El País Vasco dedica más de tres millones de euros sólo al personal de sus «embajadas»

La aparente contradicción en la existencia de estos departamentos, que dependen directamente del gabinete de presidencia autonómico, fue resuelta por el Tribunal Constitucional en 1994. En su sentencia 165/1994 fundamentó sobre este conflicto competencial que no cabe identificar «toda actividad de proyección exterior con la materia de relaciones internacionales» que la Constitución Española reserva al Estado español. Cuestión que derivó en la apertura progresiva de delegaciones, después de la orientada hacia las instituciones europeas, en México, Argentina, Estados Unidos, Chile, Perú y Colombia –que se constituyen como una sola– y Francia.

Eso sí, la sentencia del TC excluyó a las comunidades autónomas de la capacidad para «concertar tratados con Estados soberanos y Organizaciones internacionales gubernamentales». Algo que, sin embargo, no impide al Gobierno vasco hacer afirmaciones como que mantiene «vías diplomáticas abiertas» en algunos casos, como en el de la respuesta recibida por este periódico al preguntar por la situación de los dos ciudadanos españoles, nacidos en Bilbao, acusados de «terrorismo» y «espionaje» sin pruebas y retenidos desde hace más de un mes por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En cuanto a las plantillas de las delegaciones, el número de sus trabajadores es variado. La más numerosa es la de Bruselas, donde, además de la delegada, Marta Marín Sánchez, en el cargo desde 2009 y con un salario de 86.613 euros anuales, cuenta con 7 técnicos, un administrativo y un auxiliar. La segunda, de acuerdo con la información facilitada por el Gobierno vasco en una respuesta parlamentaria al diputado del PP, Álvaro Gotxi, es la francesa. En ella, figuran además del delegado, cuatro técnicos superiores con salarios de 68.700 euros brutos anuales y un secretario que llega a los 48.846 euros. Todos ellos, contratados después de febrero de 2023, lo que ha supuesto un gasto total de 482.165,32 euros en sueldos desde entonces hasta octubre de este año.

Tras estas dos primeras, todas cuentan con el mismo número de empleados, tres más el alto cargo que encabeza la delegación, para llevar a cabo las tareas de representación exterior. La mexicana, cuenta con dos técnicos (con un salario máximo de 63.809 euros brutos anuales al cambio actual) y una secretaria. Dos de ellos contratados después de marzo de 2023. Mismos trabajadores para la establecida para la zona de Argentina-Mercosur, donde su delegada, Sara Pagola Aizpiri, tiene, a cargo de los presupuestos, un sueldo de 79.885 euros anuales.

No hay información sobre la delegación para Chile, Perú y Colombia. La respuesta del Gobierno vasco, presumiblemente debido a un error, facilita en su contestación los datos relativos a la destinada en Estados Unidos, también con dos técnicos y un administrativo. Esta última es de especial relevancia para el PNV, cuestión que demuestra la presencia a finales de agosto de Andoni Ortuzar, presidente del partido, en la Convención del Partido Demócrata que validó la candidatura de Kamala Harris para las inminentes elecciones estadounidenses. Su existencia es justificada por el Gobierno vasco por su importancia a la hora de tener «relaciones bilaterales» con el país o la «participación de Euskadi ante el sistema de Naciones Unidas» para implementar «la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y transición energética.