Lobato se enroca ante la crisis del PSOE por el caso ITV en Móstoles

El PSOE puede quedar bajo mínimos en la segunda ciudad más grande de la Comunidad de Madrid, por número de habitantes, si Posse, que mantiene su puesto como concejal y portavoz del principal grupo de la oposición, y cuatro de los concejales procesados que continúan en el ayuntamiento se niegan a dimitir y optan por pasarse al grupo de 'no adscritos' en el consistorio.

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La crisis del Partido Socialista estallaría en las manos de Lobato en uno de los municipios clave en la política regional y en el reparto de poder local y autonómico. En las últimas elecciones, en mayo del año pasado, el PSOE perdió el poder en Móstoles al quedar en segunda posición, por detrás del PP, con siete concejales de un total de 27, tres menos que en la legislatura anterior. Si Noelia Posse y los cuatro concejales actuales procesados dejan el partido, el PSOE solo tendría dos ediles en el ayuntamiento, menos que Vox, que cuenta con tres.

Los concejales socialistas actuales mencionados en el último auto de la juez son Noelia Posse, David Muñoz, Rebeca Prieto, Alejandro Martín y María Luisa Ruiz. Los otros tres concejales del PSOE que se incluyen en el auto, pero que ahora mismo no tienen representación municipal son Beatriz Benavides, Aitor Perlines y Dolores Triviño. A ellos se suma la que fuera concejal de Podemos Natividad Gómez.

Lobato se escuda en que será la Comisión de Garantías del PSOE la que tome «las decisiones que procedan» si se abre juicio oral a Posse y el resto de concejales. «Como dije hace dos años, hace uno, hace tres meses y ayer, en el momento en que se abra juicio oral a cualquier militante del Partido Socialista, sea quien sea, se trasladará de forma fulminante como procede a la Comisión de Garantías», y este órgano procederá de acuerdo a los estatutos y el código ético del partido.

El líder de los socialistas madrileños recalcó que se dará el paso cuando «reciban la notificación» del juicio oral, algo que este fin de semana pasado no le constaba que se hubiera producido. «Sí que se ha decidido el procedimiento abreviado, pero no ha habido que yo sepa auto de apertura de juicio oral».

Lobato evita en todo momento hablar de una posible expulsión del partido de Posse y los concejales, o de la exigencia de dimisión. Pero el código ético del PSOE es tajante al decir que «cualquier cargo público del PSOE al que se le abra juicio oral dimitirá de su cargo y solicitará la baja voluntaria». «En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido». Como se ve, las medidas son automáticas.

Pero a renglón seguido el mismo código ético prevé medidas disciplinarias aunque no se haya abierto juicio oral, para «los imputados por una resolución judicial», en atención a los hechos y a su gravedad. Es decir, que hay un componente clave de voluntad política a la hora de impulsar medidas disciplinarias, por la «gravedad» de los hechos, que Lobato se resiste a tomar de momento.