La ley de Universidades de Ayuso combatirá la politización y la endogamia

En la apertura del año académico en la Comunidad de Madrid, que se celebró en la Universidad Carlos III, una de las diez mejores de España, según destacó, la presidenta regional madrileña desmenuzó las líneas generales de una ley con la que pretende suprimir la politización que, a su juicio, está inherente en la ley sanchista, y de paso imprimir el sello propio de Madrid, que Ayuso identifica con la 'libertad'. Este curso se abre con más de 315.000 alumnos de grado, de máster y de doctorado.

En la ley madrileña hay una apuesta explícita «por la libertad de pensamiento, expresión y de cátedra, por la colaboración público-privada, la autonomía universitaria, por la transparencia, la pluralidad, la convivencia y el decoro de la vida universitaria». «Y por la calidad», remarcó Ayuso.

Por ahora se está trabajando con un borrador o guión de ley, que está en el trámite de consulta pública previa. Cuando el Gobierno regional escuche «a todos», tendrá ya listo un primer texto para empezar a trabajar. Por ahora, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha compartido en varias reuniones con los rectores sus primeras ideas y objetivos. Cuando el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de ley, se remitirá a la Asamblea, donde la mayoría absoluta del PP garantiza que saldrá adelante, sin necesidad de negociar nada con la oposición.

En la ley se tomarán medidas para combatir la endogamia y para favorecer la llegada de profesiones de otras regiones y países, especialmente Hispanoamérica, «con seguridad jurídica y evitando la hiperregulación».

Ayuso fue especialmente rotunda, durante su intervención en el acto de apertura del curso académico, al subrayar que es necesario luchar «contra la politización de las instituciones». Recordó que la ley orgánica del Sistema Universitaria (LOSU), de 2023, «eliminó el requisito de ser catedrático para optar al cargo de rector».

En el ejercicio de sus competencias, la Comunidad de Madrid, a través de la nueva ley autonómica, buscará «recuperar el prestigio y la excelencia en el gobierno de las universidades», y por eso propondrá que los candidatos a rector «estén al menos acreditados para ser catedráticos».

El Gobierno de Ayuso «seguirá apoyando a las universidades públicas madrileñas», y también a otras instituciones educativas «innovadoras, potentes y dinámicas» como las escuelas de negocios, que por primera vez tendrán una regulación específica con la nueva ley.

Habrá medidas para reforzar la exigencia. Ayuso dio alguna pista. Su intención es que en todos los grados universitarios, los estudiantes reciban formación integral y que, además, estén en la actualidad.

Además, se potenciará el sistema dual, un «gran éxito de la Comunidad de Madrid que se ha replicado luego en toda España», según explicó. Ayuso, para quien las prácticas son el gran reto. «Queremos asegurar que ningún alumno se quede sin ellas. Se potenciará todo aquello que ayude a conectar la universidad con el mundo profesional».

La presidenta quiere consolidar la Comunidad como la región capital de los estudios superiores en español y por eso este será el primer curso en el que los estudiantes hispanoamericanos paguen la misma matrícula que los españoles y el resto de universitarios comunitarios.

Respecto a las becas, Ayuso aseguró que se multiplicarán para garantizar la igualdad de oportunidades y para que ningún alumno deje de estudios por motivos económicos. Este curso, la partidas de becas socioeconómicas universitarias se ha duplicado hasta los seis millones de euros, puntualizó la presidenta.

Según explicó Ayuso ayer, la ley abordará el reto de la financiación. Será un modelo plurianual, revisable cada cinco años, con una financiación básica para el normal funcionamiento de la universidad, una financiación por necesidades singulares y una tercera aportación por objetivos, que sería adicional, opcional y competitiva.

La presidenta destacó que la promoción de la investigación de alto nivel y la ciencia deben ser una prioridad en la nueva ley, y citó en concreto sectores como la industria aeroespacial, la personalización y prevención en salud, cuidados paliativos, materiales semiconductores, inteligencia artificial, o valorización energética.

Como medidas concretas que se prevén en la ley se incluye la captación de financiación pública y privada, buscando nuevas fórmulas y proyectos europeos, dotación de herramientas para dinamizar los equipos de investigadores, el fomento de la trasferencia de resultados a la sociedad a través de la generación de patentes licenciadas a la industria, o de empresas 'start-ups', el incentivo de la internacionalización de la universidad a través de la presencia en proyectos, redes, o publicaciones científicas de alto nivel y la reducción del exceso de burocracia.