Nueva versión de la ley de Secretos Oficiales: sólo el Gobierno podrá clasificar documentos

En concreto, la versión inicial del anteproyecto preveía que solo el Consejo de Ministros podría catalogar una información como secreta o de alto secreto, pero concedía el poder de clasificar, desclasificar y reclasificar documentación como confidencial o restringida a una larga lista de altos cargos. Además de al jefe del Gobierno, vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado y subsecretarios, a las autonomías con competencias en materia de policía, delegados y subdelegados del Gobierno, jefes de misión diplomática y oficinas consulares, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, los directores de Policía Nacional, Guardia Civil y CNI o los jefes del Estado Mayor del Ejército, de la Armada y del Aire.

La nueva versión elimina esta potestad y limita al presidente, vicepresidentes y ministros el poder de clasificar, reclasificar y desclasificar material como confidencial y restringido. Las autoridades que aparecían en la citada lista solo podrán «elevar propuestas» en esos tres sentidos, pero no tendrán la última palabra.

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Marta Martínez

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El Consejo de Estado se pronuncia sobre ello en su dictamen, al que ha tenido acceso ABC, y no se muestra del todo conforme. El órgano consultivo es partidario de restringir la facultad de proteger información exclusivamente al Consejo de Ministros, independientemente de la categoría de la clasificación «y sin posibilidad de que dicha competencia pueda ser delegada». En la misma línea, el Consejo de Estado también pide recortar la lista de autoridades que pueden proponer clasificaciones, reclasificaciones y desclasificaciones, al considerarla «excesiva y hasta anacrónica». «No tiene sentido que el jefe del Estado Mayor de la Defensa sea autoridad legitimada para formular propuestas de clasificación y al propio tiempo lo sean órganos formalmente subordinados como el jefe del Estado Mayor del Ejército, el jefe del Estado Mayor de la Armada o el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire», apunta este órgano.

En cuanto a los nuevos plazos de desclasificación automática, la anterior versión del anteproyecto establecía 50 años prorrogables por otros quince como tiempo máximo de clasificación para un documento catalogado como alto secreto y un tope de 40 años ampliable a otros diez en el caso de que se tratara de información secreta. La nueva redacción establece la desclasificación automática de material de alto secreto a los 45 años (cinco menos) extensibles a otros quince, que en el caso de documentos secretos se reduce a 35 años (acorta otro lustro), a los que se puede añadir una década más, hasta 45.

El dictamen del Consejo de Estado aplaude estos plazos al considerarlos homologables a los que tienen países de nuestro entorno y destaca que el anteproyecto «se adecúa» a los «estándares» europeos e internacionales en esta materia. «Garantiza la interoperabilidad entre el sistema de información clasificada español y los adoptados en el ámbito internacional y supranacional europeo por las organizaciones internacionales y supranacionales a las que España pertenece», recoge el informe.

Pese a ello, el Consejo de Estado advierte de que la redacción utilizada deja la puerta abierta a que se establezcan «varias prórrogas» y recomienda cambios para «garantizar que la prórroga es única». «Cualquier información clasificada puede ser objeto de nueva clasificación una vez vencido el plazo máximo de duración de su vigencia y de su prórroga, sin ninguna limitación», avisa el órgano consultivo, apuntando a una posible sustracción de información «de manera permanente» al conocimiento público. «Puede existir información que quede excluida 'sine die' del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos que consagra la Constitución», insiste.

Pese a las críticas que recibió el anteproyecto original por recortar el acceso del Congreso a información clasificada o imponer fuertes sanciones al uso de la misma por parte de los medios de comunicación, el Consejo de Estado avala la constitucionalidad de la reforma planteada por Presidencia. «El anteproyecto no suscita reparos desde la perspectiva de su constitucionalidad, ni desde el punto de vista de la incidencia que la regulación proyectada pueda tener sobre determinados derechos fundamentales», señala el dictamen del órgano consultivo, que hace referencia explícita al derecho a la libertad de expresión y al de acceso a la información pública.

