La Mesa del Congreso califica la ley de amnistía con el aval del letrado mayor y la oposición del PP

Este primer trámite permite que la ley de amnistía registrada por el PSOE inicie su recorrido parlamentario, donde los socialistas pretenden tramitarla de urgencia para enviarla al Senado cuanto antes. Allí, el PP ha maniobrado para ralentizarla lo máximo posible, con una reforma reglamentaria que permite a la Mesa de la Cámara Alta desentenderse de la celeridad marcada por el Congreso y emplear hasta dos meses —y no veinte días— en la revisión de la norma, antes de devolverla otra vez a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.

Vox ha anunciado que se querellará contra quien permita el debate de esta ley —incluidos los letrados—, que el PSOE tachaba de «claramente inconstitucional» hace unos meses, pero parece poco viable que el Senado tenga capacidad de torpedear su tramitación e impedir su aprobación. La Cámara Alta, no en vano, es de segunda lectura y no tiene las mismas competencias que el Congreso. En la reunión de la Mesa de la Cámara Baja, este martes, se ha evidenciado la fuerte discrepancia sobre este asunto —que marcará la legislatura irremediablemente— al prolongarse la discusión durante más de una hora.

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Ana I. Sánchez

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Aparte de este tema, se ha aprobado el calendario, con la apertura solemne del Congreso el miércoles 29 y el inicio del periodo de sesiones el 12 de diciembre. Lo normal es que a partir de esa semana pueda ir a pleno la ley de amnistía, aunque la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, podría convocar un pleno anterior para acelerar aun más la toma en consideración de la proposición de ley. Este martes, PSOE y Sumar han ignorado las advertencias del PP —en la misma posición que mantenían los socialistas en 2021— y han avalado la tramitación.

Para ello ha sido clave el informe de los letrados, que desde hace semanas tienen nuevo jefe. El letrado mayor y secretario general del Congreso, Fernando Galindo, posee un marcado pasado socialista y procede directamente del Gobierno, donde ejercía de subsecretario en el gabinete de Isabel Rodríguez y antes de eso había sido director general en el Ministerio de Política Territorial. Con su firma ha bendecido la tramitación de la ley de amnistía, al alegar que no aprecia una «palmaria y evidente» inconstitucionalidad. El PP había pedido su recusación.

Uno de los requisitos para que la Mesa pueda rechazar la mera calificación de una ley es, precisamente, que choque de manera evidente con la Constitución. En 2021, el antecesor de Galindo, Carlos Gutiérrez Vicén, sí consideró que la amnistía a los encausados del 'procés' era indudablemente inconstitucional porque suponía una suerte de indulto general, prohibido expresamente en el artículo 62 de la Carta Magna. Ahora, los letrados no creen que la proposición de ley del PSOE sea homologable a un indulto general y rechazan, por otra parte, que el órgano rector del Congreso se convierta en un examen previo de constitucionalidad de las leyes.

El PP y Vox ya han anunciado sendos escrito de reconsideración a la Mesa del Congreso en los que piden que revierta su decisión y acuerde la suspensión de la tramitación de la ley de amnistía hasta su inadmisión definitiva. Vox advierte de que la norma supondría: «La quiebra del Estado de derecho, la ruptura de la unidad nacional, el respeto a la igualdad de todos los españoles, así como suponer un ataque sin precedentes a la independencia del Poder Judicial y al principio de legalidad constitucional». «Aquello que hace dos años era claramente inconstitucional lo sigue siendo dos años después si no ha habido una modificación de la Constitución», ha dicho en rueda de prensa la secretaria general popular, Cuca Gamarra.

El PSOE, la parte socialista del Gobierno y Sánchez defendieron que la amnistía no tenía cabida en la Constitución hasta los resultados de las elecciones generales del 23 de julio, cuando se evidenció que, para repetir en el cargo, el jefe del Ejecutivo necesitaba el apoyo de Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont. El PSOE suscribió sendos acuerdos con ERC y Junts en los que se comprometía a impulsar la ley de amnistía, a cambio de sus votos en la investidura, celebrada la semana pasada.