Miles de personas vuelven a las calles de Valencia contra la gestión de Carlos Mazón en la DANA

La protesta finalizó sin disturbios pese a la importante afluencia. Un considerable despliegue policial esperaba a los manifestantes, perimetrando la sede del Gobierno autonómico, en frente de la cual se leyó un manifiesto muy politizado contra Mazón y el sector privado, después de hacer un recuento de las 222 víctimas mortales de la riada.

En esta ocasión se unieron a la convocatoria marchas desde municipios de la zona cero como Alfafar, Benetúser o Paiporta. Vecinos de estas localidades también acudieron por su cuenta produciéndose un hecho curioso. Antes de llegar a la Plaza de la Virgen un pequeño grupo de esta zona adelantó a la cabecera oficial. «Somos los del barro, por eso nos han dejado pasar», afirmaron.

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Con la marcha oficialmente finalizada y los manifiestos ya leídos, seguía llegando afluencia a la Plaza de la Virgen, donde pasadas las ocho de la tarde se hacían sonar las alarmas que llegaron tarde aquel 29 de octubre a los móviles de los vecinos de las localidades más castigadas por la DANA. Era el colofón de una protesta en la que se pudieron ver banderas de España, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y otras con el escudo monárquico recortado, como las que se vieron en las algaradas de Ferraz contra la amnistía en noviembre.

Entre esas personas que llegaban al epicentro de la manifestación pasada ya la hora, las había que lloraban y llevaban velas y también las que cargaban botellas llenas de fango. Retumbaban aún los gritos de «dimissió», «asesino» y «Mazón, cobarde, siempre llegas tarde» a unos metros del Palau de la Generalitat cuando la Delegación del Gobierno estimaba en torno a 100.000 personas la participación.

La manifestación llega un mes después de que la ola de agua, fango, coches y escombros destruyera prácticamente un tercio de la provincia (ha habido intervenciones en 72 localidades). Al barro y las montoneras de coches siniestrados se une ahora el polvo en suspensión, que se nota en los ojos y la boca al caminar por la zona cero. Una situación de emergencia que persiste y para la que hay desplegados sobre el terreno 743 bomberos, 8.499 efectivos del Ejército y 800 voluntarios de Protección Civil de toda España, centrados en la desobstrucción del alcantarillado o la limpieza de la vía pública. También, en el ámbito de la seguridad ciudadana, 9.728 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, 292 policías locales y 130 efectivos de la Policía de la Generalitat. Además, continúan las labores de búsqueda de víctimas en la zona costera de Valencia, el lago de l'Albufera u otros grandes espacios como el barranco del Poyo.

Sin embargo, el nerviosismo de una población que ve pasar los días «como si fueran años» ha ido en aumento las últimas semanas. En el caso de municipios de la comarca de la Ribera Baja, los vecinos perciben cambios en las operaciones que han ralentizado las labores de recuperación y, por cercanía, cuestionan a alcaldes y concejales que en muchas ocasiones no tienen respuestas a sus preguntas. Es el caso de la extracción de los coches que todavía hay en cientos de garajes. Desde el lunes pasado, según confirman a ABC distintas fuentes, el Ejército dejó de entrar en estos habitáculos por el riesgo de intoxicación. El Ministerio de Defensa no ha explicado a qué se debe esta decisión al ser consultado por éste periódico. Tampoco descarta que haya militares afectados por los gases en los garajes.

La suspensión de esta actividad provocó una paralización de los trabajos de varios días, hasta que el jueves las empresas contratadas como «complemento» a las tareas por parte de la Diputación de Valencia y los bomberos volvieron a retomar la labor, adaptándose a las «dinámicas complejas» de logística y limpieza gestionadas por los Ayuntamientos. Así, son bomberos y trabajadores quienes entran en centenares de parkings de hasta 11 localidades (Paiporta, Alfafar, Catarroja, Aldaia, Llocnou de la Corona, Algemesí, Massanassa, Benetússer, Sedaví, Albal y Picaña) donde viven más de 200.000 personas. También particulares y comunidades de vecinos que toman la iniciativa, por ejemplo, contratando compañías privadas para adecentar sus edificios.

Con este ambiente de fondo llegó la manifestación contra Carlos Mazón, a quien también señaló el PSOE desde Sevilla, pidiendo su dimisión durante la celebración del 41 Congreso Federal. Distinta de la del 9 de noviembre, más visceral por la cercanía a la catástrofe, se centraba contra la Generalitat Valenciana, aunque también en las empresas: «Por no comprometer las ganancias del capital se puso en riesgo la vida de miles de trabajadores [...]. No se puede dejar en manos del capital la recuperación», denunciaba el manifiesto leído por los convocantes.