Los negocios del secesionismo: el pelotazo de Vendrell en Cabrera de Mar

El caso de corrupción urbanística lo investiga la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña y se refiere a las irregularidades cometidas para poner en marcha un proyecto que afectaba a una finca de Cabrera de Mar conocida como Villa Bugatti, utilizada entre otras cosas para eventos institucionales. Según el informe entregado al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, todo comenzó en mayo de 2019, cuando un estudio de arquitectos vinculado a Jordi Solé, socio de Vendrell, redactó una modificación puntual de la normativa urbanística que afectaba a esa área, que fue aprobada inicialmente en el pleno del 25 de febrero de 2020.

Esta aprobación se produjo a pesar de que el Plan General de Ordenación Urbana exigía que la modificación debía haberse realizado a través de un plan parcial que incluyese no sólo el sector en el que se encuentra Villa Bugatti, sino también el de Les Corts, lo que se subsanó de forma irregular con la supresión de un apartado de ese Plan General. En este sentido se pronunció la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona, que además recordó que la normativa urbanística modificada tenía menos de cinco años.

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Más sorprendente aún era que Villa Bugatti presentara irregularidades urbanísticas antes de la modificación puntual. Había construcciones ilegales y se hacían allí actividades no autorizadas, como fiestas a las que asistían autoridades de Cataluña. Estos hechos eran conocidos por el alcalde de esa localidad, Jordi Mir (Junts); el concejal de Urbanismo, Enric Mir; el arquitecto municipal, Ramon Vilà, el dueño de los terrenos, Patricio Chadwick, y el propio Xavier Vendrell, que era quien impulsaba la operación para sacar importantes beneficios económicos. Entre las pretensiones del arquitecto Jordi Solé estaba la de reducir los límites de la finca para legalizar los edificios ya construidos, sin conseguirlo.

Vendrell y Chadwick estaban muy preocupados porque a lo largo de 2020 habían acometido obras sin licencia y pensaban que el chef de Villa Bugatti, Toni Vallory, les podía «hacer una putada», dado que tenía pleno conocimiento de esas irregularidades. Para justificar esas obras y según el informe de la Guardia Civil, Solé pretendió recurrir a desperfectos provocados por un temporal con el visto bueno del concejal de Urbanismo y del arquitecto municipal, a pesar de que antes había redactado un informe sobre la imposibilidad de obtener una licencia de obra. De hecho, Villa Bugatti no disponía ni de licencia de obra ni de actividades puesto que, para tenerlas, había que cumplir unas condiciones que no se cumplían. En conversaciones intervenidas incorporadas al informe, el titular de Urbanismo afirma que «Villa Bugatti ha funcionado 'piratillamente' durante muchos años». Y en otra el alcalde advierte: «No está legalizado todo el tema de actividades... Está... así como en falso».

En agosto de 2020 la Oficina Técnica de Evaluación Ambiental devolvió el expediente de Villa Bugatti a pesar de los tres intentos que se hicieron desde el ayuntamiento para que se autorizase. Esa oficina argumentó que era obligatorio que el informe jurídico fuese redactado por el secretario municipal y de hecho Albert Mustarós, que ocupaba ese cargo, había advertido a los responsables políticos del consistorio que su dictamen era imprescindible y que no bastaba el emitido por un abogado externo.

El montante del negocio urbanístico no era menor. Vendrell y sus socios asumirían unos pagos de 4,9 millones de euros, a los que había que sumar un alquiler de 5.000 mensuales, lo que incluía la explotación de banquetes y la posibilidad de acometer una serie de obras, pero con la pretensión de que todo ese coste fuese asumido por la Fundación El Brot, controlada por el exconsejero de ERC y dedicada, en principio, a la educación de niños con dificultades. El Brot era utilizada para su objetivo de construir a su nombre un complejo educativo, cobrando además las subvenciones de la Generalitat correspondientes, y un hotel, adquiriendo también un derecho de superficie durante 30 años.