Esta conclusión se produce después de que el Gobierno haya enviado el anteproyecto a numerosos órganos similares, como es preceptivo, para su mejora. Así, previamente al Consejo de Estado, se han pronunciado sobre el anteproyecto el Consejo Fiscal, la Secretaría General Técnica de los ministerios de Presidencia, Exteriores, Justicia, Defensa, Interior y Asuntos Económicos; ha realizado un informe competencial el departamento de Política Territorial y ha recibido la aprobación previa de Hacienda y Función Pública. También han emitido informes la Oficina de Calidad Normativa de Presidencia, la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Como consecuencia de todo ello, el anteproyecto original aprobado en Consejo de Ministros en agosto ha sufrido «modificaciones importantes», según confirman desde el ministerio promotor, tal y como hoy adelanta ABC. Quien no se ha pronunciado todavía es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque se espera que lo haga en los próximos días. El problema, según fuentes de Presidencia, es que el texto sobre el que están trabajando es el anteproyecto original, de modo que probablemente sus indicaciones hayan sido superadas. De todos modos, antes de someter el texto definitivo al Consejo de Ministros en segunda vuelta, el departamento de Félix Bolaños esperará a las indicaciones del CGPJ, que en su caso volverán a ser remitidas al Consejo de Estado.

Por otra parte, el texto prevé la creación de una nueva figura: una Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada con el fin de que se responsabilice «de la protección y tratamiento de la información clasificada, tanto de origen nacional como de la que se reciba de otros Estados u organizaciones internacionales». Y también «para el intercambio y protección mutua de la información clasificada en los términos previstos en los tratados internacionales».

En esta línea, las recomendaciones «esenciales» que el Consejo de Estado hace al Ministerio de la Presidencia sobre el anteproyecto son tres y, según fuentes de este departamento, todas ellas han sido aceptadas, por lo que la última versión está sujeta a más cambios.

La primera de ellas se refiere a quién puede recurrir una decisión de clasificación, reclasificación o desclasificación de información. La última versión del anteproyecto proponía que solo pudiera hacerlo la «persona directamente afectada», pero esta redacción mutará para que pueda hacerlo cualquiera que ostente «un derecho o interés legítimo», en línea con esas recomendaciones del Consejo de Estado. De la misma manera, Presidencia reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial para atribuir a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo una competencia nueva, la de requerir información clasificada sobre un proceso jurisdiccional a petición de un órgano judicial. El anteproyecto contemplaba esa competencia pero no la reforma de la ley del CGPJ y ésta ha sido solicitada por el Consejo de Estado.

Además, este periódico ha podido saber que Presidencia incluirá en la redacción definitiva una cláusula para que aquellas personas directamente afectadas o con interés profesional tengan preferencia en el acceso a información clasificada. «Se priorizará», aseguran esas fuentes a ABC, «la desclasificación de información que pudiera afectar a graves violaciones de derechos humanos». Esto abre la puerta a los periodistas y, en su caso, a los historiadores. El Ministerio de la Presidencia también se ha reunido con la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE). Por su parte, el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Juan Caño, dijo ayer a ABC que esta ley es «totalmente innecesaria».

En relación con los medios de comunicación y las asociaciones de periodistas, uno de los aspectos más criticados del anteproyecto original tiene que ver con el régimen sancionador. Así, las multas previstas son las siguientes: las infracciones leves, apercibimiento o multa de hasta 50.000 euros; las graves, multa de 50.001 a 800.000; y las infracciones muy graves, multa de 800.000 a 2,5 millones de euros. En este sentido, el Consejo de Estado señala que las sanciones previstas cumplen con la doble función preventiva y represiva, pero admite que «podría parecer excesivamente elevada, viniendo de una situación anterior en que no existía régimen sancionador alguno ni se consideró necesario para la protección de la defensa y seguridad del Estado».

Una vez que finalice el proceso de consultas tras la recepción del informe del CGPJ, el departamento que dirige Félix Bolaños enviará el texto al Consejo de Ministros para su aprobación en segunda vuelta. El siguiente paso será su remisión al Parlamento, aunque no parece fácil que se apruebe en esta legislatura teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones generales, previstas para el próximo mes de diciembre.