nos va a expulsar de los debates. No lo vamos a hacer porque ganamos», ha afirmado la parlamentaria socialista Miren Gallastegui. Después de anunciar su negativa al no compartir «los términos» de la moción, ha hecho un alegato en favor del Estado de derecho y la democracia: «Los socialistas nos sentimos reconfortados porque en relación a todos los presos vascos se va a cumplir la ley y las resoluciones judiciales».

El PSOE ha facilitado en fechas recientes la rebaja de penas a los presos etarras, algo celebrado por el entorno de los condenados por terrorismo, y se ha posicionado en el Congreso de los Diputados en contra de prohibir que formen parte de las planchas electorales en próximos comicios. Además, es el PSE quien está a cargo desde antes de verano de la Administración Penitenciaria en el País Vasco y, por lo tanto, quien gestiona las progresiones de grado para los antiguos miembros de ETA. Unas que se han seguido produciendo desde que la socialista María Jesús San José asumiera la cartera de Justicia, que tiene asociada la competencia, sin mediar recursos de la Audiencia Nacional.

En puridad los socialistas han sido los únicos que han comparecido para exponer en sede parlamentaria su no a la medida. Ninguno de los otros partidos que han votado en contra ha subido a la tribuna a emitir declaración alguna. Una cuestión habitual, sobre todo en el caso del PNV que ha establecido un veto sobre Vox desde el inicio de la legislatura, al que ha excluido de cualquier ronda de contactos o negociaciones en temas diversos.

«Sería un escándalo que en un foro universitario o en una comisión institucional compareciera un violador o un maltratador. Pero el País Vasco es diferente. No vamos a cejar de denunciar la normalización del terror y de ETA y sus herederos. Solo buscamos el rechazo de esta cámara y un compromiso de los miembros de este Parlamento de aplicar un cordón sanitario a quienes invitan a comparecer a miembros de ETA», había reclamado Amaia Martínez antes de conocer el sentido de la votación.

Se trataba del último punto en el orden del día de una sesión que, a diferencia de este punto, sí ha logrado poner de acuerdo a partidos de distinto signo político. Es el caso de la iniciativa del PP para poner en marcha un relevo generacional en la caza, que ha contado además de con la participación en el debate del PNV y el PSE, con su apoyo a la medida.