En todo caso, el objetivo final era que la propiedad de los terrenos revirtiese en una sociedad, Maresme Futur SL, creada con esa finalidad y cuyo máximo exponente era Vendrell. Con la modificación perseguida se buscaba, según la Guardia Civil, una revalorización económica que iba desde los 5.777.279 euros a los 11.737.537, con una plusvalía esperada de 1,8 millones.

El hotel proyectado estaba previsto que perteneciera a la cadena Smart Room y sería explotado por Tundra Group, si bien Vendrell participaba de la primera a través de una empresa, BEG Colombia, que tenía el 15 por ciento de la cadena. Para financiar la operación, Vendrell suscribió en Medellín un acuerdo de entendimiento con Joan Vila Planas que suponía el préstamo por parte de éste de 12,4 millones de dólares, que se canalizó a través de Barcelona Export Group 2012, controlada por el exconsejero de ERC. Tanto Vendrell, como Vila y Manuel Grau, del grupo Smart Room, ya tenían negocios en Colombia.

La forma de proceder con la modificación puntual de las normas urbanísticas que afectaban a Villa Bugatti, según los investigadores, no fue una excepción y de hecho el secretario del ayuntamiento, Albert Mustarós, advirtió al alcalde, al concejal de Urbanismo y al arquitecto municipal de que se estaban autorizando actuaciones sin su informe jurídico preceptivo. Además, alertó de que la externacionalización del servicio o la realización del mismo con funcionarios interinos no garantizaba objetividad ni imparcialidad, llegando a decirle al primer edil, Jordi Mir, que «el ayuntamiento se encontraba muy lejos de la legalidad» y que no es importante «en muchos sistemas clientelares».

Los inconvenientes que planteaba Mustarós dificultaron la tramitación de la modificación urbanística que afectaba a Villa Bugatti, que impidieron de forma definitiva las actuaciones judiciales de octubre de 2020. «Y ello –precisa el informe de la Guardia Civil– a pesar de que Xavier Vendrell aprovechó sus contactos políticos para obtener un trato de favor con el que agilizar los trámites» del proyecto.

«Así, solicitó y recibió ayuda» del entonces consejero catalán de Interior, Miquel Buch, para acceder al alcalde de Cabrera de Mar; de Josep Bargalló, consejero de Educación; de Chakir El Homrani, consejero de Trabajo; de Josep Ginesta, secretario general de Trabajo; de Josep González, sucesor de Bargalló; y de Pilar Contreras, directora general de ese departamento, entre otros cargos independentistas. «Ante la demora en la tramitación, tanto Xavier Vendrell como Jordi Solé calificaron de inútiles a los responsables municipales». La causa de Villa Bugatti llevó en 2020 a la detención del que fue consejero catalán de Educación Josep González-Cambray (ERC), acusado de un delito de tráfico de influencias por beneficiar presuntamente el proyecto de Vendrell.

Sobre la posibilidad de obtener un concierto educativo en Villa Bugatti a través de la Fundación El Brot, Xavier Vendrell afirmaba que disponía de «la aquiescencia del entonces 'conseller' Josep Bargalló». «De hecho, en las estimaciones de ingresos (…) se incorporaban los pagos delegados de la Generalitat, las subvenciones por monitores y otros gastos de funcionamiento sufragados con fondos públicos estimando unos ingresos totales entre 2020 y 2025 de 3.378.601,10 euros».

Sin embargo, la fundación no cumplía con los requisitos para cobrar las subvenciones, pues estaba autorizada para atender a alumnos con trastornos de aprendizaje leve, pero no a los que tenían problemas más graves, a pesar de lo cual cobraba las subvenciones. Entre 2017 y 2022 recibió más de 2,5 millones de euros pese a que no cumplía los requisitos legales.

Vendrell intentó beneficiarse de la ley de amnistía también en este asunto, porque argumentaba que los fondos obtenidos eran para actividades relacionadas con el 'procés'. Anticorrupción se opuso a esa posibilidad, porque considera que lo que hay detrás es sólo un intento de enriquecimiento.