El entorno proetarra de Bildu exige al PSOE que acelere la excarcelación de más de 140 presos de ETA

Por «leyes de excepción» entienden el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas o el no cómputo de las penas cumplidas en otros Estados de la UE como Francia. Y la petición va dirigida al PSE dado que, tras la formación del nuevo Gobierno vasco hace dos meses, son los socialistas quienes están al frente de la Consejería de Justicia, que tiene atribuida, entre otras, la competencia sobre la Administración Penitenciaria y, por tanto, la aprobación de los terceros grados o semilibertades a etarras que proponen las juntas de tratamiento de las tres prisiones vascas. Una responsabilidad que, hasta este verano, recaía sobre el PNV, a quien los colectivos de víctimas han reprochado en los últimos tiempos su laxitud a la hora de conceder estos beneficios penitenciarios.

Este martes, Sare afirmó en un comunicado que «podrían ser más de un centenar las personas presas quienes (...) podrían estar en régimen de semilibertad o incluso libertad condicional» y que la política de concesión de terceros grados (32 durante el último año, según este colectivo, seis de los cuales fueron suspendidos por la Audiencia Nacional) seguida hasta ahora ha sido «limitada» y «contenida». Algo que, según defienden, no tendría sentido «cuando el fin de la violencia se produjo hace más de 13 años. O cuando, en muchos casos, los hechos por los que estos presos cumplen condena ocurrieron en la década de los 90 del siglo pasado».

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Es por lo que piden al departamento vasco de Justicia, dirigido por la socialista María Jesús San José, una «actitud proactiva» y «búsqueda de soluciones creativas frente a leyes que -dicen- se enfrentan a la resocialización de determinadas personas presas y que deberían estar ya hace mucho tiempo derogadas». También, de forma más explícita que la aceleración de los terceros grados, la aprobación de los permisos ordinarios de dos días, al ser una competencia «exclusiva de la administración vasca».

Se trata de una de las papeletas más delicadas a la que tendrán que hacer frente los socialistas vascos en esta nueva legislatura autonómica, teniendo en cuenta la dependencia del PSOE de EH Bildu en el Congreso de los Diputados. Un partido al que Pedro Sánchez ha convertido en socio preferente y cuyos escaños fueron imprescindible en su investidura. Una realidad que reconocen las fuentes consultadas en la Consejería de Justicia, que emplazan al próximo mes de septiembre para conocer las líneas generales de su política en esta materia, aunque señalan: «En los centros penitenciarios vascos no hay colectivos, hay 1.500 personas reclusas con igual tratamiento, individualizado, como prevé la legislación española».

La propia María Jesús San José se comprometió en sus primeras intervenciones antes del parón veraniego a trabajar en «la construcción de espacios de encuentro y reivindicación de las víctimas», fijando en el «arrepentimiento» uno de los requisitos fundamentales a la hora de valorar los regímenes de semilibertad para los miembros de ETA que todavía cumplen condena. Cuestión que desde Sare se niegan a entrar a valorar preguntados por este periódico. La organización, que se presenta como una red ciudadana y que ha venido impulsando diferentes actos de apoyo a los «presos vascos» durante las fiestas veraniegas -este viernes hay convocada una manifestación con motivo de la Semana Grande de Bilbao- ha hecho público su recuento de presos, quienes se verían directamente beneficiados de cumplirse sus reclamaciones.

Un total de 142 en las prisiones del País Vasco y Navarra -donde la competencia sigue siendo estatal- más otros seis que estarían en Francia. Incluyen aquí a los que ya cumplen su pena en régimen de semilibertad y, además, otros 20 que pasan los fines de semana en su casa, en cumplimento del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Unos datos que coinciden casi a la perfección con los publicados el pasado mes de julio por el Observatorio de Vigilancia Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), cuyo recuento elevaba a 145 los etarras en prisiones en ambas comunidades autónomas. El decalaje de tres personas se debería a diferencias en el método de recuento o la concesión de libertades condicionales y cumplimientos de condenas entre julio y agosto de este año.