Marlaska se abona al escándalo

Una decisión «ilegal» que constituyó «desviación de poder». Esta fue la conclusión del Tribunal Supremo acerca del cese en 2020 del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ordenado por Marlaska. Ahora reincorporado como jefe de la Comandancia de Madrid, Pérez de los Cobos fue apartado de su cargo por, según defendió entonces Interior, una pérdida de confianza al no informar éste al Gobierno de las actuaciones del Instituto Armado.

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El contexto: en plena expansión de los contagios por coronavirus, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, permitió la celebración de la manifestación por el Día de la Mujer, algo por lo que fue investigado por un presunto delito de prevaricación en un juzgado de la capital y en cuyas pesquisas la Guardia Civil presentó informes sobre el conocimiento que en la Delegación del Gobierno había de las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del virus, entre las que estaba el distanciamiento social. En mayo de ese año, durante esta investigación, trascendió la destitución del coronel, declarada ilegal hace un año por el Alto Tribunal y obligando a su restitución. Las asociaciones de agentes pidieron sin éxito la destitución del ministro.

No ha sido el único revés de este órgano judicial a la gestión de Marlaska. El pasado mes de enero el Supremo también declaró ilegal la devolución de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos tras el salto a la valla que se produjo en el verano de 2021 y en el que alrededor de 12.000 personas entraron de forma ilegal en territorio español . Pero, en esta ocasión, la «absoluta inobservancia» de la ley de extranjería y la vulneración de los derechos a la integridad física y moral de los menores en el proceso de devolución no es que no supusiera la destitución del ministro, es que ni siquiera provocó un atisbo de autocrítica por parte de Interior. De hecho, el propio Marlaska enmendó la sentencia del Supremo al afirmar que la actuación de las autoridades se ajustó al ordenamiento jurídico.

No sólo órganos judiciales han puesto en duda la gestión del ministro del Interior. En febrero del año pasado, el Congreso reprobó la gestión de Marlaska a cuenta de la tragedia en la valla de Melilla, donde en junio de 2022 murieron al menos 23 personas —más de 70 según las ONG— y decenas resultaron heridas tras un nuevo salto masivo. Entonces, el voto a favor de ERC y las abstenciones de Bildu y el PNV, socios del Gobierno, permitían este reproche parlamentario impulsado por el PP.

Como demuestra lo anterior, los problemas migratorios han estado recurrentemente sobre la mesa del ministro. Marlaska se escudaba en la tendencia a la baja en el número de entradas irregulares. Hasta el año pasado, cuando España registró sus peores datos desde 2018 —64.298 personas, un 82 por ciento más que en 2022— y la segunda peor cifra de su historia. Además, a comienzos de este año, la crisis en el aeropuerto de Barajas se recrudeció, con cientos de inmigrantes viviendo en las salas de asilo y con una falta de seguridad e insalubridad para los agentes que ha llevado al ministerio de Trabajo a realizar una inspección en la zona. El informe todavía no ha trascendido.

Por otra parte, la gestión de este ministerio ha estado marcada por la dependencia de los sucesivos Gobiernos de Pedro Sánchez del independentismo vasco y catalán. A esto responden cuestiones como el acercamiento progresivo de los presos etarras al País Vasco, la laxitud con los homenajes a estos cuando salen de prisión o la incorporación de Bildu o ERC a la Comisión de Secretos Oficiales de un Estado que quieren destruir.