El descontento ciudadano mueve la manifestación en Valencia un mes después de la Dana

Hasta principios de esta semana eran estos últimos y miembros de las Fuerzas Armadas quienes trabajaban en la extracción de vehículos siniestrados introduciéndose en los garajes públicos. Según confirman diversas fuentes a ABC, su presencia se suspendió el lunes por una cuestión sanitaria, ante el peligro de exposición a gases tóxicos en estos habitáculos (algunos muy grandes y donde todavía hay centenares de carcasas de coches). Ha sido en ese lapso hasta el jueves cuando se han paralizado temporalmente los trabajos.

Desde el Ministerio de Defensa no explican la orden. Y, más allá de reconocer lesiones como fracturas en dedos o esguinces, tampoco responden a la pregunta de si hay miembros de las Fuerzas Armadas intoxicados. También consultada al respecto, la Delegación de Gobierno remite al mando único que ejerce la Consejería de Interior de la Generalitat Valenciana, afirmando que son ellos quienes identifican las necesidades y piden los efectivos necesarios para justificar la ausencia del Ejército. En respuesta, desde el nivel autonómico, fuentes de la Dirección Operativa niegan que haya habido ninguna orden que afecte a los militares en este sentido, dicen desconocerlo e insisten a la ciudadanía para que no baje a sótanos y garajes mientras los profesionales realizan tareas de limpieza.

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El hecho es que, desde este lunes, son bomberos y trabajadores de una serie de empresas contratadas por la Diputación de Valencia quienes entran en centenares de parkings de hasta 11 localidades (Paiporta, Alfafar, Catarroja, Aldaia, Llocnou de la Corona, Algemesí, Massanassa, Benetússer, Sedaví, Albal y Picaña) donde viven más de 200.000 personas. También particulares y comunidades de vecinos, que ven pasar los días «como si fueran años», y que toman la iniciativa, por ejemplo, contratando compañías privadas para adecentar sus edificios y bajos.

En estas localidades hay coches, escombros y desperfectos por la calle, comercios cerrados, garajes llenos de vehículos y lodo y cementerios de carcasas en lo que antes eran polideportivos. En el suelo y en el aire hay polvo, más visible en el segundo caso por las noches. «Cuando caminas mucho rato por aquí puedes notarlo en los ojos y en la boca. Se hace asqueroso tragar», dice una persona que todavía no ha salido de la zona cero desde el 29-O.

Una emergencia (con intervenciones en hasta 72 localidades) en la que hay desplegados sobre el terreno 743 bomberos, 8.499 efectivos del Ejército y 800 voluntarios de Protección Civil de toda España, centrados en la desobstrucción del alcantarillado o la limpieza de la vía pública. También, en el ámbito de la seguridad ciudadana, 9.728 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, 292 policías locales y 130 efectivos de la Policía de la Generalitat. Además, continúan las labores de búsqueda de víctimas en la zona costera de Valencia, el lago de l'Albufera u otros grandes espacios terrestres como el barranco del Poyo.

En la zona cero de la Ribera Baja, esta última semana, la fatiga de una parte de la ciudadanía por la lentitud en la recuperación se ha avivado con fenómenos como el parón en la limpieza de los garajes, que les lleva a cuestionar, por cercanía, a los representantes públicos del nivel local. Estos, en ocasiones, ni siquiera cuentan con información precisa para responder a muchas de las preguntas formuladas, lo que ha hecho elevar más si cabe el nivel de descontento con la Administración.

Un malestar de fondo con el que llega la manifestación convocada este sábado contra Mazón en la Plaza del Ayuntamiento. A diferencia de la del 9 de noviembre, se esperan marchas ciudadanas desde los municipios afectados más próximos al centro de Valencia, organizadas por asociaciones como Acció Cultural del País Valencià (Acción Cultural del País Valenciano), de corte catalanista, que ya promovió protestas en el día de ayer.