La número uno de Sumar por Las Palmas adjudicó 12,5 millones a una entidad que no rendía cuentas

Las contrataciones se realizaron por vía de emergencia en 2020 e implicaron ese desembolso hasta 2022 sin que en todo este tiempo y como marca la legislación, se haya licitado la gestión por vía ordinaria. Además, no consta auditoría oficial del uso que dio la fundación a los fondos pese a que era conocido el «lamentable» y «alarmante estado de deterioro» en que se encontraban esos centros.

También constaba que el banco donde tenían las cuentas, ante el trajín de retiradas de efectivo y operaciones no justificadas con esos fondos públicos, decidió cerrárselas. Pero abrieron otras en otra entidad y siguieron recibiendo el dinero.

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Laura Bautista

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Para la Fiscalía Anticorrupción, se trata de una «falta de control y seguimiento de los contratos tramitados de emergencia» que ha provocado como «consecuencia» lo que ahora, querella mediante, investiga el Juzgado de Instrucción número 7 de las Palmas: que cuatro directores y gestores de esos centros de menores pudieron destinar a «su enriquecimiento personal», lo que eran fondos para acogida.

La investigación de Anticorrupción arrancó el año pasado y culminó el 25 de mayo, cuando presentó una querella por administración desleal o malversación y falsedad documental. Se dirige contra la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que tiene sede en Madrid, así como contra los directores o exdirectores de dos centros en Gran Canaria (Guiniguada y Puerto Rico más Acorán) y de dos dispositivos de emergencia para menores no acompañados en Lanzarote (Demena Yaiza y Demena La Santa).

En todos los casos ha encontrado un patrón similar: más de la mitad del dinero público recibido sale de la cuenta en retiradas de efectivo y cargos con tarjeta en servicios de dudosa justificación. «Aprovecharon el grosero incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad de la gestión económica y administración de los Centros de Menores y ejecutaron innumerables y cuantiosas disposiciones en efectivo, traspasos a sus cuentas personales, pagos personales como un tratamiento de belleza con cargo a la tarjeta bancaria de los centros», dice el fiscal.

Ese cargo es de una de las directoras querelladas, María de los Ángeles Barroso. Exdirectora del centro de Guiniguada, fue alto cargo de Vox y concurrió por Unidos por Gran Canaria en las elecciones del 28M. Pagó con la tarjeta para gastos del centro de menores un «full face», un combinado de 6 tratamientos de estética por 1.500 euros, según la querella a la que tuvo acceso ABC.

Constan otros gastos suyos («mínimo de 6.353 euros») y del resto: desde chicles para dejar de fumar hasta pastillas para la disfunción eréctil, pasando por restaurantes, tabernas y precios de carburante tan abultados, que Anticorrupción sospecha que son falsos. Ha pedido al juzgado una auditoría exhaustiva de cada euro que Canarias dio a la fundación porque las cifras no cuadran.

En el caso de F. P., del Demena Puerto Rico, la diferencia entre el dinero recibido y el justificado supera los 18.000 euros, a ojos del fiscal. Entre el 26 de mayo y el 31 de diciembre de 2021 giró 20.288 euros en gasolina al centro Acorán, unos 99,2 euros diarios que dan para 1.200 kilómetros por jornada en una isla de poco más de 300 de perímetro.

Con los querellados de Lanzarote, E. D. y N. L., aprecia también que «existe una notable diferencia entre el dinero público recibido y el ingresado por la Fundación para los gastos de los centros», según recoge la querella. La Fiscalía apunta a gastos personales.

Mientras, Santana salía al paso de las sospechas sobre su gestión este martes en declaraciones a los medios. Aseguró que los contratos de emergencia pasaron «todos los filtros técnicos y legales» y tuvieron el aval de la Intervención porque era «una emergencia» y los servicios estaban «desmantelados».