El Ayuntamiento de Bilbao gastó 135.000 euros en una red blockchain que no llegó a usarse

Gerard Bono

Bilbao

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18/03/2025
Actualizado a las 19:52h.

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El Ayuntamiento de Bilbao gastó en 2019 un total de 135.520 euros para desarrollar una red blockchain que no llegó a implantarse. El contrato, al que se postularon 14 empresas, recayó en Tecnalia, un centro de investigación y desarrollo tecnológico que forma parte de la 'Basque Research & Technology Alliance' (BRTA), un consorcio en el que figura como impulsor el propio Gobierno vasco.

El objeto del contrato, el «diseño y puesta en marcha de una red blockchain y aplicación informática para la gestión del registro electrónico de apoderamientos», no habría llegado a término. Así figura en una respuesta del propio Ejecutivo regional emitida hoy por la Mesa del Parlamento vasco, donde reconocen que tras esta prueba piloto, «no se han identificado nuevas demandas o casos de uso que justifiquen una continuidad en su desarrollo«.

Según esta misma, «el desarrollo se completó», pero el proyecto no llegó a ponerse en producción, «en buena parte, por la dificultad derivada de la falta de desarrollo reglamentario» de las leyes 39 y 40/2015 (del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público).

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Concretamente, el Gobierno vasco explica que el problema se encuentra en el enfoque que hace el 'Reglamento de actuación y funcionamiento deñ sector por público por medios electrónicos' sobre sistemas centralizados (lo contrario al blockchain, que es un sistema descentralizado). Esto generaría «cierta inseguridad jurídica» respecto a la aplicación directa de la tecnología, por lo que se «despriorizó» para su uso en el corto plazo.

La iniciativa, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Bilbao en la pasada legislatura, donde gobernaba el actual alcalde del PNV Juan Mari Aburto, formaba parte del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (PETIC) 2021-2024 del Sector Público vasco. Y consistía en el desarrollo de una tecnología 'blockchain' (cadena de bloques, por su traducción del inglés), dentro del apartado de los 'smart contracts' (contratos inteligentes), para la gestión de los registros electrónicos de apoderamientos.

Este trámite consiste en la cesión a terceros de la potestad para actuar en nombre de uno mismo frente a la Administración General del Estado. Algo que pretendía hacerse mediante el blockchain, la tecnología que está detrás de criptomonedas como el Bitcoin y que permite el registro autónomo de información en la red mediante mecanismos de encriptación. Algo que, más allá de las finanzas, ya se usa en muchas industrias, aunque su implantación en la administración pública española es limitada.